500 familias campesinas desalojadas en Honduras

Por ALBA TV

Se trata del tercer desalojo que sufre esta organización campesina desde el pasado 17 de abril. En esa fecha, la agrupación inició un proceso de recuperación de tierras.

El desalojo de este martes se produjo en el departamento de Cortés, ubicado a unos 250 kilómetros de la capital hondureña de Tegucigalpa.

Tras la agresión, el Movimiento Campesino expresó mediante un comunicado que fueron desalojados "brutalmente" por "un fuerte contingente de policías y militares". Asimismo, el texto señala que la mayoría de los detenidos son mujeres.

Vale decir que la organización había decidido semanas atrás ocupar unas 4 mil 252 manzanas de tierras. Esta determinación estaba amparada por una resolución del Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras.

Según esta entidad, las tierras pertenecen al Estado hondureño. Dichos terrenos se encuentran actualmente ocupados ilegalmente por empresas privadas.

Además, el Movimiento Campesino también denuncia que el sector terrateniente del país explota las tierras amparados en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Sin embargo, señalan que dicha normativa es inconstitucional por contraponerse a la reforma agraria de la actual Constitución Nacional.

-----

Red Morazánica de Información 

Con destrucción, represión y golpes recibieron el día los campesinos del Movimiento Campesino San Manuel, quienes a tempranas horas de la mañana fueron brutalmente reprimidos y desalojados de los predios que desde hace algunas semanas mantenían ocupados, reclamando al Estado la adjudicación de estas tierras en el Municipio de San Manuel, Cortés.

En menos de 2 horas, el juez que conoce del caso, José Antonio Barahona y la fiscal Marlina Corea, en confabulación con las empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la siembra y procesamiento de la caña de azúcar, procedieron a emitir la orden de desalojo, nombrando como juez ejecutor a un Comisionado de la Policía, Reinaldo Rubio Peña, el que movilizó hacia el lugar de la toma a cientos de agentes de la policía preventiva, escuadrón Cobras, miembros del ejército, que ejecutaron la orden destruyendo las estructuras que los campesinos habían construido, los insumos para la siembra de la tierra y todo lo que se encontraron por enfrente. 

Producto de la desmedida represión se encuentran detenidos al menos 21 campesinos, de los cuales 18 son mujeres, 1 menor de edad y un campesino de la tercera edad. 

Contrario a lo difundido por las corporaciones mediáticas, la dirigencia campesina sostiene que las tierras recuperadas son de carácter nacional y las empresas las ocupan ilegalmente, por lo que la brutal acción de esta mañana es igualmente ilegal y no descartan acciones legales en contra de la policía, empresas azucareras y el propio Estado.