Por Conexihon
La Coalición contra la Impunidad, integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se manifestó profundamente decepcionada por la propuesta realizada por el facilitador enviado por la Organización de Estados Americanas –OEA-, John Biehl, el día 11 de septiembre del presente año, la que entre otras cosas, plantea que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) realice una serie de diagnósticos y acciones que seguirán postergando la adopción de soluciones integrales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema de justicia en Honduras.
“Los problemas que afronta la sociedad hondureña son estructurales y, por tanto, requieren de soluciones que permitan desmontar las estructuras que favorecen la corrupción, violencia e impunidad y sabemos que los procesos de reforma de los sistemas de justicia, impulsados desde instituciones como CEJA, se han convertido en procesos legitimadores del orden establecido que no van al fondo de los problemas de corrupción y falta de independencia de las instituciones del sector justicia”, indicaron en un comunicado público.
A su criterio, la respuesta del gobierno, -según lo ha expresado Juan Orlando Hernández-, “fue tomada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, con lo cual se desnaturaliza totalmente el principio constitucional de división de poderes que debe regir en nuestro país”.
“En cualquier país que se precie de ser democrático, esta propuesta se hubiera debatido en el Consejo de Ministros y no en un ente de carácter militar y que desconoce la independencia que deben tener los poderes del Estado”, señalaron.
Del mismo modo, recordaron que “el pueblo hondureño ha manifestado su profundo rechazo a la corrupción, la violencia y la impunidad mediante protestas masivas desde el mes de abril de este año, a partir de haberse hecho públicos los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de los cuales se ha beneficiado el Partido Nacional y el actual presidente Juan Orlando Hernández”.
Exclusión del diálogo
“Las organizaciones críticas y de oposición de nuestro país han sido excluidas del diálogo nacional, el cual ha sido realizado con sectores afines al partido de gobierno, dejando fuera a las organizaciones que promueven los derechos humanos, reforma reales al sistema de justicia, los sindicatos, mujeres, movimientos campesinos, pueblos indígenas, movimientos estudiantiles, así como otros sectores movilizados en las protestas sociales que han demandado los cambios necesarios para el cese de la corrupción, la violencia e impunidad”.
Esa exclusión reiterada de las organizaciones “forma parte de una peligrosa tendencia emergente de reducción del espacio ganado por las mismas a través de muchos años de una trayectoria de exigencia de protección a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los sectores más vulnerabilizados del país. Paralelamente, se promueve desde los entres oficiales la promoción y apoyo evidente a organizaciones que adoptan posiciones abiertamente favorables al actual gobierno”.
Elección de la CSJ
Un claro ejemplo de esta tendencia representa el proceso de elección de los representantes de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora a la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo el 28 de agosto de este año.
“En este proceso el Estado hondureño, a través de la Secretaría, Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, favoreció la inscripción de organizaciones evangélicas con posiciones abiertamente afines al actual gobierno, excluyendo con los requisitos legales impuestos a decenas de organizaciones de base, situadas en el interior del país y cercenando la participación democrática a la que aspiramos en un Estado respetuoso y garante del derecho”, indicaron.
La elección de los magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia, es de vital importancia frente al estado de indefensión generalizada que estamos viviendo en el país, por lo que la Coalición contra la Impunidad reiteró su exigencia para que tanto la Junta Nominadora como el Congreso Nacional asuman su responsabilidad histórica y actúan con la debida transparencia y objetividad, sin burlarse nuevamente de las aspiraciones del pueblo hondureño de tener un verdadero acceso a una justicia independiente e imparcial.
Comisión Internacional contra la Impunidad
La organización señaló también que “a la luz de la experiencia de la crisis en curso en Guatemala ilustra entendemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) no es capaz, por sí sola, de generar los cambios políticos estructurales necesarias para la creación de un estado democrático, sin embargo, ha sido una herramienta novedosa que ha permitido desencadenar un proceso más de fortalecimiento del Estado de Derecho en su lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad”.
“Creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.
Finalmente, la Coalición exigió la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que coadyuve en la lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad en nuestro país y solicitaron el apoyo y solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, tanto Nacionales como Internacionales, para impulsar y consolidar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras –CICIH, como parte de un proceso de fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
A su criterio, la respuesta del gobierno, -según lo ha expresado Juan Orlando Hernández-, “fue tomada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, con lo cual se desnaturaliza totalmente el principio constitucional de división de poderes que debe regir en nuestro país”.
“En cualquier país que se precie de ser democrático, esta propuesta se hubiera debatido en el Consejo de Ministros y no en un ente de carácter militar y que desconoce la independencia que deben tener los poderes del Estado”, señalaron.
Del mismo modo, recordaron que “el pueblo hondureño ha manifestado su profundo rechazo a la corrupción, la violencia y la impunidad mediante protestas masivas desde el mes de abril de este año, a partir de haberse hecho públicos los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de los cuales se ha beneficiado el Partido Nacional y el actual presidente Juan Orlando Hernández”.
Exclusión del diálogo
“Las organizaciones críticas y de oposición de nuestro país han sido excluidas del diálogo nacional, el cual ha sido realizado con sectores afines al partido de gobierno, dejando fuera a las organizaciones que promueven los derechos humanos, reforma reales al sistema de justicia, los sindicatos, mujeres, movimientos campesinos, pueblos indígenas, movimientos estudiantiles, así como otros sectores movilizados en las protestas sociales que han demandado los cambios necesarios para el cese de la corrupción, la violencia e impunidad”.
Esa exclusión reiterada de las organizaciones “forma parte de una peligrosa tendencia emergente de reducción del espacio ganado por las mismas a través de muchos años de una trayectoria de exigencia de protección a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los sectores más vulnerabilizados del país. Paralelamente, se promueve desde los entres oficiales la promoción y apoyo evidente a organizaciones que adoptan posiciones abiertamente favorables al actual gobierno”.
Elección de la CSJ
Un claro ejemplo de esta tendencia representa el proceso de elección de los representantes de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora a la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo el 28 de agosto de este año.
“En este proceso el Estado hondureño, a través de la Secretaría, Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, favoreció la inscripción de organizaciones evangélicas con posiciones abiertamente afines al actual gobierno, excluyendo con los requisitos legales impuestos a decenas de organizaciones de base, situadas en el interior del país y cercenando la participación democrática a la que aspiramos en un Estado respetuoso y garante del derecho”, indicaron.
La elección de los magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia, es de vital importancia frente al estado de indefensión generalizada que estamos viviendo en el país, por lo que la Coalición contra la Impunidad reiteró su exigencia para que tanto la Junta Nominadora como el Congreso Nacional asuman su responsabilidad histórica y actúan con la debida transparencia y objetividad, sin burlarse nuevamente de las aspiraciones del pueblo hondureño de tener un verdadero acceso a una justicia independiente e imparcial.
Comisión Internacional contra la Impunidad
La organización señaló también que “a la luz de la experiencia de la crisis en curso en Guatemala ilustra entendemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) no es capaz, por sí sola, de generar los cambios políticos estructurales necesarias para la creación de un estado democrático, sin embargo, ha sido una herramienta novedosa que ha permitido desencadenar un proceso más de fortalecimiento del Estado de Derecho en su lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad”.
“Creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.
Finalmente, la Coalición exigió la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que coadyuve en la lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad en nuestro país y solicitaron el apoyo y solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, tanto Nacionales como Internacionales, para impulsar y consolidar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras –CICIH, como parte de un proceso de fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
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