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| archivo Radio del Sur |
Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizados desde 2005 por el gobierno de Álvaro Uribe, han confesado la ejecución de 1.046 masacres, de acuerdo con el informe presentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía neogranadina, a propósito del séptimo año de la entrada en vigencia de la llamada Ley de Justicia y Paz.
El informe detalla que los integrantes de las AUC confesaron 39.546 crímenes, que dejaron 51.906 víctimas. Entre los delitos hay registrados 25.757 asesinatos y 773 torturas.
El informe detalla que los integrantes de las AUC confesaron 39.546 crímenes, que dejaron 51.906 víctimas. Entre los delitos hay registrados 25.757 asesinatos y 773 torturas.
Los reclutamientos forzados contabilizados ascienden a 1.618; las desapariciones forzadas admitidas por los paramilitares fueron 3.551.
Además, confesaron 1.168 extorsiones, 1.916 secuestros, 96 violaciones sexuales y tan sólo 65 acciones de tráfico de drogas. Los desplazamientos forzados reconocidos arribaron a 11.132. Los beneficiados por la amnistía también revelaron la localización de casi 4.000 fosas comunes.
Los 31.000 desmovilizados confesaron complicidad por parte de 1.124 políticos, 1.023 militares y 393 servidores públicos neogranadinos.
Una de las denuncias más polémicas de complicidad fue la hecha por el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, quien reiteró que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe antes de 2002, cuando era gobernador de Antioquia.
Mancuso informó que la reunión ocurrió en la finca Ubérrimo, localizada en Córdoba, propiedad de la familia del exmandatario. El paramilitar fue llevado por el entonces jefe de Policía del departamento, Raúl Suárez.
No se trata de la primera denuncia contra Álvaro Uribe por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. En mayo de 2012 el mismo Mancuso contó que contribuyó con la reelección del exjefe de Estado en 2006.
Además, confesaron 1.168 extorsiones, 1.916 secuestros, 96 violaciones sexuales y tan sólo 65 acciones de tráfico de drogas. Los desplazamientos forzados reconocidos arribaron a 11.132. Los beneficiados por la amnistía también revelaron la localización de casi 4.000 fosas comunes.
Los 31.000 desmovilizados confesaron complicidad por parte de 1.124 políticos, 1.023 militares y 393 servidores públicos neogranadinos.
Una de las denuncias más polémicas de complicidad fue la hecha por el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, quien reiteró que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe antes de 2002, cuando era gobernador de Antioquia.
Mancuso informó que la reunión ocurrió en la finca Ubérrimo, localizada en Córdoba, propiedad de la familia del exmandatario. El paramilitar fue llevado por el entonces jefe de Policía del departamento, Raúl Suárez.
No se trata de la primera denuncia contra Álvaro Uribe por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. En mayo de 2012 el mismo Mancuso contó que contribuyó con la reelección del exjefe de Estado en 2006.
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