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| archivo teleSUR |
Por teleSUR
El primer juicio en Guatemala por genocidio y delitos de lesa humanidad inicia este miércoles contra el dictador Efraín Ríos Montt y su colaborador y exmilitar, Mauricio Rodríguez, acusados por el Ministerio Público de ese país por la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) emitió un comunicado en el que explicaron que “por primera vez en nuestro país, se dicta apertura a juicio por genocidio y delitos contra deberes de humanidad”.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) emitió un comunicado en el que explicaron que “por primera vez en nuestro país, se dicta apertura a juicio por genocidio y delitos contra deberes de humanidad”.
El juez Miguel Ángel Gálvez convocó para este miércoles el debate oral y público con el propósito de que se presenten las pruebas.
Ambas organizaciones querellantes consideran que el proceso judicial es un paso de suma importancia para las miles de personas sobrevivientes de las masacres en Guatemala.
Reza el comunicado emitido por los dos grupos que “valoramos positivamente lo actuado por el Juzgado de Mayor Riesgo B y esperamos que si la defensa de los exgenerales apela a otras instancias, estas actúen apegado a derecho y tomando en cuenta lo ya resuelto”.
De acuerdo con los dos grupos humanitarios, la resolución presentada envía un mensaje de esperanza en la justicia a quienes aún padecen las consecuencias de la guerra civil guatemalteca y a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de 1960 a 1996.
"Esperamos que el caso continúe tramitándose conforme lo establece la ley y pronto podamos tener el juicio contra quienes ordenaron el genocidio en Guatemala", dice el comunicado.
Uno de los abogados defensores de Ríos Montt, Francisco Palomo, manifestó a la prensa local que espera “un juicio justo y no un linchamiento”.
Este es el primer caso en el que un ex jefe de Estado es procesado por los miles de asesinatos cometidos por el Ejército guatemalteco durante la guerra interna de 36 años.
Antes han sido procesados y condenados militares de bajo rango, antiguos paramilitares y policías, por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de "tierra arrasada" sobre poblaciones indígenas a las que acusaba de colaborar con la guerrilla, en el contexto de la Guerra Fría.
Ambas organizaciones querellantes consideran que el proceso judicial es un paso de suma importancia para las miles de personas sobrevivientes de las masacres en Guatemala.
Reza el comunicado emitido por los dos grupos que “valoramos positivamente lo actuado por el Juzgado de Mayor Riesgo B y esperamos que si la defensa de los exgenerales apela a otras instancias, estas actúen apegado a derecho y tomando en cuenta lo ya resuelto”.
De acuerdo con los dos grupos humanitarios, la resolución presentada envía un mensaje de esperanza en la justicia a quienes aún padecen las consecuencias de la guerra civil guatemalteca y a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de 1960 a 1996.
"Esperamos que el caso continúe tramitándose conforme lo establece la ley y pronto podamos tener el juicio contra quienes ordenaron el genocidio en Guatemala", dice el comunicado.
Uno de los abogados defensores de Ríos Montt, Francisco Palomo, manifestó a la prensa local que espera “un juicio justo y no un linchamiento”.
Este es el primer caso en el que un ex jefe de Estado es procesado por los miles de asesinatos cometidos por el Ejército guatemalteco durante la guerra interna de 36 años.
Antes han sido procesados y condenados militares de bajo rango, antiguos paramilitares y policías, por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de "tierra arrasada" sobre poblaciones indígenas a las que acusaba de colaborar con la guerrilla, en el contexto de la Guerra Fría.
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