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Por E'a
De las varias razones que comprueban, de forma evidente, que todo el proceso judicial contra los campesinos de Curuguaty por la masacre de junio del 2012 es nulo y que la sentencia emitida hoy en primera instancia no tiene validez, elegimos y citamos cuatro de las más sólidas:
1- No se investigó la muerte de los 11 campesinos
Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando.
2- Se realizó una acusación genérica de homicidio
La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar quién campesino mató a quién policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho –al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente inadmisible.
3- No se investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas
Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las tierras de Marinakue, días después de la masacre. Las denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad manifiesta de la investigación fiscal.
4- Las tierras son del Estado, no de propietarios privados
Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que la Finca Nº 9 de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, la que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004, el Estado paraguayo declaró esas 2000 hectáreas de interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una propiedad privada de terceros.
1- No se investigó la muerte de los 11 campesinos
Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando.
2- Se realizó una acusación genérica de homicidio
La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar quién campesino mató a quién policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho –al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente inadmisible.
3- No se investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas
Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las tierras de Marinakue, días después de la masacre. Las denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad manifiesta de la investigación fiscal.
4- Las tierras son del Estado, no de propietarios privados
Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que la Finca Nº 9 de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, la que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004, el Estado paraguayo declaró esas 2000 hectáreas de interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una propiedad privada de terceros.
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