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Por Rui Díaz
El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995 vinculado al respeto por los pueblos originarios. Empero, a la fecha no se han adoptado medidas eficaces a fin de garantizar la aplicación efectiva del mismo. De esta manera la falta de garantías, desconocimiento y distorsión manifestada en múltiples ocasiones por el Estado de Honduras ha dado lugar a un sinnúmero de conflictos socio-ambientales, despojos territoriales, persecución y asesinatos de dirigentes indígenas.
En relación al PROCEDIMIENTO APROPIADO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN al que obliga el Convenio 169, uno de los casos más emblemáticos se relaciona con la Ley de Propiedad, misma que fue aprobada el año 2004 sin haber sido consultada de forma apropiada con los pueblos indígenas y afrodescendientes, siendo producto de una imposición del Banco Mundial a través del Proyecto de Administración de Tierras (PATH). El Capítulo III de esta Ley permite la disolución de los títulos comunitarios emitidos por el Estado de Honduras y ha sido utilizada para fracturar los territorios comunitarios.
En Junio 2, 2016, previo a la participación del representante de las centrales obreras y dirigente de FESTAGRO, German Zepeda, ante la 105 Asamblea de la OIT, el Ministro de Trabajo de Honduras por intermediación del abogado Mario Villanueva le invitó a una reunión en la Embajada de Honduras en Ginebra, Suiza, donde se le externó la preocupación del gobierno de JOH ante la posible denuncia sustentada de la realidad de los pueblos indígenas y garífuna que podría llevar a la solicitud de una Misión de Contacto, para intervenir el país.
En ese orden de ideas, Zepeda hizo caso omiso de la preocupación gubernamental y ante la asamblea de la OIT señaló inicialmente que en Diciembre 18, 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre el caso “Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz versus el Estado Honduras”, donde señaló la violación al DERECHO A LA CONSULTA PREVIA en relación a la creación de área protegida y la creación de proyectos inconsultos de turismo. Igual sentencia se obtuvo en el caso de “Punta Piedra versus Estado de Honduras” donde la Corte también señaló la violación expresa al DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.
A continuación, Zepeda apuntó que existen casos en los que ni siquiera fueron socializados los proyectos, como por ejemplo: la aprobación de la construcción de la represa hidroeléctrica de Masca, el desconocimiento de la consulta comunitaria Garífuna sobre la Ley de Propiedad, la declaración inconsulta del área protegida en Cayos Cochinos, la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Patuca III e incluso la propuesta de anteproyecto de ley de consulta que ha excluido de forma deliberada a organizaciones indígenas y afrodescendientes representativas en el país.
De igual forma, Zepeda le recordó al pleno de la 105 Asamblea de la OIT, el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que es bastante claro en señalar la situación crítica a la que se enfrentan los pueblos originarios en Honduras, en cuanto a la falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales; la violencia, impunidad y corrupción y las dificultades en el acceso a la justicia e hizo alusión al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Marzo 3, 2016 que puso en evidencia ante el mundo la situación de persecución, criminalización y violencia contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
Subrayó que desde 2015 se notificó a la OIT a través del informe “Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Honduras: EL CASO DEL PUEBLO TOLUPAN”, la situación de riesgo en la que se encontraba la líder indígena BERTA CÁCERES, junto a acusaciones de violaciones a los derechos humanos de 13 tribus Tulipanes y otras comunidades Garífunas y Lencas y enumeraron los siguientes hechos relevantes:
· En Julio 18, 2015 fue asesinado el indígena ERASIO VIEDA PONCE, uno de los principales líderes indígenas en la lucha contra la entrega y explotación de bosques en territorios indígenas. Todas estas muertes están impunes.
· En Abril 5, 2015 fue asesinado de varias puñaladas el indígena LUIS REYES MARCÍA, esposo de VILMA CONSUELO SOTO quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber recibido amenazas de muerte debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la base indígena.
· En Marzo 15, 2016 fue asesinado el líder indígena NELSON GARCÍA, miembro de la comunidad de Río Chiquito y destacado dirigente indígena, miembro de la misma organización a la que pertenecía BERTA CÁCERES.
· En Agosto 25, 2013 fueron asesinados los indígenas MARIA ENRIQUETA MATUTE, ARMANDO FÚNEZ MEDINA y RICARDO SOTO FÚNEZ mientras que realizaban un control territorial para impedir la extracción ilegal de minerales en su territorio.
A los asesinatos anteriores se agrega el reciente asesinato de Lesbia Yaneth Urquía en Julio 6, 2016
En resumen, en los últimos 10 años más de 111 defensores del medio ambiente han sido asesinados por asumir su papel de defensa de las comunidades indígenas y garífunas.
Finalmente, el representante de las Centrales Obreras apuntó que el nivel de corrupción a gran escala que existe en Honduras hace imposible garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Existen graves acusaciones de corrupción policial en Honduras, con denuncias de estar ligados al sicariato, como lo demostró la captura de los supuestos asesinos de BERTA CÁCERES, entre los que se encuentran oficiales miembros y ex miembros del Ejército Nacional de Honduras, por lo que la mayoría de los compañeros y compañeras amenazados a muerte rechazan la protección del gobierno.
Asimismo, el sistema de justicia es inoperante o peor, opera de forma arbitraria a favor de intereses de las empresas extractivas, lo que hace imposible asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Como respuesta los graves señalamientos de German Zepeda, el Pleno de la OIT expresó preocupación ante la falta de progreso con respecto a la reglamentación necesaria de la consulta previa e instó al Gobierno de JOH a que asegure la aplicación del Convenio 169 en un clima de diálogo y entendimiento, libre de violencia y le reglamente sin demora, en consulta con los actores sociales.
Además, plantea que el requisito de la consulta a los pueblos indígenas sea llevado a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
En este marco, la OIT prepara la llegada a Honduras de una Comisión de Expertos, para examinar en su próxima reunión el progreso realizado por el gobierno de JOH para aplicar el Convenio 169 (en la legislación y la práctica) inclusive en lo que se refiere a la Ley General de Minería.
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