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Por FECON
El pasado viernes 13 de febrero la organización
comunitaria, con el apoyo jurídico del diputado ecologista Edgardo Araya y por
una moción del regidor Álvaro Carrillo, hizo posible una moratoria para la
construcción de hidroeléctricas en el cantón de Upala.
A partir del
trabajo por la defensa de nuestros ríos de organizaciones sociales y comunales,
el Concejo Municipal de Upala acordó declarar una moratoria por 5 años para el
otorgamiento de cualquier autorización municipal que se requiera para la
instalación de proyectos hidroeléctricos en el cantón, mientras se elaboran
estudios del impacto social y ambiental acumulativo de todas las represas ya
autorizadas en el municipio.
El cantón de Upala llevaba discutiendo la moratoria por varios años. El 21
de marzo de 2014, en una gran manifestación, organizaciones comunales
solicitaron la moratoria a las autoridades municipales, quienes acordaron evaluar
el caso en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad.
Impactos. La comunidad de Upala ya ha denunciado los
impactos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua con el inicio
de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua (informa-tico.com).
Lo anterior se suma a los impactos aguas abajo del funcionamiento de la
planta hidroeléctrica Canalete (2008), cuya planta aprovecha las aguas del mismo Río
Zapote, como también al caso del PH Los Negros que utiliza las aguas de los ríos
Caño Negro, Frijoles y Raudales, todos afluentes del río Pizote, que a su vez
desemboca en el lago Nicaragua.
Expansión incontrolada en Costa Rica. A pesar de que existen límites legales a la
generación privada las compañías se están adelantando eventual apertura del
mercado eléctrico. Hay 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada, 32 con
elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013, de los cuales ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.
Frente a estas situaciones, las organizaciones y las comunidades
han promovido moratorias a los proyectos, tomando en consideración que en este
momento los municipios no cuentan con el personal técnico capacitado para dar
los permisos correspondientes al desarrollo de esta actividad, en razón de no
faltar al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, evitando los
actos administrativos carentes del sustento técnico suficiente. Con ello, se
evita (principio precautorio) que las premuras por satisfacer las necesidades del
mercado eléctrico (nacional e internacional), terminen agotando los recursos
que son del país entero, pero que además, son patrimonio de futuras
generaciones.
Municipalismo ecologista. La Municipalidad de Coto Brus ratificó
un acuerdo que declara una
moratoria a todos
los proyectos hidroeléctricos del cantón, hasta no contar con el consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades.
La decisión unánime del Concejo Municipal de Coto Brus se suma a
la decretada y ratificada (2013 y 2014) por la
Municipalidad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra en tribunales. También se decretó moratoria en Pérez Zeledón, pero por la presión de los empresarios interesados se derogó el
acuerdo. Ambos cantones sureños registran 14 proyectos hidroeléctricos.
Las comunidades de Guácimo sostienen una moratoria a las represas en
Zonas de recarga acuífera, las
organizaciones indígenas se han pronunciado en el mismo sentido y las
de San Carlos hicieron una solicitud que fue rechazada por
el Concejo Municipal.
Finalmente, los 75 acuerdos municipales contra los transgénicos y los acuerdos de moratoria a la siembra de
piña - anulados por la Sala Constitucional tras la solicitud de la Cámara de
piñeros -, se unen a las moratorias a las represas, y son formas de
“municipalismo ecologista”, sustentado en la autonomía, la libre determinación
y derechos humanos y ambientales.
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