Palma africana en Guatemala: Denuncias, demandas y un Estado sordo

Presidencia de Guatemala

Por Rodrigo Véliz | CMI Guatemala

Las denuncias en contra de algunas empresas palmeras por motivos ambientales y laborales no han cesado desde 2012. El caso de Repsa, en el río La Pasión, es sólo el último y el que más impacto mediático ha tenido, pero hay más casos. Pese a las denuncias, demandas y presiones internacionales, ni el Estado ni las empresas dan respuesta o muestras de darse por aludidos.

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Los vecinos dijeron que los peces del río estaban muriendo. Acusaban a la empresa palmera. Cuando hacía mucho sol y durante el verano, las viviendas se llenaban de moscas. La peor parte la llevaban los animales domésticos, cerdos y algunas vacas, decían. Las moscas les generan picazón, y el roce con la corteza de árboles o el suelo buscando alivio les provoca la caída del pelo. Algunos animales enferman ante las plagas, y las pérdidas afectan la dieta de los comunitarios de Ixcán, Quiché.

El olor también era un problema. La pestilencia de los desechos de la planta extractora de palma africana, agudizada por el calor de las tierras bajas, era insoportable cuando llegaba la noche.

Esa era la queja de los alcaldes auxiliares y los Comités de Desarrollo Comunitario (Cocode) de la microregión V del municipio de Ixcán, a inicios de diciembre de 2013. La denuncia es muy similar a los relatos que se escuchan año y medio después en el municipio de Sayaxché, Petén, donde la empresa Repsa es señalada por comunitarios y organizaciones ambientales de contaminación y de ser responsables del desastre ecológico ocurrido en el río La Pasión.

Los representantes de la microregión V dirigieron esta denuncia a la empresa Palmas del Ixcán, cuya planta extractora colinda con el río Jute, un afluente del río Chixoy. La empresa contestó con otra carta, 10 días después, el 13 de diciembre de 2013. En ella se lee textualmente: «Respecto al medio ambiente (moscas y río), reconocemos que hay un problema ocasionado por un accidente dentro de nuestras instalaciones de planta extractora».

Odilsar Cardona, encargado de asuntos laborales y administrativos de Palmas del Ixcán, reconoce, en una entrevista con CMI y Plaza Pública, que en efecto, tuvieron un problema. “Se reventó un tubo de aguas, y en el proceso se salieron los residuos. La intensa lluvia que cae por las noches en Ixcán hizo que esos residuos fueran arrastrados al río”. La respuesta de la empresa, asegura Cardona, fue inmediata. Ubicaron unos filtros para que, si volvía a ocurrir un rebalse, el agua residual al menos cayera filtrada. Dice que el problema duró “dos o tres días, máximo”. Asegura, con una voz firme que nunca más volvió a suceder algo similar.

En mayo de este año varios representantes de los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Ixcán, y Sayaxché, realizaron una conferencia pública en el centro de la ciudad de Guatemala. Su objetivo era solidarizarse con lo que pasaba en las comunidades de Sayaxché, y enfatizar lo contrario a lo que Cardona asegura: Los problemas de la producción y extracción de palma son iguales en todas las regiones. Y, en el caso de Ixcán, no han cambiado desde 2013.

“Nosotros dependemos de los ríos por la falta de agua entubada. Las plantas extractoras afectan desde 2013 en el río Limón, en el río Jute, en río San Ramón. En todos esos lugares hay muertes de peces y proliferación de moscas”, dijo Margarita Osorio, representante de organizaciones de mujeres de Alta Verapaz, durante la conferencia. Y el representante de Ixcán, donde se encuentra la extractora de Palmas del Ixcán, afirmó: “Así como se dio en Sayaxché, así se sigue dando en nuestra región. Hemos puesto denuncias a nivel local, departamental y nacional. En el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y en el de Ambiente. Y hasta ahora, no ha habido respuesta”. En el documento de 2013, las autoridades del Ixcán mencionaba el problema ambiental como uno entre otros de varios tipos: resaltaba sobre todo el laboral, y la incapacidad del Estado por hacer valer las leyes.

La primera visita del Ministerio de Trabajo

El 27 de febrero de 2012 en la delegación de San Benito, Petén, se reunieron inspectores de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, organizaciones campesinas, de derechos humanos, Cocodes de la región, y tres miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH). El objetivo era planificar una serie de visitas a las empresas de palma africana del municipio: Reforestadora de Palma (Repsa), Tikindustrias, Palmas del Ixcán, y Empresa Nacional Agroindustrial (Naisa).

