Por www.28deseptiembre.org
Hoy 28 de Septiembre se celebra el día por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe, en este marco surge la campaña
llamada: Aborto legal y seguro, una cuestion de derechos, una cuestión
de democracia, en la que varias organizaciones de mujeres estan
realizando en este mes en curso actividades en varios países de América
Latina para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo
y promover la separacion de iglesia y el estado, intentando así incidir
en la formación de sociedades laicas y plurales.
En ocasión a esto, la Campaña Internacional por el Derecho de las
Mujeres al Aborto Seguro desplegada en todo el mes de Septiembre ha
realizado y sigue realizando acciones por defender los derechos humanos
de las mujeres, los eslogans para la campaña de este año que son:
"Aborto legal y seguro: una cuestión de derechos, una cuestión
dedemocracia" y "Despenalizar aborto. Mujeres y proveedores de aborto
seguro: libres de prision".
Las actividades se enmarcan en la búsqueda de derecho humanos de las
mujeres de América Latina y el Caribe y la despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Libertad para Teresa
En ocasión del Llamado a la Acción 2013, esta desarrollando una
movilización internacional a favor de la liberación de Teresa joven
salvadoreña, madre de un niño de 8 años quien en 2011 tuvo una pérdida
espontánea de embarazo. La fiscalía la acusó de homicido agravado. Fue
sentenciada a 40 años de cárcel.
Si quieres contribuir, firma la petición en línea. [http://www.avaaz.org/es/petition/Li... ]
LLAMADO A LA ACCION: 28 de septiembre de 2013
En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto
está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros
países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida
bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de
forma segura, gratuita y libre de estigma.
Muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del
embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas.
El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son
inseguros[1] y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como
consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de
mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento
por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro[2]. Estas
cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de
lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una
falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.
La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes,
pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas
quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En
este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social
que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones
económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre
otras.
También afecta a las y los profesionales comprometidos con los
derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al
derecho a la sexual y salud reproductiva de las mujeres.
En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las
mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser
madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de
violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.
Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables,
dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la
obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir
sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios
de aborto seguro.
Este 28 de septiembre reafirmamos de manera contundente que el aborto
legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de
democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia
estatal.
Posición de la Colectiva Mujer y Salud frente a los escándalos de pederastia sacerdotal
La organización Colectiva Mujer y Salud que funciona en República
Dominicana impulsa actividades en contra de la pederastia que arropa a
la Iglesia católica y hace un llamado a las autoridades civiles, a los
medios de comunicación y a la opinión pública para que no permitan que
estos casos queden impunes. Hay buenas razones para temer que esto pueda
ocurrir, vistos los precedentes de impunidad en casos similares y el
comportamiento exhibido hasta ahora por las autoridades civiles y
eclesiásticas.
Desde el caso del albergue de San Rafael del Yuma en Higuey, si no
mucho antes, hemos visto a la Iglesia católica hacer todo lo que esté a
su alcance para ocultar los abusos sexuales imputados a sacerdotes; la
hemos visto obstaculizar investigaciones policiales y judiciales,
presionar a medios de comunicación para que le bajen el perfil a sus
reportajes, e interferir con denunciantes y testigos mediante chantajes,
presiones y sobornos. Todo esto está ocurriendo ya con los casos de los
curas de Bonao, Juncalito y Constanza, y con el Nuncio papal.
En el fondo del asunto está la convicción milenaria de la Iglesia de
que ella está por encima de las autoridades “terrenales” y que sólo
tiene que responder ante la justicia “divina”. Por eso su anacrónica
política institucional establece que los curas que cometan crímenes sean
procesados por las autoridades religiosas de acuerdo a las leyes
canónicas y no por las autoridades civiles de acuerdo a las leyes
penales, como corresponde a cualquier ciudadano en una sociedad
democrática.
Los escándalos de pederastia sacerdotal y las dudas en torno al
accionar de las autoridades civiles colocan nuevamente sobre el tapete
el tema del Concordato y la necesidad urgente de derogar esa rémora
trujillista. El Concordato no puede seguir siendo marginado del debate
nacional sobre democracia, constitucionalidad y transparencia, siendo
cada vez mayor el número de voces que se suman a este reclamo. Si de
verdad quieren que el Poder Judicial actúe con libertad y dé a los
sacerdotes implicados en actos criminales el mismo tratamiento que por
ley corresponde a cualquier ciudadano, primero hay que eliminar los
privilegios jurídicos, políticos y económicos que actualmente protegen a
la Iglesia.
La Colectiva Mujer y Salud reconoce la valentía de las familias que
han tomado la decisión de denunciar a los curas violadores y que se
mantienen firmes a pesar de las fuertes presiones y ofertas de dinero
que reciben (¿cuánto del dinero utilizado para acallar los reclamos de
las víctimas proviene de los subsidios estatales establecidos en el
Concordato y pagados de los bolsillos de todos los contribuyentes,
incluyendo los de las familias de las víctimas?). Hacemos un llamado a
otras víctimas de pederastia sacerdotal y a sus familiares para que
también denuncien los abusos sufridos y exijan a las autoridades
sanciones ejemplares contra los responsables.
La experiencia de cinco décadas de impunidad post-trujillista ha
demostrado el enorme costo social y político que esto ha supuesto para
la nación dominicana. No permitamos que las mismas complicidades se
sigan utilizando para proteger a hombres detestables que violan niñas y
niños.
[2] Ipas, Asegurando el acceso de las mujeres latinoamericanas a los
servicios de aborto seguro: Una estrategia clave para lograr los
objetivos de la CIPD y Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, EE.UU, 2009, pág. 3.
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