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| Foto G. Trucchi |
La
detención el pasado 24 de mayo de Berta Caceres y Tomas Gomez a manos
de un grupo de militares, bajo los cargos de posesión de un arma ilegal,
es parte de una campaña desatada en contra de la defensa de los
territorios de los pueblos indígenas de Honduras.
La
lucha emprendida por el COPINH en relación a la construcción inconsulta
de la represa hidroeléctrica de Río Blanco y los dos meses de
resistencia popular que se ha dado en el lugar de los hechos, la ha
convertido en un objetivo de la elite de poder nacional involucrada en
la destrucción de las cuencas hidrográficas y de los bienes comunes.
El
escenario hondureño se asemeja a un estado fallido inducido: el aparato
de seguridad nacional colapsa, dada sus vinculaciones con el crimen
organizado, el autorobo de arsenales de la policía y el ejercito se han
convertido en una practica usual, el país se encuentra sumergido en un
agitado mar de sangre, especialmente a partir del golpe de estado del
2009, el que instauró un régimen fascista, apuntalado con unas
elecciones espurias y un posterior gobierno de ultraderecha que
lentamente fue reconocido por la comunidad internacional.
En
el territorio del pueblo Lenca se vienen construyendo una serie de
represas, muchas de ellas reciben fondos de naciones Unidas a través de
los Mecanismos de Desarrollo Limpio entre ellas Rio Blanco, Zacapa, siendo la hidroeléctrica de La Esperanza pionera de este tipo de financiamiento en Centroamérica.
Mas
allá de las hidroeléctricas, el territorio Lenca es amenazado por las
empresas mineras y el Programa REDD, sin que hasta la fecha exista por
parte del estado de Honduras la intención de respetar los procesos de
Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), reconocido como parte de
los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto por el Convenio 169
de la OIT como por la Declaración de Naciones Unida sobre los Derechos
de los pueblos indígenas.
Existe
en Honduras la tradición de plantar evidencias, como una estrategia
para desacreditar y neutralizar a los oponentes de la rapiña territorial
y defensores de los denominados "recursos naturales", promovida por la
elite de poder y secundada por el Estado. En el caso del pueblo
Garifuna existe el precedente del encarcelamiento durante siete años por
supuesto tráfico de estupefacientes, del actual vicepresidente, de
OFRANEH, Alfredo Lopez, al cual se le plantó como evidencia dos
kilogramos de harina. Posteriormente el caso se tuvo que llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder lograr su libertad.
La
precipitada militarización que vive el país, no es ninguna garantía
para lograr el respeto a los derechos humanos. Son inauditos los cargos
que se presentan en contra de Berta Cáceres. Ella ya sufría de un
seguimiento constante por parte de la Policía Preventiva y unidades del
ejercito, situación que fue aprovechado para tenderle un operativo que
concluyó con su aprensión y posterior criminalización.
Desafortunadamente
el estado de ley imperante en el país se encuentra ante una grave
crisis: desde un Ministerio Público intervenido hasta una Corte Suprema
adscrita a los mandatos del Congreso Nacional. de ahí que la empresa
privada impone sus mandatos. En este caso es DESA-SINOHIDRO, y las
autoridades municipales cómplices en la destrucción de los ríos los
promotores de la detención de Berta Cáceres y Tomas Gomez, que el único
crimen cometido es defender los bienes naturales que al final son bienes
comunes, que no son propiedad privada, porque nos pertenecen a tod@s por igual.
La
OFRANEH exige la libertad definitiva de Berta Caceres y Tomas Gomez, a
la vez nos solidarizamos y hacemos nuestra la lucha del Pueblo Lenca
contra la privatización y destrucción de los bienes comunes, en este
caso los ríos que son tan vitales para la sobrevivencia de la humanidad.
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