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| Luis Méndez |
“El Estado de Honduras violó a las mujeres el derecho a la vida; a una vida sin violencia y el derecho de acceso a la justicia", señaló en su veredicto el Tribunal Alterno contra los Femicidios, después de deliberar sobre tres casos de mujeres asesinadas, presentados por la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, este 19 de junio en Tegucigalpa.
Las organizaciones aglutinadas en la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, solicitaron ante los jueces y juezas del Tribunal Alterno contra los Femicidios, en una audiencia que duró todo el día, que se condenara al Estado de Honduras en el caso de Celia Gómez, Claudia Rojas y Susana Cortés, que fueron asesinadas en diferentes años y cuyos responsables fueron respaldados por las acciones de los operadores de justicia para que no fueran juzgados como manda la Ley y ahora sus crímenes están en completa impunidad.
El Tribunal Alterno contra los Femicidios se realizó en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, UPFM, en Tegucigalpa, durante todo el día de este miércoles 19 de junio, con la presencia masiva de distintas organizaciones no gubernamentales, operadores de justicia, estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional autónoma de Honduras, UNAH, medios de comunicación y las instituciones de La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
El discurso inaugural estuvo a cargo de Gladys Lanza, a nombre de la Tribuna de Mujeres e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, “había que hacer una acción de impacto que sacudiera al Estado para que se nos haga justicia”, dijo.
Señaló que el Tribunal Alterno no es el punto final de la lucha de las organizaciones de La Tribuna de Mujeres sino parte de la estrategia de continuar exigiendo justicia en un país donde la vida política ha sido de imposición, violencia contra el pueblo, “nos sentimos obligadas a decir que con el golpe de Estado no solo nuestro cuerpo fue utilizado como campo de batalla sino que hubo un retroceso de 40 años, por eso este tribunal nos sirve para que nuestros reclamos no se queden en los discursos de las mujeres sino que sea una exigencia por la justicia y será el hijo conductor para otras acciones”.
Integración del Tribunal
La expectación se hizo sentir en el auditorio Eliseo Pérez Cadalzo de la UPFM, centenares de personas llegaron masivamente para presenciar el primer Tribunal Alterno donde se abordó la problemática de violencia contra las mujeres en Honduras.
Los jueces y juezas Cecilia Barraza, de Chile; Leo Valladares Lanza, Honduras; Ana Carcedo, Española; Julio Escoto, Honduras; Claudia Sánchez, Honduras, escucharon los relatos de los casos, los alegatos de las litigantes y la presentación de los perfiles de los femicidas, etapa previa a la deliberación y posterior emisión de la sentencia.
Las litigantes fueron Tirza Flores, hondureña; Pattsilí Toledo, chilena y Guadalupe Ramos, mexicana y Adriana Guila Sosman, quien le correspondió el peritaje.
Se presentaron tres casos de femicidios ocurridos en Honduras entre el año 2008 y 2009, los nombres de las víctimas se cambiaron para proteger su identidad, pero los hechos ocurridos fueron exactamente los mismos que se dieron en esos años.
El primer caso presentado por Iris Munguía de la organización Federación de Sindicatos de Trabajadores Agroindustriales de Honduras, FESTAGRO, era el de Celia Gómez, una joven de 20 años, de oficios domésticos, a quien le gustaba andar en bicicleta, pero que fue asesinada por su compañero de hogar, quien le disparó en el rostro.
La noche del 22 de febrero de 2009, entre las ocho y nueve de la noche , en el parque infantil San Martín, del municipio La Costanera, en el departamento de La Cumbre, fue encontrada agredida la joven Celia Gómez.
Su cuerpo estaba en el suelo sobre arena, presentaba heridas en su rostro y en su cabeza, y corría sangre de la nariz y de su cabeza que mojaba la arena. Aún estaba con vida y falleció en el hospital donde fue atendida.
Una piedra ensangrentada fue removida del lugar de los hechos por un agente policial. La testigo que encontró en estas condiciones a la joven Celia relató que además se podían apreciar su ropa íntima; estaba semidesnuda. Se establece como causa de muerte contusión y necrosis cerebral, trauma cráneo encefálico abierto y trauma directo por objeto romo obtuso y sin punta.
El alegato estuvo a cargo de la abogada Tirza Flores y de entrada dijo que comparecía ante el Tribunal para solicitar que el Estado de Honduras sea condenado por violencia contra las mujeres , porque Celia y sus familiares no han encontrado justicia en el país.
Flores les dijo a los jueces y juezas que la violencia contra Celia duró mucho tiempo y que el hechor para ejercer control sobre ella previo a su asesinato la despojó de su celular y bicicleta, “el Estado de Honduras violó los derechos de Celia a una vida sin violencia, además subyace la intención de desacreditar los testimonios de los testigos, se percibe el deseo de no aplicar justicia para las víctimas, hay patrones culturales y existas que invisibilizaron a Celia”.
