Por Plataforma Agraria
Este día fueron desalojados de manera violenta unas 50 familias de la Empresa Asociativa Campesina de Producción 9 de Julio, ubicada en el sector de las Huertas en Tutule, La Paz por miembros de la ejercito y la policía.
El desalojo fue ejecutado desde horas muy tempranas por miembros del ejército, hecho que dejó como saldo la captura de cuatro menores de edad y la madre de uno de ellos, además de la destrucción de sus casas, cultivos de café y maíz de más de 50 familias de esta empresa campesina.
Los menores con edades comprendidas entre los 10 y 15 años son Karen Salinas, Vivian Salinas y Gabriel Salinas. Con ellos también se encuentra una madre con su hijo de dos años de edad.
El pasado lunes 21 de septiembre en Marcala, La Paz, fueron puestos en libertad bajo medidas sustitutivas 15 campesinas y campesinos que estuvieron privados de libertad por más de dos meses en un centro penal de Marcala. Habían sido acusados del delito de usurpación de tierra.
De igual manera, militares y policías desalojaron de manera violenta a familias de la colonia Regalo de Dios, ubicada en Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. Ellos habitaban los predios desde hace varios años, utilizándolos para vivir y sembrar granos básicos para el sustento de sus familias.
El hecho dejó como resultado la muerte del menor Fernando José Castro Ramírez, de 16 años de edad, que según pobladores fue asesinado por los policías que dispararon sus armas de reglamento, por lo que exigen que se castigue a los responsables de este vil asesinato. Asimismo se capturó a nueve personas entre jóvenes, mujeres y hombres que fueron trasladados a la posta policial de Cortés.
Estos hechos se dan en un contexto donde el país se encuentra hundido en la miseria por la falta de voluntad política de solucionar el conflicto de tenencia de tierra y la sequía, situación que ha provocado crisis agraria y alimentaria en el país.
Cabe mencionar que el fiscal general Oscar Chinchilla se encuentra desarrollando un trabajo para el levantamiento de información de campesinos/as procesados por usurpación de tierra en las diferentes regiones del país, para la supuesta despenalización del delito de usurpación.
Sin embargo, en los últimos dos meses, se ha registrado un aumento de la persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes y lideresas campesinas en el departamento de La Paz, la región del Aguán y el Valle de Sula, donde se contabilizan más de 50 campesinos procesados.
La Plataforma Agraria del Valle de Sula condena las acciones violentas de policías y militares en contra de las familias que luchamos por el derecho al acceso a la tierra.
A la vez hacemos un llamados a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir.
El desalojo fue ejecutado desde horas muy tempranas por miembros del ejército, hecho que dejó como saldo la captura de cuatro menores de edad y la madre de uno de ellos, además de la destrucción de sus casas, cultivos de café y maíz de más de 50 familias de esta empresa campesina.
Los menores con edades comprendidas entre los 10 y 15 años son Karen Salinas, Vivian Salinas y Gabriel Salinas. Con ellos también se encuentra una madre con su hijo de dos años de edad.
El pasado lunes 21 de septiembre en Marcala, La Paz, fueron puestos en libertad bajo medidas sustitutivas 15 campesinas y campesinos que estuvieron privados de libertad por más de dos meses en un centro penal de Marcala. Habían sido acusados del delito de usurpación de tierra.
De igual manera, militares y policías desalojaron de manera violenta a familias de la colonia Regalo de Dios, ubicada en Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. Ellos habitaban los predios desde hace varios años, utilizándolos para vivir y sembrar granos básicos para el sustento de sus familias.
El hecho dejó como resultado la muerte del menor Fernando José Castro Ramírez, de 16 años de edad, que según pobladores fue asesinado por los policías que dispararon sus armas de reglamento, por lo que exigen que se castigue a los responsables de este vil asesinato. Asimismo se capturó a nueve personas entre jóvenes, mujeres y hombres que fueron trasladados a la posta policial de Cortés.
Estos hechos se dan en un contexto donde el país se encuentra hundido en la miseria por la falta de voluntad política de solucionar el conflicto de tenencia de tierra y la sequía, situación que ha provocado crisis agraria y alimentaria en el país.
Cabe mencionar que el fiscal general Oscar Chinchilla se encuentra desarrollando un trabajo para el levantamiento de información de campesinos/as procesados por usurpación de tierra en las diferentes regiones del país, para la supuesta despenalización del delito de usurpación.
Sin embargo, en los últimos dos meses, se ha registrado un aumento de la persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes y lideresas campesinas en el departamento de La Paz, la región del Aguán y el Valle de Sula, donde se contabilizan más de 50 campesinos procesados.
La Plataforma Agraria del Valle de Sula condena las acciones violentas de policías y militares en contra de las familias que luchamos por el derecho al acceso a la tierra.
A la vez hacemos un llamados a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir.
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