Por Informe Pastrán
El
gobierno de Colombia ha tomado decisiones poniéndose al margen de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de Noviembre del
año pasado, que le restituyó derechos marítimos a Nicaragua.
El
Presidente Juan Manuel Santos, emitió el Decreto Presidencial 1870 del 2
de Septiembre, ya publicado en el Diario La Gaceta de ese país, en
donde ordena elaborar nuevos mapas obviando lo dispuesto por La Haya y
estableciendo, por sí y ante sí, una frontera con Nicaragua y
sosteniendo el meridiano 82 como esa frontera.
El
gobierno colombiano de plano no aceptará, ni ejecutará la sentencia de
la CIJ, porque en ese decreto alega que dicha sentencia, “causó una
situación de hecho que ha generado efectos nocivos de carácter económico
y social para el desarrollo de la vida las actividades en el
archipiélago” de San Andrés y otros cayos.
El
Decreto ordena nueva cartografía, un censo y plantea proteger la
biósfera del Seaflower. Con esto, se argumenta que con una serie de
decretos buscan establecer mecanismos de atención y protección de la
soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
Lo
resuelto hasta ahora es que habrá una “actualización cartográfica” que
definirá los límites del archipiélago; se levantará un registro
poblacional para identificar plenamente a sus habitantes, y se
implementarán planes ambientales para proteger la biosfera del
Seaflower, declarada reserva natural por la Unesco, pero sin reconocer
el derecho sobre la misma reserva que La Haya le reconoció a Nicaragua.
La
intención de la primera medida es definir hasta dónde van los límites
de Colombia en esta región del Caribe, que a juzgar por los hechos
estaría encaminada a ratificar lo que había antes del fallo La Haya, es
decir, que para ellos la frontera llega hasta el meridiano 82.
Según
el decreto, esto se basará en la “evaluación de especificaciones
técnicas de las fotografías aéreas” realizadas entre 2011 y 2012,
previos al fallo, a lo que se suma que está pendiente la identificación
de la extensión real de la plataforma continental. La decisión busca
además detectar “zonas susceptibles de desastres”.
La
otra medida es el “levantamiento del registro de población”, que busca
realizar una caracterización socioeconómica y demográfica de los
habitantes del archipiélago. Esta decisión va ligada de una
identificación de los pueblos raizales, con el fin de garantizarles la
conservación de sus culturas y de sus derechos ancestrales.
Con esto pretenden demostrar e insistir en que el fallo de La Haya violó los derechos humanos de los raizales.
Es
claro que quieren oponerse a la exploración petrolera autorizada por
Nicaragua y la construcción de un canal interoceánico, al argumenta que
hay “indicios de sobrecarga” sobre el “sistema ambiental”, lo que
desembocaría en efectos contraproducentes para la misma población.
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