Después de relatar uno a uno los errores investigativos en el caso entre ellos, la falta de una autopsia exhaustiva, falta de investigación en la escena del crimen , no toma de las pruebas de ADN correspondientes, todo esto violentó los estándares internacionales para que la investigación sea exhaustiva, inmediata e imparcial, “en conclusión, las actuaciones fiscales lejos de garantizar la justicia para Celia y su familia ha cubierto la muerte con el velo de la impunidad”.
Solicitó que se condene al Estado de Honduras y que se le exija que cumpla con lo establecido en los convenios y tratados internacionales de protección a los derechos de las mujeres y el establecimiento de protocolos de investigación de muertes de mujeres el cual debe contemplarr la atención integral a las víctimas y sus familiares. Asimismo solicitó una reestructuración inmediata del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, para que cuente con personal especializado para abordar la violencia contra las mujeres en Honduras.
Se suma a las peticiones la aprobación de una política pública para que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres.
El relato del segundo caso fue hecho por Miriam Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, a quien le tocó hablar de las circunstancias del crimen contra Claudia Rojas.
"El día domingo 1 de junio del 2008, aproximadamente a las doce y cuarenta minutos del medio día, agentes de la Dirección General de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de captura, se encontraban en la colonia Cuba, sector de Villa Olímpica de esta ciudad, en el momento en que observaron un grupo de personas cerca de unos apartamentos ubicados la calle República de Israel con 18 avenida, donde varias personas les informaron que el hoy imputado le había dado muerte a su compañera de hogar Claudia Rojas.
Ante tal situación, procedieron a corroborar la información, encontrando al hoy imputado sentado en el lugar y en uno de los cuartos el cuerpo sin vida de la hoy occisa, misma que se encontraba con siete meses de embarazo".
Según declaraciones de un testigo, aproximadamente a las once de la mañana escuchó un disparo que provenía de la habitación del imputado, que salió corriendo para ver lo sucedido y que al llegar observó al imputado con una arma de fuego con la que había disparado a su compañera de hogar, procediendo el testigo a quitarle el arma, que posteriormente entregó a los agentes de investigación.
Claudia Rojas vivía en unión libre con el imputado, con el procreó dos niñas, la mayor de 10 y la que le sigue de 6 años de edad y la tercera que estaba en gesta a término de 9 meses. Según testigos y de hechos que no fueron mencionados al principio del proceso, ellos discutían constantemente. Claudia contó a una vecina que su cónyuge la golpeaba con la cacha de la pistola. Ella quiso en varias ocasiones irse, pero no llegó a tomar la decisión, porque ella lo amaba. Según testimonios ella tuvo dos abortos antes producto de los golpes del cónyuge .
La abogada mexicana Guadalupe Ramos, en sus alegatos en este caso señaló que hubo dilación en el proceso contraviniendo resoluciones internacionales que señalan la agilización de mecanismos judiciales para aplicar justicia.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que las autoridades deben actuar con diligencia para tutelar los derechos de las víctimas porque justicia retardada no es justicia.
El último caso fue el de Susana Cortés, el relato fue descrito por Dony Reyes, de la comunidad de la diversidad sexual LGTBI, a través de la organización Arco Iris.
Reyes expresó que hay demostración de la desigualdad hacia las mujeres y que el Estado mismo fortalece la impunidad en los crímenes de odio hacia las mujeres.“Susana no solo fue una víctima de un hombre sino de un Estado patriarcal y misógeno”.
La abogada Patsilí Toledo de nacionalidad Chilena presentó ante el tribunal los alegatos correspondientes y pidió que se declare al Estado de Honduras como responsable de violentar el derecho a la vida ; a una vida sin violencia para Claudia, derechos establecidos en convenios y tratados internacionales de los cuales Honduras es suscriptor.
En relación a las medidas que el Estado de Honduras debe adoptar de forma urgente para que se repitan más femicidios es que se provean servicios obligatorios para detectar y atender la violencia contra las mujeres y evitar la violencia extrema como son los femicidios, el Estado calificó el crimen contra Claudia como un hecho aislado y obvió aplicar la Ley.
La impunidad de los crímenes contra las mujeres revela que estos no son una prioridad para el sistema de justicia, las autoridades no están tomando en serio la violencia en la sociedad hondureña la que afecta gravemente a las mujeres.
Abogó por el establecimiento de una política pública que aborde la violencia contra las mujeres desde su base, por lo tanto no debe existir la necesidad de una denuncia judicial para que se puedan aplicar medidas de protección para las mujeres y en especial considerar la situación de las mujeres en zonas marginadas.
Los perfiles sicológicos de los femicidas
Adriana Sosman, de nacionalidad chilena y la perito en el juicio dijo que los perfiles de los femicidas se construyen a partir de la escena del crimen y de la revisión y análisis de los expedientes judiciales.
Entre las conclusiones en los tres casos expresó que el victimario atacó intempestivamente a la víctima lo que queda evidenciado en dos de los casos, pues en la escena que se desarrolló en el interior del hogar no había desorden ni rastros de pelea, a las mujeres no les quedó tiempo de defenderse.