La reunión se realizó en respuesta a una denuncia que algunas autoridades comunitarias realizaron ante el anterior Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, por un conflicto de derecho de paso. Las comunidades se quejaban de haber quedado sin acceso a las carreteras estatales. A su alrededor solamente queda palma. Miles de hectáreas de palma.

Las visitas se hicieron desde la mañana del día siguiente, el martes 28. A las 8.30 de la mañana salió la comitiva desde Sayaxché. Casi 50 minutos después, llegó a las comunidades Las Pacayas y Las Arenas, donde a unos metros se encuentra la empresa Tikindustrias, según quedó plasmado en los informes que redactó el Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg).

En otro informe de ese día, escrito por la inspectora de la IGT, Emma Castillo Barrera de Morataya, se detallan las violaciones de la empresa Tikindustrias al Código de Trabajo. De una lista de 38 aspectos a tomar en cuenta, Tikindustrias no cumplió con 20. Doce no aplicaban, cumpliendo solamente con seis: las instalaciones cuentan con ventilación, iluminación electricidad, pasillos despejados y extinguidores. Todos aspectos importantes en las oficinas de la empresa.

En los cultivos es otra la realidad. Allí los resultados no fueron positivos: Tikindustrias, según se lee en el informe, no cuenta con contratos individuales, constancias de pagos, libros de salarios, planillas del IGSS, reglamento interior de Trabajo, boleta de informe patronal, no se cumplen las jornadas de trabajo, el descanso semanal, no hay días de asueto, vacaciones, horas de lactancia, licencia por maternidad, se paga por debajo del salario mínimo, y no se reciben bonificaciones ni aguinaldo.

Esa fue la primera vez que el Ministerio de Trabajo visitaba la empresa para una inspección, según dejó dicho OACNUDH en el informe de la Condeg.

Tikindustrias se inscribió en el Registro Mercantil en 2004, y un año después se instaló en el municipio de Sayaxché, al norte de la Reserva Biológica San Román, y al sur de los sitios arqueológicos Dos Pilas y Aguateca, en la antigua finca El Arenal. Tikindustrias, según una investigación de ActionAid, es de los mismos dueños del Ingenio El Pilar, la familia Weissenberg (Campollo y Ossaye).

Las visitas al resto de empresas palmeras fueron frustradas. Ninguna de las tres restantes permitió que la comitiva ingresara, como consta en esta acta de la IGT para la empresa Palmas del Ixcán.

l gerente administrativo de la planta de Palmas del Ixcán en Sayaxché, Luis Oliva, acepta que en ese momento no se permitió el acceso de la autoridades, ya que no estaba presente el encargado, Odilsar Cardona, que también monitorea las otras productoras en Ixcán.

Por su parte, Cardona afirma que ellos no tienen ningún problema laboral. Que luego de esa frustrada visita se han realizado más por parte de la IGT. Y en cada informe se dice que todo el reglamento se cumple en Palmas del Ixcán, asegura. Ni Repsa ni Tikindustrias quisieron dar declaraciones para este reportaje.

El Estado de Guatemala corroboró esa información: luego de las visitas de febrero de 2012, según el gobierno las empresas demostraron cumplir con todos los derechos laborales. La delegación de la IGT en Petén afirmó que no podían dar información sobre esas visitas. Y la solicitud de información pública realizada ante el Ministerio de Trabajo no había sido respondida al momento de publicar este reportaje.

La Responsabilidad Social Empresarial, ¿sirve de algo?

Ninguna de las reiteradas denuncias laborales y ambientales ha logrado que las empresas palmeras sean sancionadas o que se haya sabido de alguna investigación en su contra. Ni el Estado ni alguna de las organizaciones a las que están asociadas, como el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (Centrarse) se han pronunciado sobre el tema.

Centrarse tiene conocimiento de los señalamientos que reciben estas empresas. Pero no hay nada que pueda hacer, responde Juan Pablo Morataya, gerente de dicha institución. “Las empresas se adhieren voluntariamente. Y se salen de la misma manera, de forma voluntaria. Lo que nosotros hacemos es dotar a las empresas de herramientas y proceso de gestión para sus prácticas empresariales. Se dan programas y apoyo de este tipo”.

