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| Foto G. Trucchi | ALBA SUD |
Por Ofraneh
El pasado dos de febrero, las comunidades garifunas del municipio de Iriona, en una asamblea comunitaria efectuada en Cusuna, rechazaron de forma categórica las concesiones mineras no metálicas Punta Piedra I y II, otorgadas por el estado de Honduras a la Corporación Minera Punta Caxina, con el propósito de explotar los yacimientos de óxido de hierro y otros minerales existente en la serranía de Payas.
Según documentos obtenidos por el actual Patronato de Cusuna, la Concesión minera no metálica Punta Piedra II, Expediente 714, abarca 800 hectáreas de tierra de las comunidades de Punta Piedra y Cusuna. Buena parte de las tierras concedidas se encuentran en la cuenca del rio Bambuco y sus afluentes, donde está localizada la fuente de agua que abastece a los dos comunidades.
La Corporación Caxina recibió los derechos mineros el 4 de diciembre de 2014, bajo la resolución 105/12/2014, y fue otorgada por un período de diez años.
Las comunidades garífunas nunca fueron consultadas respecto a la extracción de minerales de sus territorios, situación que da lugar a una violación más del Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e incluso de la vigente Ley de Minería.
La clasificación del óxido de hierro como minería no metálica, no es más que una trampa legal que facilita la obtención de controles ambientales y disminuye el pago de impuestos. El ardid se basa en que la empresa minera declare que el oxido de hierro a explotar, servirá para la elaboración de cemento.
Desde inicios de esta década, se dio la construcción de una carretera ilegal desde Cusuna al río Sico. a pesar de las denuncias interpuestas la carretera fue concluida y se rumoró que el propósito era la creación de una vía de acceso para la construcción de la represas de Los Chorro en el Sico. Casualmente la carretera servirá de acceso para la Corporación Caxina.
En los últimos años ha existido un repunte de la extracción de óxido de hierro en el territorio nacional, el cual es apetecido por empresas chinas, las que compran buen parte de la producción nacional. El óxido de hiero en Michoacan, México, se encuentra asociado con el crimen organizado, el que en su estrategia de diversificación y legalización de capitales, ha optado por la minería ante las enormes ganancias que representa y la oportunidad para el lavado de activos.
la destrucción ecológica acarreada en la serranía de payas como resultado de la construcción e carretera ilegales ha sido minimizada por las autoridades. La carretera Iriona-Sico construida en el año 2002, destruyó la fuente de agua que alimenta a seis comunidades garífunas y una mestiza; el ecocidio fue cometido por el recién asesinado narco diputado nacionalista, el Sr. Juan Gómez.
El corredor de la serranía de Payas es controlado por elemento asociados con el crimen organizado desde hace más de una década, dando lugar a una inexistencia de la aplicación del estado de derecho. De ahí que la tala y minería ilegal han sido parte de la estrategia de destrucción ambiental en esa zona, inducida por los amos y señores del crimen organizado
Cabe señalar que existe un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a despojos cometidos en detrimento de la comunidad de Punta Piedra, en cuyo territorio se han otorgado concesiones mineras inconsultas. La posición asumidas por el Estado de Honduras respecto a concesiones mineras y las supuestas licencias ambientales express que pretenden gestionar en la actual administración, ponen en entredicho las leyes nacionales y convenios internacionales suscritos por el Estado.
La Corporación Caxina recibió los derechos mineros el 4 de diciembre de 2014, bajo la resolución 105/12/2014, y fue otorgada por un período de diez años.
Las comunidades garífunas nunca fueron consultadas respecto a la extracción de minerales de sus territorios, situación que da lugar a una violación más del Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e incluso de la vigente Ley de Minería.
La clasificación del óxido de hierro como minería no metálica, no es más que una trampa legal que facilita la obtención de controles ambientales y disminuye el pago de impuestos. El ardid se basa en que la empresa minera declare que el oxido de hierro a explotar, servirá para la elaboración de cemento.
Desde inicios de esta década, se dio la construcción de una carretera ilegal desde Cusuna al río Sico. a pesar de las denuncias interpuestas la carretera fue concluida y se rumoró que el propósito era la creación de una vía de acceso para la construcción de la represas de Los Chorro en el Sico. Casualmente la carretera servirá de acceso para la Corporación Caxina.
En los últimos años ha existido un repunte de la extracción de óxido de hierro en el territorio nacional, el cual es apetecido por empresas chinas, las que compran buen parte de la producción nacional. El óxido de hiero en Michoacan, México, se encuentra asociado con el crimen organizado, el que en su estrategia de diversificación y legalización de capitales, ha optado por la minería ante las enormes ganancias que representa y la oportunidad para el lavado de activos.
la destrucción ecológica acarreada en la serranía de payas como resultado de la construcción e carretera ilegales ha sido minimizada por las autoridades. La carretera Iriona-Sico construida en el año 2002, destruyó la fuente de agua que alimenta a seis comunidades garífunas y una mestiza; el ecocidio fue cometido por el recién asesinado narco diputado nacionalista, el Sr. Juan Gómez.
El corredor de la serranía de Payas es controlado por elemento asociados con el crimen organizado desde hace más de una década, dando lugar a una inexistencia de la aplicación del estado de derecho. De ahí que la tala y minería ilegal han sido parte de la estrategia de destrucción ambiental en esa zona, inducida por los amos y señores del crimen organizado
Cabe señalar que existe un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a despojos cometidos en detrimento de la comunidad de Punta Piedra, en cuyo territorio se han otorgado concesiones mineras inconsultas. La posición asumidas por el Estado de Honduras respecto a concesiones mineras y las supuestas licencias ambientales express que pretenden gestionar en la actual administración, ponen en entredicho las leyes nacionales y convenios internacionales suscritos por el Estado.
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