Asimismo el victimario actuó impulsivamente, a la luz del día y en presencia de testigos, lo que denota que no le teme a la justicia y que esto sucede cuando en un país hay altos niveles de impunidad.
También quedó evidenciado que los femicidas actuaron por dominación y venganza y que en todos los casos hay violencia sicológica como antecedente.
Sosman dijo que las mujeres están más expuestas a la violencia cuando las mujeres no trabajan y entonces tienen más dependencia económica de los agresores.
Otro dato interesante que mencionó Sosman es que hay más riesgo de violencia en relaciones de hecho, donde no hay un matrimonio de por medio porque los hombres se sienten con menos control sobre la mujer.
Por otra parte expresó que en la violencia contra las mujeres se destaca un poder desigual entre el hombre y la mujer que responde a un orden construido.
Entre las conclusiones y recomendaciones expuestas por la perito están, la visibilización de las víctimas indirectas de la violencia, la atención gratuita e integral a estas por parte del Estado. Mencionó que la posibilidad de reparación es una medida de prevención.
Tribunal se pronuncia
La etapa de relatos, alegatos y peritaje concluyó al mediodía, después los jueces y juezas se fueron a deliberar, regresando después de las dos de la tarde con el correspondiente fallo cuya lectura estuvo a cargo de Cecilia Barraza, presidenta del tribunal.
Barraza especificó que el Tribunal Alterno realizó un acto simbólico que pretende tener la justicia como el deber ser.
El tribunal expresó sus preocupaciones ante la violencia indiscriminada contra las mujeres y analizó la respuesta estatal ante los casos, donde se evidencian patrones de impunidad que inducen la violencia hacia las mujeres.
“Rendimos un sentido homenaje no solo a las tres mujeres sino a todas las mujeres de Honduras que son víctimas por cuestiones de género”, señaló Barraza.
Describió la grave situación de violencia en la que tienen que convivir las mujeres, pero destacó que eso se profundiza con la actuación estatal, como ejemplo describió una audiencia en la que varios funcionarios del Estado de Honduras participaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde dijeron que morían más hombres que mujeres, desconociendo las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y que tiene como fondo el control de los hombres a las mujeres a quienes consideran de su propiedad.
“En los tres casos, el Estado de Honduras violó el Derecho a una Vida sin Violencia, esta violencia puede ser fácilmente detectable si el Estado actúa y no re victimiza a las víctimas y justifica a los agresores, lo que representa una discriminación contra las mujeres en la búsqueda de justicia”, detalló la presidenta del tribunal.
Agregó que en Honduras hay incumplimiento para establecer medidas de protección a testigos y ausencia de investigación criminal.
Aunque el Estado de Honduras no se puede responsabilizar por todas las muertes , si es responsable por no identificar indicadores claves de violencia como forma de prevención , pero lo que destaca es la falta de voluntad estatal para establecer un precedente de no repetición de los hechos, en cambio lo que hicieron sus funcionarios fue actuar con negligencia y fomentar la impunidad.
“La violencia contra las mujeres es una problemática estructural en Honduras condicionada por la negligencia del Estado para castigar los femicidios, instamos a las autoridades judiciales hondureñas para que establezcan todas las acciones necesarias para restablecer la dignidad de las víctimas”, dijo.
Entre las recomendaciones del Tribunal están que el Estado de Honduras debe investigar la responsabilidad en la que han incurrido los funcionarios en los tres casos y proceder a sancionarlos.
También el tribunal instó al Estado para fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres que quieren llevar a cabo procesos judiciales y además debe desplegar el máximo esfuerzo para desmontar los patrones socioculturales que generan la violencia contra las mujeres.
Casos nos impulsan a hacer acciones para no repetición de los hechos
George Redman, director de país de la organización internacional Oxfam dijo que los tres casos son emblemáticos “y nos impulsan a hacer acciones para que estos casos no se repitan y hemos escuchado como el Estado de Honduras debe detectar hechos de violencia antes de un acto fatal como es el femicidio, por lo que es urgente la justicia expedita para las mujeres e implementar políticas públicas para proteger la vida de las mujeres ”.
Redman dijo que este Tribunal Alterno obliga a la comunidad internacional en su responsabilidad compartida a proteger los derechos de todas las personas y dar recursos al Estado pero pedir rendición de cuentas.
Añadió que la naturalización de la violencia contra las mujeres es la permisividad con que aceptamos esa violencia y eso genera más impunidad, “por eso este Tribunal Alterno es un acto de reconocimiento a las mujeres que no han sobrevivido la violencia”.
Por su parte Eva Sánchez de La Tribuna de Mujeres Congtra los Femicidios y de la Organización Intibucana Las Hormigas expresó que con este Tribunal interpelamos a las autoridades de Honduras y evidenciamos su falta de acción y hemos hecho énfasis en los derechos de las víctimas y sus familias.
Vea más sobre el Tribunal Alterno contra lo Femicidios en: www.contralosfemicidios.hn
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