Morataya explica que no tienen la capacidad de auditar, ya que serían juez y parte. También porque los socios de Centarse pagan cuotas para estar en ese espacio: desde US$550 por año hasta US$5,500, dependiendo de las ventas que registre la empresa. Al recibir estos fondos, sería difícil que Centarse auditara de manera imparcial. Lo único que Morataya reconoce es que las empresas que han salido lo han hecho debido a que Centrarse ve que no hay una verdadera voluntad de cumplir con los programas. Pero no da nombres ni números para corroborar.

Repsa nunca ha estado inscrita en Centarse, sólo su marca de consumo doméstico, aceites Olmeca, pero hace varios años salió de la institución. Morataya no da detalles ni razones, y Repsa no concede entrevistas desde que la crisis en el río La Pasión se hizo pública. Tikindustrias y Palmas del Ixcán sí pertenecen a Centarse; ésta última salió por varios años, y regresó en 2014.
El Estado que no habla, no oye, no se mueve

Las vistas de la IGT en febrero 2012 no solucionaron los problemas de los trabajadores, y ante la falta de respuestas, realizaron una movilización masiva: en mayo de ese año, salieron a las carreteras y detuvieron el tránsito del municipio para exigir soluciones a los problemas ambientales y laborales. Se calcula que más de 12 mil personas se encargaron de sostener la medida durante seis días.

La respuesta del gobierno de Otto Pérez Molina fue la misma que ha dado a otros conflictos sociales que han surgido o que permanecen en su gobierno: armaron una mesa de diálogo a través del Sistema Nacional de Diálogo (SND). Las mesas estaban compuestas por un representante para todas las empresas (el exministro de Energía y Minas, Luis Velásquez), representantes comunitarios y dos organizaciones regionales, además de su coordinador, Miguel Ángel Balcárcel.

El ejercicio duró tres sesiones a lo largo de un año, llenas de acuerdos y compromisos entre las partes, según consta en los memoriales de la Condeg. Para octubre de 2013 se firmó el que llamaron “Pacto de gobernabilidad y Desarrollo”.

Los firmantes eran el presidente de la Gremial de Palmas, Santiago Molina; el representante del SND, Balcárcel; el exministro de Trabajo (ahora presidente del Seguro Social), Carlos Contreras; el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop; la gobernadora de Petén, Aixa Aguirre, y el presidente Otto Pérez Molina.

No aparecía en ese pacto ningún representante de los trabajadores, de las autoridades comunitarias, o de las organizaciones que participaron por un año en las reuniones.

El Pacto tenía ejes de educación, salud, nutrición, infraestructura, agua y saneamiento, así como productividad y turismo. Los empresarios de la palma también donaron un terreno en Sayaxché al IGSS. El tema laboral, que motivó las movilizaciones, no fue abordado.

Según el abogado Saúl Paau, parte de las comunidades de Sayaxché, el pacto no ha traído mejoras. “Cómo va a tenerlo, si ni nos incluyeron en la firma”, dijo. El Estado, con ese documento, declaró que la problemática había terminado.

Pero no ha sido así. La problemática continúa. El caso del río La Pasión volvió a recordar las tareas pendientes. El recién nombrado Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, no respondió a las llamadas para consultarle sobre los avances y el caso Repsa. Su viceministro de Ambiente, Carlos Monterroso, dijo en entrevista que sobre el asunto de Repsa “nos enteramos desde el 29 de abril. Convocamos a instituciones, pero no se pudo contener el avance de la contaminación”. Y tras ser cuestionado sobre las escasa y poco efectivas medidas, señaló que “la gente cree que es sencillo, pero son procesos complejos”.

La delegación de la Inspectoría General de Trabajo en Petén no provee información sobre los casos, haciendo difícil monitorear la continuidad de las denuncias. En una memoria de su trabajo en Petén de 2013, un año después de las denuncias, se menciona que como parte del Plan Operativo Agro y 29-89, que incluye a empresas de palma, se visitaron, sin especificar, 90 empresas en Petén. De ellas, 69 no pagaban el salario mínimo y 17 no tramitaban a sus trabajadores con el Seguro Social. Las mismas demandas que los trabajadores de Sayaxché denunciaron en 2012.

El informe de la Inspectoría no registra si las prevenciones fueron cumplidas. Pero sí menciona que el Monto Verificado (la cantidad de dinero no pagada a los trabajadores por concepto de salario mínimo) alcanzó en esas inspecciones la cantidad de Q14.96 millones.

