Recalcitrante posición del gobierno de facto. La Policía reprime nuevamentePor Giorgio Trucchi - Rel-UITA
“La montaña parió un ratón”, podría ser ese el título más adecuado para describir la primera jornada del “Diálogo Guaymuras”, nombre impuesto por el gobierno de facto que ha monopolizado la agenda y el protocolo de esta primera sesión, en la que participaron las delegaciones del gobierno de facto, del presidente Manuel Zelaya y la comisión de alto nivel de la OEA.
Movilizaciones en toda la capital fueron brutalmente reprimidas por la Policía y el Ejército, mientras que a las 51 personas acusadas de sedición por la toma del Instituto Nacional Agrario (INA) se les otorgó medidas cautelares y están libres.
La que se esperaba fuera una jornada histórica para el pueblo hondureño se convirtió en un show mediático minuciosamente preparado por el gobierno de facto.
Ante un impresionante e inexplicable despliegue policial arrancó ayer, 7 de octubre, el Diálogo de Guaymuras. En esta primera sesión tomaron la palabra el canciller de facto Carlos López Contrera, el delegado del presidente Manuel Zelaya, Victor Meza, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, poniendo en evidencia una significativa distancia entre las partes.
Si para la OEA y la delegación del presidente Zelaya resulta imperativo retomar el Plan Arias, restituir al presidente Manuel Zelaya y tomar en consideración el proceso electoral sólo después de la restauración de la institucionalidad en el país, para el gobierno de facto el único objetivo parece ser la legitimación internacional de las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.
Terminantes las palabras usadas por el presidente de facto Roberto Micheletti, quien durante su encuentro con la misión de la OEA descartó la restitución del presidente Zelaya, volvió a plantear la posibilidad de dejar el cargo a cambio de que se nombrara una tercera persona y advirtió que cualquier resolución tendrá que enmarcarse en la Constitución y en las leyes de Honduras.
Micheletti dijo también que como jefe de gobierno no podía asumir compromisos en nombre de otros poderes del Estado, y que “no hay forma para detener las elecciones, a menos que utilicen la fuerza y nos invadan”.
Por su lado, el secretario general de la OEA remarcó la importancia de que se reconozcan algunas realidades, como por ejemplo que la remoción de un Presidente constitucional para normalizar la situación en el país no ha sido una medida efectiva, más bien después de más de 100 días la situación sigue insostenible.
Invitó a reconocer la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que las elecciones sean rechazadas por el continente y por el mundo, y pidió que se restablezcan las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios que fueron clausurados, que las delegaciones tengan la capacidad para adoptar acuerdos vinculantes y la fijación de plazos claros y breves para lograr acuerdos, entre otros.
José Manuel Insulza pidió también que el diálogo se enfrente sin intenciones ocultas y de buena voluntad, dejando a un lado los prejuicios y los temores.
La Resistencia se integra pero critica el diálogo
En un comunicado dado a conocer después de la primera sesión del diálogo, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado reafirmó su convicción en que “el diálogo es el método más adecuado para solucionar diferencias y, como muestra de nuestra voluntad para encontrar una solución a la actual crisis política, hemos aceptado enviar un representante, nuestro compañero coordinador general, Juan Barahona, al mal llamado “Diálogo Guaymuras” convocado por el régimen de facto.
Sin embargo –continúa el comunicado– para que cualquier diálogo sea viable, debe ser sincero y reunir condiciones mínimas para su realización, fuera de las cuales es imposible”.
Para la Resistencia, que aclaró estar participando como contraparte y no como delegado del presidente Zelaya, no es posible dialogar cuando no se ha publicado en La Gaceta la derogación del Estado de Sitio, continúan los asesinatos de sus miembros, se está procesando por sedición y se persigue a decenas de personas, como es el caso de los campesinos que por tres meses efectuaron una toma pacífica del Instituto Nacional Agrario (INA), quienes en la tarde de ayer, 7 de septiembre, fueron liberados concediéndoles medidas cautelares, y los indígenas que pidieron asilo en la embajada de Guatemala.
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado insistió en que hay que terminar con la persecución a los medios de comunicación que no comparten las ideas del gobierno de facto y quitar el cerco militar alrededor de la embajada de Brasil.
