Por Ofraneh
A
partir del Golpe de Estado, Honduras se convirtió en un laboratorio
político, en donde la ultraderecha viene implementando nuevas leyes
y proyectos encaminados a destruir la soberanía nacional, entregando
la biodiversidad, subastando territorios y aplicando recetas
neocoloniales; con el supuesto propósito de sacar a Honduras de la
pobreza en que se encuentra anclada.
Un indicador de la desfachatez política de los golpistas y sus herederos, es el proyecto del canadiense conocido como el Rey del Porno, quien promueve en Trujillo, un muelle de cruceros panamax bajo el nombre de Banana Coast. el "rey del porno" se afianzó durante el intinirato, período durante el cual obtuvo licencias ambientales para la construcción de su muelle, después de haber logrado bajo la amenaza de expropiación forzosa, la compra de terrenos para el Banana Coast en la comunidad de Río Negro, Trujillo.
A
pesar que el rey del porno, obtuvo para el Banana Coast una
cuestionable Licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental
presentado a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), no explica
de forma coherente donde se ubicarán los más de 800 mil metros
cúbicos de sedimentos que serán extraídos del fondo de la bahía
para lograr que los cruceros de gran calado puedan llegar hasta el
extremo donde se encuentra ubicada la ciudad de Trujillo.
La
comunidad Garífuna de Río Negro fue demolida sin que en ningún
momento a los funcionarios municipales o estatales se les hubiera
ocurrido consultar a los Garífunas de Trujillo, a quienes
simplemente se les obligó a vender bajo la amenaza de expropiación,
enmarcada en una campaña de señalar a los opositores como simples
enemigos del desarrollo.
Tanto
el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos Indígenas - ambos firmados y
ratificados por el Estado de Honduras - señalan la importancia del
derecho a la consulta, previa, libre e informada. Sin embargo, en
Honduras dicho derecho es desconocido por el Estado, quien siempre
impone sus leyes y proyectos desconociendo a los pueblos o
simplemente convirtiendo los procesos de socialización en farsas que
denomina consultas.
Durante
el actual mandato "nacionalista", el Congreso Nacional ha
emitido una serie de Leyes sin en ningún momento haya consultado a
los pueblos indígenas del país. El Plan de País, Proyecto de
Nación, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y los
Decretos para la "Producción de Energía Renovable", son
entre otros parte del rosario de leyes de corte neoliberal con que
los nacionalistas pretende afianzar la condición colonial existente
en Honduras.
Como
uno de los ejemplos clásicos de la ausencia del respeto al Derecho
a la Consulta, se encuentra la construcción de la hidroeléctrica
del Patuca III, la que cambiará la geografía costera, al afectar
los humedales de Brus Laguna e Ibans, además de impactar
directamente al pueblo Tawahka. A pesar que en su momento los cuatro
pueblos indígenas que habitamos en la Moskitia, manifestamos nuestra
oposición a la hidroeléctrica, el Estado de Honduras procedió a la
construcción de la tercera fase.
En
cuanto a las RED o Ciudades Modelo, la celeridad con que fue aprobada
la reformas constitucionales (La Ley y su estatuto) quedó claro como
la abrumadora mayoría "nacionalista¨ y partidos minoritarios,
descartaron el concepto de soberanía para fragmentar el
estado-nación en retazos subastables. La vaporosidad de la ley y su
incierta ubicación, ha permitido que un grupúsculo de pseudo
empresarios se den el lujo de decidir el futuro de la nación y sus
ciudadanos.
Desde
la emisión de la Ley RED, tanto el ejecutivo como el legislativo han
dejado entrever que el territorio Garífuna que se encuentra al este
de Trujillo, pasaría a conformar una de las Ciudad Modelo. De esta
manera el infausto proyecto ocuparía la franja donde se encuentran
ubicadas las comunidades donde más preservada se encuentra la
cultura Garífuna.
El
pueblo Garífuna en ningún momento ha sido consultado sobre las
Ciudades Modelo, avecinándose una vez más la violación del
Convenio 169 de la OIT, el que para los integrantes del Congreso
Nacional, no es más que papel mojado, que no ha sido regulado por
esa entidad, como han pretendido en varias ocasiones, sin tomar en
cuenta que los Convenios Internacionales se encuentran sobre las
leyes nacionales, como afirma el Tratado de Viena (1969).
Existe
por parte del Estado de Honduras una campaña dirigida a destruir la
condición de indígenas que poseemos los Garífunas, para
convertirnos en simples afrodescendientes. La posible explicación a
esta singular moción -la que no tiene sustentación antropológica
alguna - es eludir los convenios y tratados internacionales que
asumió el Estado con los derechos de los pueblos indígenas, para
así proceder a una piñata con el territorio Garífuna.
Desde
la emisión de la Ley de Propiedad, concebida y financiada por el
Banco Mundial, existe una predisposición sobre la atomización de
los territorios de los pueblos indígenas y la disolución de la
propiedad comunitaria. Con la Ley RED se pone de manifiesto la
apropiación de lo que podemos denominar la última frontera en
centroamérica. La franja entre Trujillo (Honduras) y Limón (Costa
Rica) es un bastión de biodiversidad con una baja densidad de
población. Desde la explotación que se pretende de hidrocarburos,
la apropiación de la riqueza forestal, la destrucción de humedales
y la producción de enormes plantaciones de agrocombustibles, el
Caribe mesoamericano se convierte en una presa para los capitales
especulativos.
La
OFRANEH exige al Estado de Honduras respeto a los territorios
ancestrales de las comunidades Garífunas, así como la aplicación
del derecho a la consulta previa libre e informada del cual tenemos
derecho como pueblo.
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