Por OfranehA primeras horas del pasado domingo, se consumó un golpe mas para desmantelar la democracia en Honduras, cuando el Congreso Nacional procedió a la elección del Fiscal General, en medio de un torbellino de acusaciones, las que señalaron al Partido Nacional por desvirtuar y violentar las reglas parlamentarias y así imponer una vez mas su voluntad.
El ex-magistrado Oscar Chinchilla fue electo como Fiscal General y el ex-ministro de Recursos Naturales (SERNA) para Fiscal Adjunto, tras la supuesta compra de votos, e incluso agresiones físicas dentro del hemiciclo, logrando de esta forma sellar la total docilidad del Ministerio Publico al actual régimen y sus presuntos herederos.
A partir del golpe de Estado de junio del 2009, existe una marcada estrategia del poder legislativo de fagocitar las instituciones del estado para convertirlas en simples dependencias del Partido Nacional, el que aspira a perpetuarse en el poder, a pesar del rotundo fracaso económico y político por el que atraviesa Honduras.
EL 12 de diciembre del año pasado, este mismo Congreso destituyó a cuatro miembros de la Corte de lo Constitucional, los cuales habían declarado inconstitucional la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), siendo el único sobreviviente de la purga el magistrado Chinchilla, el cual era incondicional a la subasta del país así como a los libertarios de ultraderecha estadounidense, promotores de ciudades-estado independientes bajo el nombre de ciudades modelo. El Magistrado Chinchilla en su momento fue recusado para que no siguiera conociendo la causa de las ciudades modelo, ante su amistad con el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, además de haber acompañado a Pepe Lobo en su gira a Corea para la promoción del cuestionado proyecto neocolonial.
La elección del "liberal" Rigoberto Cuellar, como Fiscal Adjunto, tras previamente haber renunciado a su postulación y a última hora reinsertado en la nefasta lista, es un premio a los cientos de licencias ambientales cuestionables emitidas durante su gestión en SERNA.
SERNA en nombre de un supuesto desarrollo y el cambio de matriz de producción de energía, emitió innumerables decretos de energía limpia para la construcción de represas hidroeléctricas a lo largo y ancho del país, además de la exploración y explotación de hidrocarburos, la aceptación incondicional de los proyectos REDD+ y las licencias de minería a cielo abierto. Todos estos decretos fueron emitidos; sin tomar en cuenta el caudal ecológico de los ríos, la enorme contradicción de la explotación de petróleo en un país acosado por el cambio climático, y los despojos territoriales a los pueblos indígenas que se cometerán en nombre de los proyectos REDD+.
La pareja Chinchilla-Cuellar sirve para apuntalar la entrega territorial y de los bienes comunes promovida por la actual administración, destacada por las leyes de corte neoliberal ademas de promover la república bananera 2.0. El escabroso diputado Marvin Ponce vicepresidente del Congreso, ante la celeridad del proceso aseguró que "hay fiscales vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, y este es el momento de sacarlos de la institución". Sin embargo Ponce parece sufrir de amnesia, ante la paulatina transformación de Honduras en una narcodemocracia, especialmente después del golpe de estado.
La subasta de los bienes comunes, muchos de ellos localizados en los territorios de los pueblos indígenas se ha venido dando con el visto bueno de SERNA, sin efectuar la Consulta Previa, Libre e Informada, trastocando los principios de ius cogens. Además de haberse corroído el derecho al debido proceso, el cual en Honduras después del zafarrancho del 12-12-12 ha quedado en suspenso.
El Ministerio Publico se encontraba acéfalo, como consecuencia de la intervención promovida por el Poder Legislativo desde el mes de abril del presente año, y sus titulares obligados a renunciar a finales de junio. El golpe al Ministerio Publico es un paso mas para blindar a la derecha fascista que controla Honduras, y de esta forma asegura contar con el incondicional apoyo de la Fiscalía para neutralizar cualquier acción jurídica contra de aquellos que promueven la disolución de la soberanía.
En Honduras se ha venido acelerando el asalto estilo pirata de las instituciones gubernamentales, al mismo tiempo que el país sucumbe en un charco de sangre. Buena parte de los asesinatos parece ser una campaña de terror dirigida a crear el caos y la incertidumbre, meses antes de las reñidas elecciones que se efectuarán en noviembre; mientras las encuestas colocan al candidato de la derecha fascista en un deslucido tercer lugar.
La actual administración se encuentra vendiendo bonos para lograr financiar las elecciones, indicador del desastre en que vive el país, donde los actuales gobernantes probablemente esperan que sea la cooperación internacional la que financie la "democracia".
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