En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aseguran no tener la información de los afiliados según el rubro al que pertenece la empresa que contrata; pero . en la rama de agricultura de exportación, en 2011, sumaba 150,193 afiliados, cifra que cayó en 2013 a 141,358. El IGSS no cuenta con datos para 2014 y lo que va del 2015. El 21 de julio de este año, Alberto Brunori de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó los hallazgos de la oficina sobre la contaminación del río Polochic expuso que en junio la Oficina se entrevistó con el delegado departamental del Ministerio de Trabajo (MinTrab) quien les afirmó que ha habido un progresivo cumplimiento de las obligaciones laborales del sector palmero desde septiembre 2013. “Sin embargo, aún posterior a la fecha indicada, la Oficina ha seguido recibiendo numerosas denuncias de violaciones a derechos laborales En dichas denuncias se anexan actas recientes de la Inspección de Trabajo de procesos de conciliación por violación a derechos laborales”, expone el informe.

En el Congreso se escuchan voces similares. Manuel Barquín, diputado de Petén por el partido Lider, dijo que las empresas son un bien para el municipio, ya que generan miles de empleos permanentes. “Son centavitos que llegan a la economía doméstica”, terminó, con un dejo de ironía en sus palabras. Al consultarle sobre los casos y las denuncias contra las palmeras, Barquín no estaba enterado de las movilizaciones de 2012 ni de las mesas de diálogo de la población con el Ejecutivo; con el caso de La Pasión propuso instaurar un Estado de Sitio, e intentó desviar la responsabilidad de la empresa REPSA aduciendo que la contaminación podría venir del tráfico de reactivos para la producción de drogas.

La demanda que hizo todo visible

Las denuncias por abusos laborales y los paros de carreteras, trascendieron las fronteras nacionales. En noviembre de 2014, Estados Unidos decidió terminar con la espera que tenía para demandar al Estado de Guatemala. Con poco eco en la prensa local, Washington señaló al Estado de Guatemala de violar el artículo 16.1.2 del Tratado de Libre Comercio de la región (Cafta-DR, por sus siglas en inglés).

Guatemala es acusada de no tomar medidas para hacer valer el Código de Trabajo de manera recurrente y sostenida a lo largo del tiempo, afectando de esta forma el comercio entre las partes: los empresarios guatemaltecos señalados estarían compitiendo de manera desleal, ya que ahorrarían costos al no cumplir la legislación laboral. Y el Estado sería responsable de esto. Si se perdiera el caso, Guatemala tendría que utilizar Q120 millones para solucionar sus problemas de fortaleza institucional de cumplimiento de legislación laboral. Cuatro de las principales palmeras (Naisa, Repsa, Palmas del Ixcán y Tikindustrias) están en el listado de empresas que no cumplen derechos laborales.

La estrategia de Guatemala ha sido es atacar cuestiones formales para que el fondo (en este caso las violaciones a los derechos laborales) no sea abordado. El argumento se centra en la manera de interpretar el artículo 16.1.2, en el poco tiempo para presentar los escritos, en la forma que se presentan las pruebas, en el carácter anónimo de los relatos de testigos, en que el resto de pruebas documentales son ilegibles, o que ciertas instituciones no pueden ser parte del debate. Pocas veces se debate sobre el problema principal, la violación al Código de Trabajo y la escasa regulación del Estado. Y cuando éste finalmente se plantea, se dice que las cuatro empresas señaladas -las cuatro más grandes del país- no son representativas de todo el sector palmero.

En octubre de 2014, como respuesta al pacto firmado por el gobierno y las empresas palmeras, comunidades, trabajadores y organizaciones sociales presentaron otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo en contra las mismas cuatro empresas señaladas en el informe de Estados Unidos. Y las demandas son las mismas que se escuchan desde 2012: bajos salarios, falta de contratos, negación a acceso al Seguro Social, exposición a químicos tóxicos, despidos injustificados, y otros.

Firmando de recibido están todas las empresas señaladas, también el IGSS, el Ministerio de Trabajo, el Procurador de Derechos Humos, y la gobernadora de Petén. Cardona, de Palmas del Ixcán, dice que sólo es una denuncia, no una demanda. Y que está basada en generalizaciones, que todo es mentira.

Nueve meses después, según los comunitarios y la PDH, la denuncia no ha tenido ningún seguimiento.

* Este reportaje es una extensión de otro publicado por el Centro de Medios Independientes (CMI). Es un trabajo conjunto entre Plaza Pública y el CMI.