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| Foto Janeth Arango Botero |
Santos y sus proyectos para el agro colombiano
Por Jorge Enrique Robledo
Colombia tiene uno de los índices de concentración de la tierra y de pobreza rural más elevados del planeta y la tendencia se acentuará con los planes del actual gobierno, dice en esta nota el senador Jorge Enrique Robledo. La Rel reproduce sus principales pasajes.
El Censo Agropecuario confirmó lo sabido: que avergüenza la enorme pobreza y miseria rural, la gran concentración de la tierra y el escandaloso atraso tecnológico.
Más apena que confirme que Colombia tenga el peor modelo agrario del mundo, dado que el 70 por ciento de las tierras con potencialidad agrícola –sin contar la Altillanura– no se destina a la producción sino a la especulación inmobiliaria, como lotes de engorde.
A la par, se importa el 30 por ciento de los alimentos que se consumen, de acuerdo con la política de reemplazar a los productores nacionales por los extranjeros.
Como era obvio, ya salieron el presidente Juan Manuel Santos, los jefes de los partidos políticos tradicionales y los formadores de opinión neoliberales a darse sus consabidos y farisaicos golpes de pecho y a hacerse los locos, como si no fueran ellos los causantes de lo que pasa.
¿O no han respaldado o formado parte de todos los gobiernos, y en particular de los de 1990 hacia acá? Se sabe que estos personajes, lejos de corregir, seguirán en lo mismo y les echarán la culpa a los que sí producen, como campesinos o como empresarios.
De ahí que Santos ande manipulando las cifras del Censo, convirtiendo en ideal montar haciendas de decenas y centenares de miles de hectáreas y transformar en siervos del siglo XXI a campesinos empresarios comunes y corrientes, de acuerdo con el modelo de “sociedades” entre zorras y gallinas que Indupalma copió de Cargill, la mayor trasnacional agrícola del mundo.
Y le impone al país el TPP, otro TLC con los gringos, que exige golpear el azúcar y la panela, según el proyecto de decreto de los ministros Cárdenas, Álvarez e Iragorri.
La Unidad Nacional y el Centro Democrático ya aprobaron en la Cámara un proyecto de ley para crear unas zonas especiales, las zidres, el primer paso para despojar al campesinado del derecho que la Constitución les otorga en exclusividad sobre las tierras baldías del Estado colombiano.
Para ello, la ley en trámite establece que los baldíos no se entregarán en propiedad solo a pobres del campo, como dice hoy, sino en concesión hasta por 30 años renovables –a perpetuidad, realmente– a magnates nacionales o extranjeros y en cualquier extensión.
Necesitarán de una Corte Constitucional muy alcahueta para coronar tal viveza. Mientras esto ocurre, la Superintendencia de Notariado acosa con procesos jurídicos para quitarles las tierras a los llaneros tradicionales.
En el mismo momento en que el agro sufre por una profunda crisis y Santos recorta su escaso presupuesto en 48 por ciento, ¿cómo justificar que anuncie descomunales inversiones y subsidios para la Altillanura, una de las regiones más despobladas del país?
Más apena que confirme que Colombia tenga el peor modelo agrario del mundo, dado que el 70 por ciento de las tierras con potencialidad agrícola –sin contar la Altillanura– no se destina a la producción sino a la especulación inmobiliaria, como lotes de engorde.
A la par, se importa el 30 por ciento de los alimentos que se consumen, de acuerdo con la política de reemplazar a los productores nacionales por los extranjeros.
Como era obvio, ya salieron el presidente Juan Manuel Santos, los jefes de los partidos políticos tradicionales y los formadores de opinión neoliberales a darse sus consabidos y farisaicos golpes de pecho y a hacerse los locos, como si no fueran ellos los causantes de lo que pasa.
¿O no han respaldado o formado parte de todos los gobiernos, y en particular de los de 1990 hacia acá? Se sabe que estos personajes, lejos de corregir, seguirán en lo mismo y les echarán la culpa a los que sí producen, como campesinos o como empresarios.
De ahí que Santos ande manipulando las cifras del Censo, convirtiendo en ideal montar haciendas de decenas y centenares de miles de hectáreas y transformar en siervos del siglo XXI a campesinos empresarios comunes y corrientes, de acuerdo con el modelo de “sociedades” entre zorras y gallinas que Indupalma copió de Cargill, la mayor trasnacional agrícola del mundo.
Y le impone al país el TPP, otro TLC con los gringos, que exige golpear el azúcar y la panela, según el proyecto de decreto de los ministros Cárdenas, Álvarez e Iragorri.
La Unidad Nacional y el Centro Democrático ya aprobaron en la Cámara un proyecto de ley para crear unas zonas especiales, las zidres, el primer paso para despojar al campesinado del derecho que la Constitución les otorga en exclusividad sobre las tierras baldías del Estado colombiano.
Para ello, la ley en trámite establece que los baldíos no se entregarán en propiedad solo a pobres del campo, como dice hoy, sino en concesión hasta por 30 años renovables –a perpetuidad, realmente– a magnates nacionales o extranjeros y en cualquier extensión.
Necesitarán de una Corte Constitucional muy alcahueta para coronar tal viveza. Mientras esto ocurre, la Superintendencia de Notariado acosa con procesos jurídicos para quitarles las tierras a los llaneros tradicionales.
En el mismo momento en que el agro sufre por una profunda crisis y Santos recorta su escaso presupuesto en 48 por ciento, ¿cómo justificar que anuncie descomunales inversiones y subsidios para la Altillanura, una de las regiones más despobladas del país?
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