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Por Magalí Casartelli | Rel-UITA
El 1 de agosto, luego de casi dos semanas de audiencias en que cada día era más inverosímil y absurdo que el anterior, la defensa de los 11 procesados por el caso de la masacre de Curuguaty pidió la recusación de la jueza de la causa, Janine Ríos, por “parcialidad manifiesta”. El pedido no fue aceptado y la audiencia preliminar proseguirá el 12 de setiembre.
La magistrada debía decidir si el caso iba a juicio, pese a los numerosos incidentes presentados por la defensa y a la denuncia de las cuatro o cinco cajas extra de evidencias que el día anterior “aparecieron”, para mayor sorpresa de los abogados defensores, Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, y que no figuraban en el escrito de acusación del fiscal Jalil Rachid.
Desde la sala de prensa era imposible no satirizar el evento jurídico al que se estaba dando cobertura. Las cajas de cartón, lacradas con cinta scotch gruesa, fueron abiertas y el contenido comenzó a ser exhibido y mencionado uno por uno.
Entre las evidencias más hilarantes figuraban la M 13: 2 cocos, un casco verde, un cortaúñas; la M 100: pastillas analgésicas, un gel capilar, un par de anteojos, perfume, hilo y aguja; la M 111: un rollo de papel higiénico, hojas secas de tabaco.
En el escrito de acusación no se podía saber el detalle e inventario de cada evidencia, que aparecía con indescifrables códigos, como “”evidencia M103 de la caja 2”.
“Esto rompe la garantía procesal. ¿Qué pasa si en la caja 2, evidencia M3 se incluye de repente un fusil? Si no hay listado se puede agregar lo que sea”, preguntó el abogado Morales. Con la supuesta intención de “subsanar” esto fue que las evidencias comenzaron a ser exhibidas.
Escandalizado por la realidad, que superaba a la ficción, Ferreiro comentó que “no se puede llevar a juicio una causa así” y recordó que en el escrito de acusación solo se hacía referencia a cinco cajas y ya habían aparecido otras cuatro.
Estas últimas posiblemente contenían las evidencias más pertinentes para el caso: machetes, balas encontradas en el escenario, balas extraídas de los cuerpos de los caídos. Sin embargo, no se mencionaban en el documento oficial de acusación. Con el fiscal Rachid tomándose la cabeza ante esa constatación, la audiencia pasó para el día siguiente.
Pero la jueza justificó la existencia de más cajas que las mencionadas por la fiscalía, “explicando” que las cinco originales no daban abasto para tanto contenido y hubo que agregarles otras.
“...Se pretende meter pruebas que son nulas...
Las pruebas tienen una formalidad que se debe respetar, tienen que estar individualizadas en la acusación. Fueron incluidas de manera ilegal al procedimiento”, le respondió el abogado Morales.
El pedido de recusación de la jueza presentado por la defensa de los 11 acusados y acusadas fue de todas maneras rechazado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a pesar del cúmulo de anomalías exhibidas.
Otras de las irregularidades denunciadas por la defensa fueron la titulación de las tierras aún en litigio, pruebas periciales llevadas a cabo por el Ministerio Público y no notificadas a la defensa, el hecho de que la investigación fiscal solo se concentrara en la responsabilidad de los campesinos y no de los policías.
“Con esta decisiónla Corte Suprema ampara la presentación de nueve cajas de pruebas fuera de los plazos y las formaspor parte de la Fiscalía y las faltas a la profesionalidad mostradas tanto por los agentes fiscales como por la jueza Ríos”, expresó en un informe la Articulación por Curuguaty, que aglutina a organizaciones sociales solidarias con la causa.
La jueza, que prohibió el ingreso de familiares de los 11 campesinos víctimas de la masacre a ese trámite público por haberse manifestado (de manera pacífica) frente a su domicilio y quien, además, echó de la sala de audiencias a la prestigiosa historiadora Margarita Durán por haberle señalado en un receso lo vergonzoso de su actuar, deberá retomar sus funciones para finalizar la audiencia preliminar del caso.
“Todo esto es una farsa insostenible”, comentó Durán.
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