Se trata del tercer desalojo que sufre esta organización campesina
desde el pasado 17 de abril. En esa fecha, la agrupación inició un
proceso de recuperación de tierras.
El desalojo de este martes se produjo en el departamento de Cortés,
ubicado a unos 250 kilómetros de la capital hondureña de Tegucigalpa.
Vale decir que la organización había decidido semanas atrás ocupar
unas 4 mil 252 manzanas de tierras. Esta determinación estaba amparada
por una resolución del Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras.
Según esta entidad, las tierras pertenecen al Estado hondureño.
Dichos terrenos se encuentran actualmente ocupados ilegalmente por
empresas privadas.
Además, el Movimiento Campesino también denuncia que el sector
terrateniente del país explota las tierras amparados en la Ley de
Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.
Sin embargo, señalan que dicha normativa es inconstitucional por
contraponerse a la reforma agraria de la actual Constitución Nacional.
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Red Morazánica de Información
Con destrucción, represión y golpes
recibieron el día los campesinos del Movimiento Campesino San Manuel,
quienes a tempranas horas de la mañana fueron brutalmente reprimidos y
desalojados de los predios que desde hace algunas semanas mantenían
ocupados, reclamando al Estado la adjudicación de estas tierras en el
Municipio de San Manuel, Cortés.
En menos de 2 horas, el juez que conoce del caso, José Antonio Barahona y
la fiscal Marlina Corea, en confabulación con las empresas nacionales y
transnacionales dedicadas a la siembra y procesamiento de la caña de
azúcar, procedieron a emitir la orden de desalojo, nombrando como juez
ejecutor a un Comisionado de la Policía, Reinaldo Rubio Peña, el que
movilizó hacia el lugar de la toma a cientos de agentes de la policía
preventiva, escuadrón Cobras, miembros del ejército, que ejecutaron la
orden destruyendo las estructuras que los campesinos habían construido, los
insumos para la siembra de la tierra y todo lo que se encontraron por
enfrente.
Producto de la desmedida represión se encuentran detenidos al menos 21
campesinos, de los cuales 18 son mujeres, 1 menor de edad y un campesino de
la tercera edad.
Contrario a lo difundido por las corporaciones mediáticas, la dirigencia
campesina sostiene que las tierras recuperadas son de carácter nacional y
las empresas las ocupan ilegalmente, por lo que la brutal acción de esta
mañana es igualmente ilegal y no descartan acciones legales en contra de la
policía, empresas azucareras y el propio Estado.
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