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Por Defensores en Línea
El congresista Hank Johnson (GA-04) y 57 colegas mandaron hoy una carta a el Secretario de Estado, John Kerry y al Fiscal General Eric Holder, pidiendo una investigación sobre supuestos abusos por fuerzas de seguridad hondureñas, y el posible papel jugado por agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) en un incidente que resultó en la trágica muerte de cuatro indígenas en el Río Patuca, en el noreste de Honduras.
El Departamento de Estado y la DEA han reconocido su participación en el incidente del 11 de mayo de 2012. Una mujer embarazada y un niño de 14 años fueron entre los muertos. Varias otras personas inocentes fueron heridas.
Johnson y sus colegas están instando al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para mejor determinar exactamente lo que ocurrió y que papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas.”
También hicieron saber su preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos que viene empeorando para comunidades afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009 en Honduras. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por violencia relacionada al tráfico de drogas y a la guerra anti-droga en Honduras apoyada por Estados Unidos.
“La tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. (...) Consecuentemente, se les recomienda hacer “una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas“ dice la carta.
El texto de la carta:
January 30, 2013
Estimado Secretario Kerry / Estimado Fiscal Gerente Holder:
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación ante la grave situación de derechos humanos en Honduras, en particular la situación dramática de los hondureños afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009. Solicitamos una investigación exhaustiva y fiable de los asesinatos trágicos del 11 de mayo en Ahuas para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel tuvo la Administración de control de drogas de los EE.UU. (Drug Enforcement Agency—DEA), si es que tuvo alguno. También pedimos una investigación inmediata sobre los presuntos abusos cometidos por la policía hondureña y por militares en ese país.
Nos preocupa enterarnos de amenazas y represión dirigidas a afro-hondureños que han estado advirtiendo valiosamente sobre el deterioro constante de la democracia en su país. También estamos preocupados con respecto a los actos de violencia e intimidación contra los afro-indígenas que defienden derechos históricos sobre sus tierras. Nos preocupa particularmente los efectos, en las comunidades afro-hondureñas, de una política de lucha contra el narcotráfico que sea de carácter militar, y de la participación de agentes estadounidenses en operaciones que han resultado en la muerte de civiles afro-indígenas.
El 11 de mayo de 2012, cuatro campesinos afro-indígenas, entre ellos un niño de 14 años, fueron matados en el transcurso de una operación antidrogas en Ahuas, Honduras. Otras tres personas fueron gravemente heridas. Por lo menos diez agentes de la DEA participaron en la misión como miembros del Equipo asesor y de apoyo en el extranjero (Foreign-Deployed Advisory Support Team—FAST), una unidad de la DEA creada en 2005 en Afganistán. Según el New York Times, agentes de la policía hondureña que participaron en la operación el 11 de mayo “contaron a los investigadores del gobierno que sus órdenes provinieron de la DEA.”
Entendemos que este incidente trágico ha sido extremadamente traumático para la comunidad tranquila y unida de Ahuas. Aunque grupos hondureños de derechos humanos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch han exigido que las autoridades estadounidenses y hondureñas conduzcan una investigación exhaustiva e imparcial sobre este incidente, la investigación no ha sido realizada adecuadamente. Por ejemplo, las investigaciones oficiales sobre el incidente han sido superficiales y deficientes. Testimonios creíbles indican que las víctimas eran personas inocentes y no narcotraficantes. Dado que las autoridades hondureñas no han realmente abordado este tema, nuestro gobierno debe seguir adelante con una investigación exhaustiva para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió y cuál fue el papel desempeñado por agentes estadounidenses.
El 22 de junio, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), uno de los grupos más importantes representando a hondureños afro-indígenas, se opuso a declaraciones de funcionarios estadounidenses publicados en el New York Times y el Washington Post días después de las matanzas del 11 de mayo considerándoles prejuiciosas del punto de vista racial y “escandalosas y peligrosas.” OFRANEH afirma que funcionarios estadounidenses hicieron acusaron falsamente a comunidades afro-indígenas en La Moskitia de estar involucradas en el narcotráfico.
