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| elheraldo.hn |
El Congreso de Honduras aprobó el martes una reforma constitucional
que instaura la figura del juicio político que permite enjuiciar a
funcionarios del más alto rango, incluido el presidente, y removerlos de
su cargo, dijeron legisladores.
Con la reforma, el Congreso podrá enjuiciar después de una
investigación al presidente y vicepresidentes, diputados, magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Fiscal Adjunto,
alcaldes y otros funcionarios electos.
La legislación establece que procederá el juicio político contra
un funcionario cuando exista una denuncia grave en el desempeño de su
cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución y el
interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o
incompetencia.
La medida busca evitar crisis como la desatada en el país
centroamericano en el 2009, cuando fue derrocado en un golpe militar el
ex mandatario Manuel Zelaya.
"El juicio político nos evita que vayamos a caer en un conflicto
terrible como el del 2009, cuyas consecuencias fueron terribles no
solamente económica, sino que socialmente", dijo el presidente del
Congreso Nacional, Juan Hernández.
En el 2009, el poder legislativo destituyó a Zelaya después de
que militares lo arrestaron y expatriaron a Costa Rica, cuando se
disponía a realizar una consulta dirigida a convocar a una asamblea
nacional constituyente, que críticos aseguraron pretendía utilizar para
perpetuarse en el poder.
El Congreso dominado en ese episodio por los conservadores
partidos Liberal, en ese entonces en el poder, y el Nacional,
respaldaron el golpe de Estado militar contra Zelaya, aprobando un voto
de censura, pero sin disponer de un procedimiento que los autorizara
para su destitución.
La legislación que permite el juicio político debe ser ratificada
por el Congreso Nacional en la legislatura entrante, que inicia el
viernes.
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