Un pueblo en situación de emergenciaPor Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó su segundo informe sobre violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado, “Rostros y Cifras de la Represión”, en el que se evidencia la brutalidad del régimen de facto en su intento por acallar las diferentes expresiones de resistencia contra el golpe del pasado 28 de junio.
Según los datos presentados por Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización surgida al inicio de la “Década Perdida” de los años ochenta, cuando en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación al los derechos humanos reportados por esta organización.
Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, diez de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la Resistencia y once presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares.
A lo largo de 115 días se produjeron también tres atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas.
Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, dos intentos de secuestro, 114 acusados políticos –cinco de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseido en forma provisional–, diez allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cuatro atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADEH y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el Informe del COFADEH registró 27 casos de violación a la libertad los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de tres programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20 mil hondureños, y una escalada represiva que limitó de forma indefinida la libertad de la población a asociarse y manifestar.
“Confieso que al escribir este informe me he sentido turbada –expresó Bertha Oliva–.
Quizás porque me había hecho a la idea de que en este largo proceso de las últimas décadas habíamos logrado al menos pocos y relativos avances en materia de derechos humanos; pero soy una ilusa.
A más de 100 días de aquella fecha fatídica del 28 de junio que sacudió las entrañas del COFADEH –continuó Oliva– sabemos que estamos ante un violento retroceso de 25 o 30 años, quizas más.
Conocedores de los efectos de la dictadura militar asumimos que no era un hecho aislado, sino que estábamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, o sea que la dictadura ha llegado para quedarse en la región.
Ante esta situación –advirtió la coordinadora del COFADEH– es imprescindible prepararse, porque igual que en el pasado somos depositarias de lágrimas, de angustias, de dolor y de desesperanzas, pero más aún de desesperación”.
Oliva explicó también estar sumamente preocupada por el ataque directo de la dictadura contra el gremio magisterial, que se ha materializado con asesinatos, persecuciones, detenciones ilegales y arbitrarias, retención de cuotas de los colegios magisteriales, levantamiento de perfiles, requerimientos a través del Ministerio Público para abrirles juicio.
También los jóvenes han sido objeto de represión y ya son muchos los que han sido secuestrados, torturados y asesinados, mientras que varios han tenido que abandonar el país.
“Con pruebas documentales en nuestro poder estamos afirmando ante el mundo que en el país vivimos una situación de emergencia. Por tal razón, apelamos ante la comunidad internacional para que permanezca vigilante y observante, para acompañar el desafío de ver juzgados a los perpetradores de los crímines de lesa humanidad”, sentenció Bertha Oliva, no sin antes denunciar las amenazas y el hostigamiento al que está sometido el COFADEH por el régimen de facto, al quererle cancelar su personería jurídica.
“No necesitamos de personería jurídica para buscar la verdad, acompañar a los que sufren, denunciar ante el mundo las barbaries que estamos viviendo. Esta dictadura pretende acallarnos, pero no lo va a lograr. Podrán callarnos la voz, pero no los ideales, ni el pensamiento. Mientras más nos reprimen, más fuerza agarramos”, concluyó.
Según los datos presentados por Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización surgida al inicio de la “Década Perdida” de los años ochenta, cuando en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación al los derechos humanos reportados por esta organización.
Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, diez de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la Resistencia y once presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares.
A lo largo de 115 días se produjeron también tres atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas.
Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, dos intentos de secuestro, 114 acusados políticos –cinco de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseido en forma provisional–, diez allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cuatro atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADEH y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el Informe del COFADEH registró 27 casos de violación a la libertad los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de tres programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20 mil hondureños, y una escalada represiva que limitó de forma indefinida la libertad de la población a asociarse y manifestar.
“Confieso que al escribir este informe me he sentido turbada –expresó Bertha Oliva–.
Quizás porque me había hecho a la idea de que en este largo proceso de las últimas décadas habíamos logrado al menos pocos y relativos avances en materia de derechos humanos; pero soy una ilusa.
A más de 100 días de aquella fecha fatídica del 28 de junio que sacudió las entrañas del COFADEH –continuó Oliva– sabemos que estamos ante un violento retroceso de 25 o 30 años, quizas más.
Conocedores de los efectos de la dictadura militar asumimos que no era un hecho aislado, sino que estábamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, o sea que la dictadura ha llegado para quedarse en la región.
Ante esta situación –advirtió la coordinadora del COFADEH– es imprescindible prepararse, porque igual que en el pasado somos depositarias de lágrimas, de angustias, de dolor y de desesperanzas, pero más aún de desesperación”.
Oliva explicó también estar sumamente preocupada por el ataque directo de la dictadura contra el gremio magisterial, que se ha materializado con asesinatos, persecuciones, detenciones ilegales y arbitrarias, retención de cuotas de los colegios magisteriales, levantamiento de perfiles, requerimientos a través del Ministerio Público para abrirles juicio.
También los jóvenes han sido objeto de represión y ya son muchos los que han sido secuestrados, torturados y asesinados, mientras que varios han tenido que abandonar el país.
“Con pruebas documentales en nuestro poder estamos afirmando ante el mundo que en el país vivimos una situación de emergencia. Por tal razón, apelamos ante la comunidad internacional para que permanezca vigilante y observante, para acompañar el desafío de ver juzgados a los perpetradores de los crímines de lesa humanidad”, sentenció Bertha Oliva, no sin antes denunciar las amenazas y el hostigamiento al que está sometido el COFADEH por el régimen de facto, al quererle cancelar su personería jurídica.
“No necesitamos de personería jurídica para buscar la verdad, acompañar a los que sufren, denunciar ante el mundo las barbaries que estamos viviendo. Esta dictadura pretende acallarnos, pero no lo va a lograr. Podrán callarnos la voz, pero no los ideales, ni el pensamiento. Mientras más nos reprimen, más fuerza agarramos”, concluyó.
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