 |
| Foto ALBA SUD |
Por ALBA SUD
El Salvador acaba de sufrir un grave atentado contra la consolidación
del proceso democrático y la posibilidad real de hacer justicia en el
país con asalto a las oficinas de Pro-Búsqueda,
una asociación de víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños
durante el conflicto armado que vivió este país centroamericano entre
1980 y 1992.
La organización empezó a funcionar de forma informal en
abril de 1993, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz en enero
de 1992, cuando un grupo de madres y padres acudieron a la Fiscalía
General de la República buscando a sus desaparecidos. Acompañados por el
padre Jon Cortina, la organización logró aglutinar a diversos
colectivos y comités que demandaban saber dónde estaban y qué había
ocurrido con miles de menores desaparecidos. Actualmente Pro-Búsqueda
promovía la reivindicación de los derechos de las víctimas, mediante el
conocimiento de la verdad, la recuperación de la memoria histórica, el
acceso de la justicia y la reparación integral para las personas
desaparecidas y sus familiares.
Pro-Búsqueda y la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda han
recibido hasta el momento la denuncia de cerca de 1.200 casos de menores
desaparecidos de forma forzosa y en los que en la mayoría de casos
estuvieron involucrados miembros del Ejército y diversos cuerpos de
seguridad del Estado. De todas estas denuncias, Pro-Búsqueda había
logrado resolver 387 casos y había facilitado 237 reencuentros entre
niños y niñas desaparecidos y sus familiares.
El pasado lunes 11 de noviembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender la audiencia prevista
en la que se estaban juzgando los procesos de habeas corpus, término
jurídico empleado en casos de desaparición y donde el cuerpo de la
víctima no ha aparecido, por la no comparecencia de las Fuerzas Armadas.
El asalto
Poco antes de las 5 de la madrugada del jueves 14 de noviembre de 2013
tres hombres armados a cara descubierta encañonaron a uno de los
conductores de Pro-Búsqueda cuando iba a entrar en las oficinas de la
organización. Ese día había llegado antes de lo habitual porque tenía
que hacer un viaje al departamento de Morazán, a unas 3 horas de San
Salvador. A punta de pistola le obligaron a llamar al vigilante, que al
reconocer su voz abrió la puerta, sin percatarse de la presencia de los
tres asaltantes, que le quitaron el arma y le redujeron. En ese momento
en la sede de la asociación también se encontraba el presidente de la
junta directiva, que se había quedado a dormir ahí esa noche porque vive
fuera de la capital. Los tres individuos, tal como les describen las
víctimas de la agresión, eran fuertes, estaban bien coordinados y
portaban radios de comunicación. Una vez dentro les ataron con las manos
a la espalda y los tumbaron en el suelo. Ahí les propinaron diversos
golpes y patadas y amenazaron con matarles, “si vuelves a ver te mato”,
repetían. Cuentan también que todo el tiempo hacían referencia a que
tenían que apurarse y encontrar dónde estaba “esa mierda”.
Los asaltantes estaban provistos de un bidón de gasolina y una vez
maniataron a los tres miembros de Pro-Búsqueda prendieron fuego y
destruyeron las salas dedicadas al trabajo de incidencia política y
administración, que quedaron prácticamente inservibles. También entraron
en la oficina dedicada al área jurídica, donde se prepara la
documentación para las demandas y juicios. De ahí sustrajeron dos
ordenadores y archivos de diversos casos de desaparición forzada, habeas corpus,
que la Asociación estaba llevando ante la Corte Suprema de Justicia. Se
trata de casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado
cuyos cuerpos nunca aparecieron, y en los que Pro-Búsqueda estaba
demandando al Estado que investigara por estar implicados en ellos
miembros de las Fuerzas Armadas. A última hora de la noche del jueves
aún no se sabía a cierta ciencia cuáles habían sido las carpetas
sustraídas. Finalmente también entraron en la sala de investigación, de
donde también se llevaron otros archivos.
Los tres individuos salieron de las oficinas de Pro-Búsqueda en poco
más de 15 minutos, dejando tras de sí varias oficinas ardiendo. Al salir
ellos, los tres miembros de la asociación, muy afectados ya por el
humo, lograron desatarse unos a otros y medio apagar el fuego y pedir
auxilio. Poco después llegaron los bomberos, la policía, la fiscalía y
la Procuraduría de Derechos Humanos.
Primeras reacciones
Las manifestaciones de preocupación e indignación no se hicieron esperar. David Morales,
Procurador General de los Derechos Humanos condenó los hechos y los
comparó con lo que ocurría en el país durante el conflicto armado: “el
atentado tiene las características que tuvieron los atentados políticos
contra defensores de derechos humanos en la guerra civil”. También
denunció que todo parecía apuntar a una clara voluntad de generar miedo y
destruir archivos y documentación muy específica: “el trabajo parece
haber sido realizado por personas que sabían muy bien el propósito,
buscaron destruir archivos institucionales históricos”. Por su parte, el
presidente del gobierno, Mauricio Funes
calificó el asalto del siguiente modo: "Es un hecho criminal que
condenamos y que vamos a hacer todo lo posible por esclarecer y
establecer quiénes son los responsables del mismo".
Diversas organizaciones de derechos humanos de El Salvador, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
(FESPAD), condenaron también el atentado y se solidarizaron con
Pro-Búsqueda. Las reacciones internacionales tampoco tardaron en llegar.
WOLA, organización dedicada a la
promoción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social,
con sede en Washington, expresó por medio de su director de Programas, Geoff Thale,
“su inmensa preocupación frente a este evento y su posible conexión con
el debate sobre el fin de la amnistía para violaciones de derechos
humanos cometidas durante la guerra. El acontecimiento se da pocas
semanas después del cierre inesperado de Tutela Legal (organización que
desempeñó un papel crítico en la documentación de abusos durante la
guerra civil) y la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de admitir una demanda para declarar inconstitucional la Ley
General de Amnistía”. Asimismo instó al gobierno salvadoreño a tomar
medidas para proteger “los diversos archivos sobre violaciones a los
derechos humanos que existen en el país”.
En este mismo sentido, en un comunicado realizado el mismo día 14 de noviembre la Pro-Búsqueda
exige a las autoridades correspondientes “la transparente y pronta
investigación de este crimen, el cual no consideramos un simple hecho
delictivo, sino una vulneración al derecho a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas de desaparición forzada que constituyen la
Asociación Pro-Búsqueda”. Asimismo reitera su compromiso y que
continuarán “con su labor de aportar a procesos de investigación y de
judicialización, así como la organización de familiares y la atención
psicosocial en aquellos casos de desaparición forzada de niños y
niñas durante el conflicto armado”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario