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| Foto Muca (archivo) |
Decenas de municipios sufren grave crisis alimentaria
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Cientos de familias campesinas pertenecientes a las diferentes organizaciones¹ que conforman la recién creada Plataforma Agraria Regional Campesina del Aguán (PARCA), se movilizaron este 14 de enero para exigir, una vez más, la democratización del acceso a la tierra y la implementación de una reforma agraria integral, que garantice la soberanía alimentaria en el país.
La decisión de crear una Plataforma Agraria responde a la necesidad de darles más contundencia a las demandas del sector campesino del Valle del Aguán, que a partir de 2009 ha venido sufriendo una violenta e incesante represión, acompañada por una criminalización sistemática de su lucha por el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación.
Cientos de familias campesinas pertenecientes a las diferentes organizaciones¹ que conforman la recién creada Plataforma Agraria Regional Campesina del Aguán (PARCA), se movilizaron este 14 de enero para exigir, una vez más, la democratización del acceso a la tierra y la implementación de una reforma agraria integral, que garantice la soberanía alimentaria en el país.
La decisión de crear una Plataforma Agraria responde a la necesidad de darles más contundencia a las demandas del sector campesino del Valle del Aguán, que a partir de 2009 ha venido sufriendo una violenta e incesante represión, acompañada por una criminalización sistemática de su lucha por el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación.
Las organizaciones que integran la Plataforma aseguran que son decenas los campesinos organizados asesinados en el Bajo Aguán, y al menos 3,081 los que han sido procesados en los últimos tres años.
El asesinato el pasado 11 de enero de Luis Antonio Ramos Reyes, de 24 años, y de Manuel Antonio Pérez, de 27 años, ambos pertenecientes al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA), es solamente el último de una serie interminable de ataques contra el campesinado organizado del Bajo Aguán.
Según datos de la FAO, el 40 por ciento de los hondureños no tiene acceso a una alimentación adecuada, 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria afecta a casi el 70 por ciento de la población, es decir a 4.5 millones de personas, con mayor incidencia en el área rural.
Varias organizaciones nacionales estiman que son unas 300 mil las familias campesinas que no tienen acceso a la tierra, y que es urgente buscar una solución a esta dramática situación.
“Hemos venido unificando criterios y acciones para exigirle al gobierno que deje de estar beneficiando y protegiendo solamente a los grandes terratenientes, cuyo interés es la expansión de los monocultivos a gran escala.
Necesitamos de políticas públicas y acciones contundentes, enfocadas a solucionar esta grave problemática que vivimos miles de familias campesinas”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Según Rivas, entre las medidas más urgentes destacan la derogación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la devolución y legalización de las tierras que fueron asignadas para fines de reforma agraria y el respeto al histórico fallo emitido a favor de cientos de familias que integran el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA).
Con este fallo, que ahora los terratenientes y product ores palmeros pretenden revertir, se les restituyó el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra, que venían reclamando desde hace 18 años.
Las organizaciones que integran la Plataforma Agraria exigieron también a las autoridades legislativas y judiciales, la aprobación inmediata de la Ley de Transformación Agraria Integral, cuyo proyecto fue presentado hace más de un año, el cese de la criminalización de la lucha campesina, así como el castigo para los responsables de la violencia y la suspensión de los más de 3 mil juicios incoados contra campesinos y campesinas.
“Nos estamos enfrentando a una crisis agraria, alimentaria y de derechos humanos sin precedentes. No puede haber desarrollo en el país si no se democratiza la tenencia de la tierra, acabando así con un modelo neoliberal excluyente y salvaje, que fue impulsado por las instituciones financieras internacionales, y que sigue profundizando la pobreza. Unidos y movilizados vamos a exigir los cambios estructurales que necesitamos”, concluyó Rivas.
El asesinato el pasado 11 de enero de Luis Antonio Ramos Reyes, de 24 años, y de Manuel Antonio Pérez, de 27 años, ambos pertenecientes al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA), es solamente el último de una serie interminable de ataques contra el campesinado organizado del Bajo Aguán.
Según datos de la FAO, el 40 por ciento de los hondureños no tiene acceso a una alimentación adecuada, 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria afecta a casi el 70 por ciento de la población, es decir a 4.5 millones de personas, con mayor incidencia en el área rural.
Varias organizaciones nacionales estiman que son unas 300 mil las familias campesinas que no tienen acceso a la tierra, y que es urgente buscar una solución a esta dramática situación.
“Hemos venido unificando criterios y acciones para exigirle al gobierno que deje de estar beneficiando y protegiendo solamente a los grandes terratenientes, cuyo interés es la expansión de los monocultivos a gran escala.
Necesitamos de políticas públicas y acciones contundentes, enfocadas a solucionar esta grave problemática que vivimos miles de familias campesinas”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Según Rivas, entre las medidas más urgentes destacan la derogación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la devolución y legalización de las tierras que fueron asignadas para fines de reforma agraria y el respeto al histórico fallo emitido a favor de cientos de familias que integran el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA).
Con este fallo, que ahora los terratenientes y product ores palmeros pretenden revertir, se les restituyó el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra, que venían reclamando desde hace 18 años.
Las organizaciones que integran la Plataforma Agraria exigieron también a las autoridades legislativas y judiciales, la aprobación inmediata de la Ley de Transformación Agraria Integral, cuyo proyecto fue presentado hace más de un año, el cese de la criminalización de la lucha campesina, así como el castigo para los responsables de la violencia y la suspensión de los más de 3 mil juicios incoados contra campesinos y campesinas.
“Nos estamos enfrentando a una crisis agraria, alimentaria y de derechos humanos sin precedentes. No puede haber desarrollo en el país si no se democratiza la tenencia de la tierra, acabando así con un modelo neoliberal excluyente y salvaje, que fue impulsado por las instituciones financieras internacionales, y que sigue profundizando la pobreza. Unidos y movilizados vamos a exigir los cambios estructurales que necesitamos”, concluyó Rivas.
Notas:
¹ Movimiento Campesino del Aguan (MCA), Movimiento Campesino de Vallecito, Movimiento Campesino de Rigores, Movimiento Campesino de Luzón Palmeras, Movimiento Campesino de Orica, Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI), Movimiento Campesino Buenos Aires, Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA), Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, Movimiento Campesino La Danta y Movimiento Campesino del Litoral Atlántico (MCLA)
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