OFRANEH afirma que desde que ocurrió el golpe de Estado las comunidades afro-indígenas han sido victimizadas por los narcotráficantes, reclamando sus tierras tradicionales, y matando a aquellos que interfieren con ellos. Grupos de derechos humanos confirman que el sistema judicial hondureño ha hecho poco para defender los derechos fundamentales de estas comunidades. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha ordenado que el Estado de Honduras cese la aprobación de transferencias de títulos de tierra en la comunidad afro-indígena de Triunfo de la Cruz, con el fin de proteger su población, que es vulnerable a los ataques de narcotraficantes que desean obtener el acceso al Caribe. Actualmente, muchas otras comunidades afro-indígenas buscan protecciones similares. Tomamos nota de que, incluso en este contexto, los líderes afro-descendientes e indígenas afirman que la guerra contra las drogas en Honduras, apoyado por los EE.UU., perjudica a sus comunidades.
Además, desde el golpe militar de junio de 2009, según numerosos informes, la tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Honduras, en los últimos tres años más de diez mil denuncias se han presentado en relación con abusos cometidos por la policía y los militares, pocos de los cuales han sido investigados. Además, hay represión en contra de críticos del gobierno por las fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, Miriam Miranda, una líder afro-indígena y dirigente de OFRANEH, fue agredida y detenida por un jefe de policía departamental en mayo de 2011.
Por último, recomendamos una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas, que se ven desproporcionadamente afectadas por las actividades de tráfico de drogas.
También hicieron saber su preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos que viene empeorando para comunidades afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009 en Honduras. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por violencia relacionada al tráfico de drogas y a la guerra anti-droga en Honduras apoyada por Estados Unidos.
“La tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. (...) Consecuentemente, se les recomienda hacer “una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas“ dice la carta.
El texto de la carta:
January 30, 2013
Estimado Secretario Kerry / Estimado Fiscal Gerente Holder:
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación ante la grave situación de derechos humanos en Honduras, en particular la situación dramática de los hondureños afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009. Solicitamos una investigación exhaustiva y fiable de los asesinatos trágicos del 11 de mayo en Ahuas para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel tuvo la Administración de control de drogas de los EE.UU. (Drug Enforcement Agency—DEA), si es que tuvo alguno. También pedimos una investigación inmediata sobre los presuntos abusos cometidos por la policía hondureña y por militares en ese país.
Nos preocupa enterarnos de amenazas y represión dirigidas a afro-hondureños que han estado advirtiendo valiosamente sobre el deterioro constante de la democracia en su país. También estamos preocupados con respecto a los actos de violencia e intimidación contra los afro-indígenas que defienden derechos históricos sobre sus tierras. Nos preocupa particularmente los efectos, en las comunidades afro-hondureñas, de una política de lucha contra el narcotráfico que sea de carácter militar, y de la participación de agentes estadounidenses en operaciones que han resultado en la muerte de civiles afro-indígenas.
El 11 de mayo de 2012, cuatro campesinos afro-indígenas, entre ellos un niño de 14 años, fueron matados en el transcurso de una operación antidrogas en Ahuas, Honduras. Otras tres personas fueron gravemente heridas. Por lo menos diez agentes de la DEA participaron en la misión como miembros del Equipo asesor y de apoyo en el extranjero (Foreign-Deployed Advisory Support Team—FAST), una unidad de la DEA creada en 2005 en Afganistán. Según el New York Times, agentes de la policía hondureña que participaron en la operación el 11 de mayo “contaron a los investigadores del gobierno que sus órdenes provinieron de la DEA.”
Entendemos que este incidente trágico ha sido extremadamente traumático para la comunidad tranquila y unida de Ahuas. Aunque grupos hondureños de derechos humanos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch han exigido que las autoridades estadounidenses y hondureñas conduzcan una investigación exhaustiva e imparcial sobre este incidente, la investigación no ha sido realizada adecuadamente. Por ejemplo, las investigaciones oficiales sobre el incidente han sido superficiales y deficientes. Testimonios creíbles indican que las víctimas eran personas inocentes y no narcotraficantes. Dado que las autoridades hondureñas no han realmente abordado este tema, nuestro gobierno debe seguir adelante con una investigación exhaustiva para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió y cuál fue el papel desempeñado por agentes estadounidenses.
