Por Ofraneh
El día de hoy amaneció la comunidad garifuna de Cristales, Trujillo, abarrotada de policías y militares, al mismo tiempo que la comunidad continúa con la toma del puente Cristales, protestando por la renuencia del alcalde José Antonio Laínez, para reunirse con la comunidad garífuna.
Los comuneros de Cristales exigen al Alcalde que aclare el destino de los fondos del proyecto denominado Barrio Modelo, además de suspender ante un sinnúmero de fallas técnicas la instalación de las pilas de oxidación contiguo a la escuela Socorro Sorrel, la revisión de la estructura del ya vencido puente sobre el río Cristales, y cesar de inmediato la apropiación de terrenos comunitarios impulsada por la implementación de las ZEDE (ciudades modelo).
Las comunidades garifunas de la bahía de Trujillo han padecido en los últimos años de una serie de violaciones a los derechos territoriales y humanos, producto de las especulaciones de bienes raíces a las que se han visto sometidos. Uno de los casos más graves fue la demolición de la comunidad de Río Negro, promovida por el empresario canadiense Randy Jorgensen -conocido cono el rey del Porno- el cual aliado con la Municipalidad de Trujillo y utilizando la amenaza de aplicar la Ley de Expropiación Forzosa, durante el sombrío período posterior al golpe de estado, destruyó a la comunidad garifuna más antigua en Honduras.
Además de la demolición de Río Negro, Randy Jorgensen ha sido llamado a rendir cuentas por la apropiación ilegal de tierras comunitarias para la construcción de un proyecto turísticos en las montañas al oeste de Trujillo, las que forman parte de la zona de amortiguamiento del Parque nacional de Capiro y Calentura.
Desde el pasado lunes 7 de septiembre, el alcalde Laínez ha rehuido reunirse con los miembros de la comunidad, sin que hasta el momento haya dado explicación alguna sobre su actitud. La Alcaldía de Trujillo ha sido señalada por el Tribunal Superior de Cuentas por una serie de irregularidades.
Las comunidad de Cristales indicó en su momento la oposición a la construcción de la pila de oxidación, indicando además que se violó el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), como lo señala el Convenio 169 dela OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Además las comunidades garifunas de la bahía de Trujillo se encuentra alerta ante la ampliación de la portuaria de Puerto Castilla, situación que implica el desalojo de parte de la comunidad, la que aparentemente pretenden reubicar en Plan Grande. Esta sería la tercera reubicación de los habitantes de Puerto Castilla.
Los habitantes de Cristales se muestran inquietos ante la militarización, ya que ellos han solicitado es un diálogo con el Alcalde Laínez, el que se ha rehusado y aparentemente está dispuesto a utilizar la violencia para neutralizar los reclamos.
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