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| Foto G. Trucchi | Opera Mundi |
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
Jari Dixon Herrera,
quien incursiona por primera vez en política como candidato a diputado
por el partido Libre (Libertad y Refundación), es abogado y, como él
mismo se define, un “luchador social”. El entró muy joven en el
Ministerio Público, convencido que, desde allí, podría combatir los
males que acechan a Honduras.
“Entré al Ministerio Público como un cualquier joven que aspira a tener un trabajo, hacer las cosas bien, a cumplir con su labor dentro de la institución. Pensaba que desde este espacio podía dar un apoyo a la sociedad para liberarla de la criminalidad, pero nos dimos cuentas que solamente éramos utilizados para enfrentar a las personas de bajo recursos económicos que cometían delitos, pero no a los de alto poder económico y político”, dijo a Opera Mundi.
Con el pasar del tiempo, Dixon fue involucrándose cada vez más en la denuncia de las irregularidades cometidas desde el sistema de justicia, asumió la vicepresidencia y, luego, la presidencia de la Asociación de Fiscales de Honduras. Cansado de tanta impunidad y corrupción, en abril de 2008, junto con sus colegas Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández dio inicio una huelga de hambre indefinida, los cuatro instalado en una pequeña tienda de campaña frente al Congreso Nacional.
Por medio de su protesta, que duró más de un mes, querían llamar la atención de la población, y así forzar los diferentes poderes del Estado a tomar medidas serias y contundentes contra el tráfico de influencias y la corrupción instalada en el sistema legal hondureño.
“Habían ordenes desde arriba de engavetar sonados casos de corrupción contra altas personalidades de la política o ex funcionarios. De esa manera, tomé conciencia de la gravedad de la situación y del porqué de tantos problemas sociales, del hambre, la miseria, la falta de educación y salud”, recuerda.
Impunidad
En aquella ocasión, Víctor Fernández, actual abogado defensor de varios "luchadores sociales", como la dirigente indígena Bertha Cáceres y la dirigente campesina Magdalena Morales, declaró a medios alternativos que el Ministerio Público era “una institución inoperante que contribuye a generar impunidad en el país” y que le exigían “un acto de responsabilidad, ejerciendo acciones penales en contra de las élites políticas y económicas del el país, históricamente cuestionadas”.
“Fue durante la huelga de hambre que me di cuenta que el verdadero problema no era la institución, sino todo un sistema que no iría a permitir que, a través de la protesta, fuera posible alcanzar un sistema mejor de administración de justicia”, dijo Dixon.
La protesta no logró cambiar las cosas, pero despertó la atención internacional sobre la debilidad e ineficiencia del sistema de justicia en Honduras. Un hecho que fue confirmado públicamente en abril pasado cuando, dos meses antes de presentar su renuncia irrevocable, el ex Fiscal General Luis Alberto Rubí, admitió en el plenario del Congreso Nacional que el Ministerio Público tenía la capacidad para investigar solamente el 20% de los homicidios, mientras el restante 80% quedaba en la total impunidad.
Golpe
El golpe de Estado que, en 2009, derrocó al presidente Zelaya, quebrantó aún más el tejido institucional, y sacó a flote todas las contradicciones que existían en la sociedad hondureña.
“Ya habíamos creado el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) y el golpe contribuyó a hacerme entender que la protesta, la movilización y la denuncia no eran suficientes, sino que debíamos tomar el poder político si queríamos promover verdaderos cambios en el país”.
Dixon fue uno de los pocos fiscales que se unieron a la resistencia contra el golpe de Estado, y que salieron a las calles a protestar y a denunciar lo que estaba aconteciendo. En noviembre de 2009 fue separado de su cargo, supuestamente por verse involucrado en actos políticos, hecho que él consideró una represalia por haber mostrado públicamente su oposición a la ruptura del orden constitucional.
Después de interponer varios recursos ante las autoridades judiciales y haber permanecido por casi cuatro años sin salario, en abril de 2013 el Ministerio Público le notificó el despido formal. “Después de todo lo que he visto y he vivido decidí incursionar en la política, porque estoy convencido que hay que llevar la lucha social al Congreso Nacional, buscando una verdadera transformación y refundación del sistema de administración de justicia”, afirmó.
Refundar la justicia
En su programa, Dixon coincide ampliamente con la propuesta del partido que el próximo domingo (24/11) podría llevarlo a ocupar un curul en el Congreso. “Es necesario independizar el sistema de administración de justicia de la política, y buscar otros medios de selección de fiscales y jueces, para que este sector pueda cumplir con lo que dice la Constitución, sin importar quien sea y de dónde venga la persona acusada”.
