Por Muca
El 10 de diciembre de cada año se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para conmemorarlo, los y las campesinas de todo el país, a través de la Plataforma Agraria, coalición que integra a más de 32 organizaciones (campesinas, cooperativas, indígenas, garífunas, de derechos humanos y organizaciones privadas de desarrollo), vinculadas con la problemática agraria de Honduras, denunciamos y presentamos las pruebas de que en nuestro país se criminaliza la lucha campesina por el acceso a la tierra, violentando los Derechos Humanos, así como también denunciamos el doble discurso del Estado.
El 10 de diciembre de cada año se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para conmemorarlo, los y las campesinas de todo el país, a través de la Plataforma Agraria, coalición que integra a más de 32 organizaciones (campesinas, cooperativas, indígenas, garífunas, de derechos humanos y organizaciones privadas de desarrollo), vinculadas con la problemática agraria de Honduras, denunciamos y presentamos las pruebas de que en nuestro país se criminaliza la lucha campesina por el acceso a la tierra, violentando los Derechos Humanos, así como también denunciamos el doble discurso del Estado.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), considera ofensivo el acto teórico y protocolario del II Congreso en Honduras en el marco del día internacional de los Derechos humanos desarrollado del 6 al 10 de diciembre en Plaza San Carlos de Tegucigalpa por el gobierno de la República a través de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos.
La Plataforma Agraria ha realizado un estudio que demuestra que entre 2010 y 2012 fueron procesados 3,051 campesinos y campesinas en 15 de los 18 departamentos del país. Solamente en uno de los casos se ha dictado condena, José Isabel Morales fue condenado a 20 años de prisión. A ninguno de quienes han ido a juicio le han dado sobreseimiento definitivo, lo que los mantiene bajo medidas cautelares y se vuelve un agravante en una segunda captura. Asimismo más de 70 campesinos/as han sido asesinados sin que los culpables de sus crímenes hayan sido llevados ante la justicia.
La carta Magna hondureña, define en el Artículo 345, que la Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la Nación. Contrariamente a este mandato de la Constitución, el Estado de Honduras no hace nada para evitar que la acción social campesina se convierta en una lucha sangrienta, y durante más de doce años ha sido incapaz de mediar e imponer la Ley por encima de los intereses de los terratenientes, violentando el derecho constitucional y humano de las y los campesinos.
“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en Honduras se niega el derecho a la tierra a los campesinos y campesinas y se nos persigue a través del sistema de justicia que debería defendernos. Este es un proceso de discriminación en cuanto al efecto de la justicia, además estigmatiza y criminaliza la misma exigencia de nuestros derechos. La criminalización de las y los campesinos se constituye desde el propio Estado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos también dicta que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. En Honduras, frente a la agudización del conflicto agrario, la Plataforma ha realizado diversos llamados a los tres poderes del Estado con el objetivo de resolver la problemática estructural agraria, incluso hemos presentando al Congreso Nacional desde noviembre del 2011 una propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral (TAI), pero nuestra opinión no ha sido escuchada; Esta ley ha sido elaborada y consensuada de manera participativa y su elaboración solventaría el problema de injusticia social en el campo, garantizando una distribución justa de los recursos naturales para hombres, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y garífunas.
Rechazamos el doble discurso del Estado en materia de derechos humanos mientras se continúan asesinando campesinos y campesinas bajo un estado de militarización, hostigamiento y amenazas. Demandamos a los tres poderes del Estado: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, despenalizar la lucha campesina por la transformación agraria y liberar a las y los campesinos presos y procesados que no han cometido delito más que exigir el derecho a la tierra.
La Plataforma Agraria ha realizado un estudio que demuestra que entre 2010 y 2012 fueron procesados 3,051 campesinos y campesinas en 15 de los 18 departamentos del país. Solamente en uno de los casos se ha dictado condena, José Isabel Morales fue condenado a 20 años de prisión. A ninguno de quienes han ido a juicio le han dado sobreseimiento definitivo, lo que los mantiene bajo medidas cautelares y se vuelve un agravante en una segunda captura. Asimismo más de 70 campesinos/as han sido asesinados sin que los culpables de sus crímenes hayan sido llevados ante la justicia.
La carta Magna hondureña, define en el Artículo 345, que la Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la Nación. Contrariamente a este mandato de la Constitución, el Estado de Honduras no hace nada para evitar que la acción social campesina se convierta en una lucha sangrienta, y durante más de doce años ha sido incapaz de mediar e imponer la Ley por encima de los intereses de los terratenientes, violentando el derecho constitucional y humano de las y los campesinos.
“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en Honduras se niega el derecho a la tierra a los campesinos y campesinas y se nos persigue a través del sistema de justicia que debería defendernos. Este es un proceso de discriminación en cuanto al efecto de la justicia, además estigmatiza y criminaliza la misma exigencia de nuestros derechos. La criminalización de las y los campesinos se constituye desde el propio Estado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos también dicta que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. En Honduras, frente a la agudización del conflicto agrario, la Plataforma ha realizado diversos llamados a los tres poderes del Estado con el objetivo de resolver la problemática estructural agraria, incluso hemos presentando al Congreso Nacional desde noviembre del 2011 una propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral (TAI), pero nuestra opinión no ha sido escuchada; Esta ley ha sido elaborada y consensuada de manera participativa y su elaboración solventaría el problema de injusticia social en el campo, garantizando una distribución justa de los recursos naturales para hombres, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y garífunas.
Rechazamos el doble discurso del Estado en materia de derechos humanos mientras se continúan asesinando campesinos y campesinas bajo un estado de militarización, hostigamiento y amenazas. Demandamos a los tres poderes del Estado: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, despenalizar la lucha campesina por la transformación agraria y liberar a las y los campesinos presos y procesados que no han cometido delito más que exigir el derecho a la tierra.
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