“Mientras estas condiciones continúen, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no podrá participar con sus representantes en el mal llamado diálogo –dijo Juan Barahona al concluir la primera sesión–.
Por el momento acordamos solamente cuál va a ser la agenda para los próximos días. Son tres puntos: analizar el Acuerdo de San José, cuyo primer punto es la restitución del presidente Zelaya. Si no hay acuerdo se pasaría a estudiar cambios a este acuerdo y el último es crear las condiciones para un nuevo pacto político y social.
Para nosotros –continuó Barahona– no es negociable la restitución incondicional del presidente Zelaya, ni la exigencia de que sean castigados los golpistas, ni la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente. La sociedad hondureña y la comunidad internacional han entendido la dimensión de este conflicto y nuestra lucha por revertir este golpe de Estado.
Permitir que este golpe se consolide en Honduras es consentir que ocurra lo mismo en otros países del continente, porque su objetivo es parar los procesos de cambio que hay en marcha.
Soy escéptico, pero en los próximos días vamos a ver si se quiere dar una verdadera solución a la crisis o si se trata de un show político, que tiene como fin fortalecer la farsa electoral con la que pretenden legitimar a los candidatos golpistas”, concluyó el coordinador de la Resistencia.
Represión y más represión
Mientras en un hotel capitalino se llevaba a cabo la primera sesión del diálogo, de manera burda y desconsiderada la Policía y el Ejército reprimían con uso de gases lacrimógenos y balas de goma la movilización de centenares de personas, que se habían concentrado frente a la embajada estadounidense y que querían marchar hacia la embajada de Guatemala, donde han pedido asilo doce miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Pese a la represión, en varios puntos de la capital la gente salió espontáneamente a manifestarse contra el golpe de Estado.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se tomaron el Boulevard Suyapa quemando llantas y desafiando a las autoridades, mientras que una larga caravana de vehículos recorrió las principales arterias de Tegucigalpa, concentrándose frente a uno de los retenes militares en las cercanías de la embajada de Brasil. También en este caso los cuerpos especiales de la Policía intervinieron para desalojar a los manifestantes, amenazándolos con usar gases lacrimógenos.
Por la noche, miles de personas en los diferentes barrios de la capital dieron vida al “cacerolazo”, saliendo a la calle con sus cacerolas y pidiendo la inmediata restitución del presidente Zelaya.
Movilizaciones en toda la capital fueron brutalmente reprimidas por la Policía y el Ejército, mientras que a las 51 personas acusadas de sedición por la toma del Instituto Nacional Agrario (INA) se les otorgó medidas cautelares y están libres.
La que se esperaba fuera una jornada histórica para el pueblo hondureño se convirtió en un show mediático minuciosamente preparado por el gobierno de facto.
Ante un impresionante e inexplicable despliegue policial arrancó ayer, 7 de octubre, el Diálogo de Guaymuras. En esta primera sesión tomaron la palabra el canciller de facto Carlos López Contrera, el delegado del presidente Manuel Zelaya, Victor Meza, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, poniendo en evidencia una significativa distancia entre las partes.
Si para la OEA y la delegación del presidente Zelaya resulta imperativo retomar el Plan Arias, restituir al presidente Manuel Zelaya y tomar en consideración el proceso electoral sólo después de la restauración de la institucionalidad en el país, para el gobierno de facto el único objetivo parece ser la legitimación internacional de las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.
Terminantes las palabras usadas por el presidente de facto Roberto Micheletti, quien durante su encuentro con la misión de la OEA descartó la restitución del presidente Zelaya, volvió a plantear la posibilidad de dejar el cargo a cambio de que se nombrara una tercera persona y advirtió que cualquier resolución tendrá que enmarcarse en la Constitución y en las leyes de Honduras.
Micheletti dijo también que como jefe de gobierno no podía asumir compromisos en nombre de otros poderes del Estado, y que “no hay forma para detener las elecciones, a menos que utilicen la fuerza y nos invadan”.
Por su lado, el secretario general de la OEA remarcó la importancia de que se reconozcan algunas realidades, como por ejemplo que la remoción de un Presidente constitucional para normalizar la situación en el país no ha sido una medida efectiva, más bien después de más de 100 días la situación sigue insostenible.