El 22 de junio, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), uno de los grupos más importantes representando a hondureños afro-indígenas, se opuso a declaraciones de funcionarios estadounidenses publicados en el New York Times y el Washington Post días después de las matanzas del 11 de mayo considerándoles prejuiciosas del punto de vista racial y “escandalosas y peligrosas.” OFRANEH afirma que funcionarios estadounidenses hicieron acusaron falsamente a comunidades afro-indígenas en La Moskitia de estar involucradas en el narcotráfico.
OFRANEH afirma que desde que ocurrió el golpe de Estado las comunidades afro-indígenas han sido victimizadas por los narcotráficantes, reclamando sus tierras tradicionales, y matando a aquellos que interfieren con ellos. Grupos de derechos humanos confirman que el sistema judicial hondureño ha hecho poco para defender los derechos fundamentales de estas comunidades. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha ordenado que el Estado de Honduras cese la aprobación de transferencias de títulos de tierra en la comunidad afro-indígena de Triunfo de la Cruz, con el fin de proteger su población, que es vulnerable a los ataques de narcotraficantes que desean obtener el acceso al Caribe. Actualmente, muchas otras comunidades afro-indígenas buscan protecciones similares. Tomamos nota de que, incluso en este contexto, los líderes afro-descendientes e indígenas afirman que la guerra contra las drogas en Honduras, apoyado por los EE.UU., perjudica a sus comunidades.
Además, desde el golpe militar de junio de 2009, según numerosos informes, la tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Honduras, en los últimos tres años más de diez mil denuncias se han presentado en relación con abusos cometidos por la policía y los militares, pocos de los cuales han sido investigados. Además, hay represión en contra de críticos del gobierno por las fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, Miriam Miranda, una líder afro-indígena y dirigente de OFRANEH, fue agredida y detenida por un jefe de policía departamental en mayo de 2011.
Por último, recomendamos una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas, que se ven desproporcionadamente afectadas por las actividades de tráfico de drogas.
Atentamente,
Henry C.
“Hank” Johnson, Jr.
Gregory W.
Meeks
John Conyers, Jr.
John Conyers, Jr.
Karen Bass
James P. McGovern
Barbara Lee
Sam Farr
Sam Farr
Luis V.
Gutierrez
Michael M. Honda
Michael M. Honda
John Lewis
Bobby L. Rush
Bobby L. Rush
Peter
DeFazio
Frederica Wilson
Frederica Wilson
Janice D.
Schakowsky
Sheila Jackson-Lee
Sheila Jackson-Lee
Danny K.
Davis
Lacy Clay
Lacy Clay
Edward J.
Markey
Raúl M. Grijalva
Raúl M. Grijalva
Charles
Rangel
Jared Polis
Jared Polis
John
Tierney
Emmanuel Cleaver II
Emmanuel Cleaver II
Yvette
Clarke
Jose E. Serrano
Jose E. Serrano
Gary Peters
Anna G. Eshoo
Anna G. Eshoo
David
Cicilline
Paul D. Tonko
Paul D. Tonko
Chaka
Fattah
Jackie Speier
Jackie Speier
Michael E.
Capuano
Rosa L. DeLauro
Rosa L. DeLauro
Jim
Langevin
George Miller
George Miller
Michael H.
Michaud
Zoe Lofgren
Zoe Lofgren
Maxine
Waters
Doris O. Matsui
Doris O. Matsui
James P.
Moran
Peter Welsh
Peter Welsh
Eleonor
Holmes-Norton
Carolyne B. Maloney
Carolyne B. Maloney
Bill Foster
Earl Blumenauer
Earl Blumenauer
Lois Capps
Keith Ellison
Keith Ellison
Marcy
Kaptur
Alcee L.
Hastings
John
Yarmuth
Louise M. Slaughter
Louise M. Slaughter
Chellie
Pingree
Donna F. Edwards
Donna F. Edwards
Jim
McDermott
Al Green
Al Green
Ed Pastor
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