miércoles, 12 de junio de 2013

Honduras: Estado fallido y la persecución a Berta Cáceres y el COPINH

Foto G. Trucchi
Por Ofraneh

La detención el pasado 24 de mayo de Berta Caceres y Tomas Gomez a manos de un grupo de militares, bajo los cargos de posesión de un arma ilegal, es parte de una campaña desatada en contra  de  la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras.

La lucha emprendida por el COPINH en relación a la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica de Río Blanco y los dos meses de resistencia popular que se ha dado en el lugar de los hechos, la ha convertido en un objetivo de la elite de poder nacional involucrada en la destrucción de las cuencas hidrográficas y de los bienes comunes.

El escenario hondureño se asemeja a un estado fallido inducido: el aparato de seguridad nacional colapsa, dada sus vinculaciones con el crimen organizado, el autorobo de arsenales de la policía y el ejercito se han convertido en una practica usual, el país se encuentra sumergido en un agitado mar de sangre, especialmente a partir del golpe de estado del 2009, el que instauró un régimen fascista, apuntalado con unas elecciones espurias y un posterior gobierno de ultraderecha que lentamente  fue reconocido por la comunidad internacional.

En el territorio del pueblo Lenca  se vienen construyendo una serie de represas, muchas de ellas reciben fondos de naciones Unidas a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio entre ellas Rio Blanco, Zacapa, siendo la hidroeléctrica de La Esperanza pionera de este tipo de financiamiento en Centroamérica.

Mas allá de las hidroeléctricas, el territorio Lenca  es amenazado por las empresas mineras y  el Programa REDD, sin que hasta la fecha exista por parte del estado de Honduras la intención de respetar los procesos de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), reconocido como  parte de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la Declaración de Naciones Unida sobre los Derechos de los pueblos indígenas.

Existe en Honduras la tradición de plantar evidencias, como una estrategia para desacreditar y neutralizar a los oponentes de la rapiña territorial y defensores de los denominados "recursos naturales", promovida por la elite de poder  y secundada por el Estado. En el caso del pueblo Garifuna existe el precedente del encarcelamiento durante siete años por supuesto tráfico de estupefacientes, del actual vicepresidente, de OFRANEH, Alfredo Lopez, al cual se le plantó como evidencia dos kilogramos de harina. Posteriormente el caso se tuvo que llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder lograr su libertad.

La precipitada  militarización que vive el país, no es ninguna garantía para lograr el respeto a los derechos humanos.  Son inauditos los cargos que se presentan en contra de Berta Cáceres. Ella ya sufría de un seguimiento constante por parte de la Policía Preventiva y unidades del ejercito, situación que fue aprovechado para tenderle un operativo que concluyó con su aprensión y posterior criminalización.

Desafortunadamente el estado de ley imperante en el país se encuentra ante una grave crisis: desde un Ministerio Público intervenido hasta una Corte Suprema adscrita a los mandatos del Congreso Nacional. de ahí que la empresa privada impone sus mandatos. En este caso es DESA-SINOHIDRO, y las autoridades municipales cómplices en la destrucción de los  ríos los promotores de la detención de Berta Cáceres y Tomas Gomez, que el único crimen cometido es defender los bienes naturales que al final son bienes comunes, que no son propiedad privada, porque nos pertenecen a tod@s por igual.

La OFRANEH exige la libertad definitiva de Berta Caceres y Tomas Gomez, a la vez nos solidarizamos y hacemos nuestra la lucha del Pueblo Lenca contra la privatización y destrucción de los bienes comunes, en este caso los ríos que son tan vitales para la sobrevivencia de la humanidad.


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