Para el ex fiscal, ese punto sería solamente el inicio de un proceso que debe ser mucho más amplio y profundo, y que aborde el cambio del sistema educativo, para volver a enseñar a los niños y niñas a pensar, hacer análisis, a tener una críticas constructivas, a pensar y a sacar conclusiones. “Hay que ir nuevamente a las raíces del problema educativo, para que tengamos una nueva generación de hombres y mujeres. No va a ser fácil, pero es una lucha que debemos hacer, porque si no lo hacemos Honduras nunca va a cambiar”, concluyó.
Con el pasar del tiempo, Dixon fue involucrándose cada vez más en la denuncia de las irregularidades cometidas desde el sistema de justicia, asumió la vicepresidencia y, luego, la presidencia de la Asociación de Fiscales de Honduras. Cansado de tanta impunidad y corrupción, en abril de 2008, junto con sus colegas Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández dio inicio una huelga de hambre indefinida, los cuatro instalado en una pequeña tienda de campaña frente al Congreso Nacional.
Por medio de su protesta, que duró más de un mes, querían llamar la atención de la población, y así forzar los diferentes poderes del Estado a tomar medidas serias y contundentes contra el tráfico de influencias y la corrupción instalada en el sistema legal hondureño.
“Habían ordenes desde arriba de engavetar sonados casos de corrupción contra altas personalidades de la política o ex funcionarios. De esa manera, tomé conciencia de la gravedad de la situación y del porqué de tantos problemas sociales, del hambre, la miseria, la falta de educación y salud”, recuerda.
Impunidad
En aquella ocasión, Víctor Fernández, actual abogado defensor de varios "luchadores sociales", como la dirigente indígena Bertha Cáceres y la dirigente campesina Magdalena Morales, declaró a medios alternativos que el Ministerio Público era “una institución inoperante que contribuye a generar impunidad en el país” y que le exigían “un acto de responsabilidad, ejerciendo acciones penales en contra de las élites políticas y económicas del el país, históricamente cuestionadas”.
“Fue durante la huelga de hambre que me di cuenta que el verdadero problema no era la institución, sino todo un sistema que no iría a permitir que, a través de la protesta, fuera posible alcanzar un sistema mejor de administración de justicia”, dijo Dixon.
La protesta no logró cambiar las cosas, pero despertó la atención internacional sobre la debilidad e ineficiencia del sistema de justicia en Honduras. Un hecho que fue confirmado públicamente en abril pasado cuando, dos meses antes de presentar su renuncia irrevocable, el ex Fiscal General Luis Alberto Rubí, admitió en el plenario del Congreso Nacional que el Ministerio Público tenía la capacidad para investigar solamente el 20% de los homicidios, mientras el restante 80% quedaba en la total impunidad.
Golpe
El golpe de Estado que, en 2009, derrocó al presidente Zelaya, quebrantó aún más el tejido institucional, y sacó a flote todas las contradicciones que existían en la sociedad hondureña.
“Ya habíamos creado el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) y el golpe contribuyó a hacerme entender que la protesta, la movilización y la denuncia no eran suficientes, sino que debíamos tomar el poder político si queríamos promover verdaderos cambios en el país”.
Dixon fue uno de los pocos fiscales que se unieron a la resistencia contra el golpe de Estado, y que salieron a las calles a protestar y a denunciar lo que estaba aconteciendo. En noviembre de 2009 fue separado de su cargo, supuestamente por verse involucrado en actos políticos, hecho que él consideró una represalia por haber mostrado públicamente su oposición a la ruptura del orden constitucional.
Después de interponer varios recursos ante las autoridades judiciales y haber permanecido por casi cuatro años sin salario, en abril de 2013 el Ministerio Público le notificó el despido formal. “Después de todo lo que he visto y he vivido decidí incursionar en la política, porque estoy convencido que hay que llevar la lucha social al Congreso Nacional, buscando una verdadera transformación y refundación del sistema de administración de justicia”, afirmó.
Refundar la justicia
En su programa, Dixon coincide ampliamente con la propuesta del partido que el próximo domingo (24/11) podría llevarlo a ocupar un curul en el Congreso. “Es necesario independizar el sistema de administración de justicia de la política, y buscar otros medios de selección de fiscales y jueces, para que este sector pueda cumplir con lo que dice la Constitución, sin importar quien sea y de dónde venga la persona acusada”.
Para el ex fiscal, ese punto sería solamente el inicio de un proceso que debe ser mucho más amplio y profundo, y que aborde el cambio del sistema educativo, para volver a enseñar a los niños y niñas a pensar, hacer análisis, a tener una críticas constructivas, a pensar y a sacar conclusiones. “Hay que ir nuevamente a las raíces del problema educativo, para que tengamos una nueva generación de hombres y mujeres. No va a ser fácil, pero es una lucha que debemos hacer, porque si no lo hacemos Honduras nunca va a cambiar”, concluyó.
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