Invitó a reconocer la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que las elecciones sean rechazadas por el continente y por el mundo, y pidió que se restablezcan las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios que fueron clausurados, que las delegaciones tengan la capacidad para adoptar acuerdos vinculantes y la fijación de plazos claros y breves para lograr acuerdos, entre otros.
José Manuel Insulza pidió también que el diálogo se enfrente sin intenciones ocultas y de buena voluntad, dejando a un lado los prejuicios y los temores.
La Resistencia se integra pero critica el diálogo
En un comunicado dado a conocer después de la primera sesión del diálogo, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado reafirmó su convicción en que “el diálogo es el método más adecuado para solucionar diferencias y, como muestra de nuestra voluntad para encontrar una solución a la actual crisis política, hemos aceptado enviar un representante, nuestro compañero coordinador general, Juan Barahona, al mal llamado “Diálogo Guaymuras” convocado por el régimen de facto.
Sin embargo –continúa el comunicado– para que cualquier diálogo sea viable, debe ser sincero y reunir condiciones mínimas para su realización, fuera de las cuales es imposible”.
Para la Resistencia, que aclaró estar participando como contraparte y no como delegado del presidente Zelaya, no es posible dialogar cuando no se ha publicado en La Gaceta la derogación del Estado de Sitio, continúan los asesinatos de sus miembros, se está procesando por sedición y se persigue a decenas de personas, como es el caso de los campesinos que por tres meses efectuaron una toma pacífica del Instituto Nacional Agrario (INA), quienes en la tarde de ayer, 7 de septiembre, fueron liberados concediéndoles medidas cautelares, y los indígenas que pidieron asilo en la embajada de Guatemala.
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado insistió en que hay que terminar con la persecución a los medios de comunicación que no comparten las ideas del gobierno de facto y quitar el cerco militar alrededor de la embajada de Brasil.
“Mientras estas condiciones continúen, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no podrá participar con sus representantes en el mal llamado diálogo –dijo Juan Barahona al concluir la primera sesión–.
Por el momento acordamos solamente cuál va a ser la agenda para los próximos días. Son tres puntos: analizar el Acuerdo de San José, cuyo primer punto es la restitución del presidente Zelaya. Si no hay acuerdo se pasaría a estudiar cambios a este acuerdo y el último es crear las condiciones para un nuevo pacto político y social.
Para nosotros –continuó Barahona– no es negociable la restitución incondicional del presidente Zelaya, ni la exigencia de que sean castigados los golpistas, ni la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente. La sociedad hondureña y la comunidad internacional han entendido la dimensión de este conflicto y nuestra lucha por revertir este golpe de Estado.
Permitir que este golpe se consolide en Honduras es consentir que ocurra lo mismo en otros países del continente, porque su objetivo es parar los procesos de cambio que hay en marcha.
Soy escéptico, pero en los próximos días vamos a ver si se quiere dar una verdadera solución a la crisis o si se trata de un show político, que tiene como fin fortalecer la farsa electoral con la que pretenden legitimar a los candidatos golpistas”, concluyó el coordinador de la Resistencia.
Represión y más represión
Mientras en un hotel capitalino se llevaba a cabo la primera sesión del diálogo, de manera burda y desconsiderada la Policía y el Ejército reprimían con uso de gases lacrimógenos y balas de goma la movilización de centenares de personas, que se habían concentrado frente a la embajada estadounidense y que querían marchar hacia la embajada de Guatemala, donde han pedido asilo doce miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Pese a la represión, en varios puntos de la capital la gente salió espontáneamente a manifestarse contra el golpe de Estado.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se tomaron el Boulevard Suyapa quemando llantas y desafiando a las autoridades, mientras que una larga caravana de vehículos recorrió las principales arterias de Tegucigalpa, concentrándose frente a uno de los retenes militares en las cercanías de la embajada de Brasil. También en este caso los cuerpos especiales de la Policía intervinieron para desalojar a los manifestantes, amenazándolos con usar gases lacrimógenos.
Por la noche, miles de personas en los diferentes barrios de la capital dieron vida al “cacerolazo”, saliendo a la calle con sus cacerolas y pidiendo la inmediata restitución del presidente Zelaya.
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