Por César Jerez-Agencia Prensa Rural
Joaquín Pérez Becerra fue condenado por el juez séptimo penal del
circuito de Bogotá por "incurrir en el delito de concierto para
delinquir agravado", el mismo juez lo absolvió por el delito de
financiación del terrorismo.
Según el abogado Rodolfo Ríos, se presentaron serias irregularidades
en este proceso, ya que se utilizaron pruebas de la Operación Fénix que
fueron declaradas ilegales por parte de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Los abogados indicaron que apelarán el fallo proferido por el juez de
la República y que llegarán a las últimas instancias judiciales para
demostrar la inocencia de Joaquín Pérez.
Joaquín Pérez Becerra es un comunicador, director y editor de la
Agencia de Noticias Nueva Colombia -ANNCOL. Es un perseguido político de
siempre, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica que
dejó a miles de compatriotas asesinados por el terrorismo de Estado. Por
esa persecución se vió obligado a salir del país a finales del año 93,
en calidad de exiliado hacia Suecia, país que le otorgó posteriormente
la ciudadanía.
El 23 de abril de 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía cuando ingresaba a Venezuela procedente de Alemania. La
captura se efectuó por un supuesto requerimiento de la Policía
Internacional (INTERPOL).
El día 25 de abril de 2011, el Estado venezolano extraditó
irregularmente a Joaquín hacia Colombia por petición del presidente Juan
Manuel Santos, violando así los derechos que tiene Joaquín como
refugiado político.
Ya en Colombia Joaquín afrontó un proceso por concierto para
delinquir y financiación de grupos terroristas, cargos basados en
pruebas que incautaron sin cadena de custodia las fuerzas armadas en el
computador del abatido comandante guerrillero Raúl Reyes, en territorio
ecuatoriano durante la Operación Fénix. Pruebas que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en fallo del 18 de mayo de 2011, declaró
ilegales. Joaquín se encuentra recluido en el establecimiento de orden
nacional (ERON La Picota) de Bogotá.
Desde La Picota física y pública Joaquín acaba de manifestar que su
condena obedece a “un fallo político que demuestra que la justicia
colombiana no es independiente, aceptando pruebas amañadas,
extemporáneas y contaminadas de la fiscalía. Es un atentado contra la
libre expresión y al derecho a la sociedad a estar objetivamente
informada. Invito a los medios alternativos a no dejarse intimidar por
este fallo emitido por el juez 7 especializado.
No soy un criminal, soy
un prisionero de conciencia que siempre me he opuesto a las
desigualdades sociales y al terrorismo de Estado en Colombia. Con
entusiasmo saludo el compromiso del gobierno de Santos y las Farc para
transitar por caminos del diálogo hacia una paz estable y duradera”.
La libertad de expresión, de comunicar, de conciencia, como derecho
político, debe estar en el centro de las conversaciones de paz que
Joaquín Pérez saluda desde la fría prisión. Precisamente será este
proceso el que deberá garantizar la inclusión política, fundamental para
el ejercicio de la política en la transición que todo el país anhela.
Desde acá nuestra solidaridad para Joaquín y los miles de presos
políticos colombianos, para todas y todos ellos exigimos libertad.
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