Piden diálogo, pero siguen reprimiendo al pueblopor Giorgio Trucchi Rel-UITA
El Decreto Ejecutivo ilegal promulgado por el gobierno de facto ha venido a abrir una primera fisura en la granítica unidad exhibida hasta ahora por los sectores económicos y políticos que han orquestado el golpe de Estado.
Una sorpresiva propuesta de diálogo presentada por la empresa privada surge en un contexto de constante violación de los derechos de aquellos sectores del pueblo hondureño que rehúsan aceptar el quiebre institucional del pasado 28 de junio.
Por segundo día consecutivo la Resistencia no pudo realizar su habitual marcha por las vías de Tegucigalpa. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo que sigue cercenando las libertades individuales y colectivas de la población, y que parece ser un nuevo y desestabilizante error del gobierno de facto de Roberto Micheletti, más de 200 efectivos fuertemente armados cerraron la salida a los centenares de personas que confluyeron ante la Universidad Pedagógica.
Además de ser ilegal por su publicación en la Gaceta Oficial antes de su aprobación por parte del Congreso Nacional, el decreto abrió un profundo debate entre los sectores que han orquestado y aprobado el golpe de Estado.
Mientras los diputados y los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales pedían a Micheletti que reconsiderara el contenido de dicho decreto y la comunidad internacional reclamaba una solución definitiva a la grave crisis originada por el golpe de Estado, de forma sorpresiva la empresa privada presentó una propuesta que retoma algunos de los puntos contenidos en el Acuerdo de San José y que deja al presidente Manuel Zelaya sin ningún instrumento real para gobernar.
En esa propuesta, presentada por el conocido empresario Adolfo Facussé, se aceptaría la restitución del presidente Manuel Zelaya en la Presidencia, pero condicionada a que se someta de inmediato a los tribunales de justicia.
Los nuevos Ministros serían nombrados por los partidos políticos en proporción de los votos obtenidos en las últimas elecciones y podrían ser removidos solamente con el voto de dos tercios del Congreso, mientras que el mando de las Fuerzas Armadas estaría a cargo del gabinete de gobierno.
Una fuerza multinacional, integrada por unos 3 mil militares o policías de Canadá, Panamá y Colombia vigilaría el cumplimiento del acuerdo, y la comunidad internacional debería respaldar incondicionalmente el desarrollo de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Roberto Micheletti pasaría a ocupar un puesto de diputado con la garantía de un escaño vitalicio.
En las próximas horas se esperan reacciones por parte del presidente Zelaya y el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
Diálogo y represión
Mientras la palabra “diálogo” sigue llenando los titulares de los principales medios controlados por los poderes económicos de Honduras, la represión contra el pueblo hondureño no cesa ni un solo instante.
Ayer, 29 de septiembre, efectivos de la Policía llegaron al Instituto Nacional Agrario (INA) con la aparente intención de ejecutar el desalojo de los miembros de las organizaciones campesinas y sindicales que desde hace tres meses mantienen una toma pacífica de la institución.
“Pese a las constantes amenazas, las organizaciones campesinas y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) nos mantenemos firmes en nuestra resistencia contra el golpe de Estado –declaró a Sirel Samuel Sánchez, miembro del SITRAINA, organización afiliada a la UITA–.
Nos hemos tomado las instalaciones del INA en todo el país y pedimos el respaldo internacional por cualquier cosa que pueda ocurrir en las próximas horas. Vamos hasta el final y sabemos que la UITA y otras instancias internacionales nos van a brindar su apoyo”.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) y el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) informaron que “Nuestra presencia en el INA es la única forma de garantizar los derechos de los campesinos, porque con esta toma estamos protegiendo el cumplimiento del Decreto 18/2008, con el que se va a resolver el tema de la mora agraria, beneficiando con títulos de propiedad a más de 300 mil campesinos –dijo Ramón Navarro del COCOCH–.
Hemos sufrido persecución y represión, y nosotros, los campesinos, nos hemos rebelado contra un gobierno ilegal y despótico. Estamos aquí cuidando los expedientes de miles de campesinos porque no creemos que un gobierno usurpador pueda desarrollar una verdadera reforma agraria.
Hemos recuperado la tierra para producir alimentos, la hemos abonado con la sangre de nuestro pueblo –continuó Navarro– y no vamos a permitir que nos avasallen más. Nuestro movimiento es parte del frente de resistencia y si nos van a desalojar la lucha no termina aquí, sino que nos vamos a movilizar de otra manera”, concluyó.
Ofensiva judicial
El intento de detener la resistencia contra el golpe de Estado se ha trasladado también a los tribunales, donde decenas de fiscales y abogados conscientes están tratando de contrarrestar la ola represiva contra quienes se manifiestan contra el gobierno de facto.
Ayer, martes 29, varias personas que fueron desalojadas frente a la embajada de Brasil fueron acusadas de sedición y enviadas a la cárcel.
En el caso de Agustina Flores López, hermana de Bertha Cáceres, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la dirección colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, el sólo hecho de ser parte de la Resistencia ha sido clasificado por la juez como sedición.
“Ha sido capturada y golpeada salvajemente, y ahora la quieren condenar sin ningún tipo de prueba. Estamos ante un experimento de este gobierno de facto para tratar de desarticular la resistencia imponiendo el terror y el miedo –dijo Noelia Núñez, abogada de Flores López–.
La justicia aquí está cada día más ciega. Un sistema inquisidor y opresor y para nada garantista que en este, como en muchos otros casos, considera las personas peligrosas sólo por el hecho de integrar el movimiento de resistencia contra el golpe.
Me siento indignada como persona y profesional. Le rechazaron las medidas sustitutivas y la enviaron a la cárcel –concluyó Núñez– y es una clara señal que le están enviando a la Resistencia y a su hermana como dirigente popular”.
Una sorpresiva propuesta de diálogo presentada por la empresa privada surge en un contexto de constante violación de los derechos de aquellos sectores del pueblo hondureño que rehúsan aceptar el quiebre institucional del pasado 28 de junio.
Por segundo día consecutivo la Resistencia no pudo realizar su habitual marcha por las vías de Tegucigalpa. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo que sigue cercenando las libertades individuales y colectivas de la población, y que parece ser un nuevo y desestabilizante error del gobierno de facto de Roberto Micheletti, más de 200 efectivos fuertemente armados cerraron la salida a los centenares de personas que confluyeron ante la Universidad Pedagógica.
Además de ser ilegal por su publicación en la Gaceta Oficial antes de su aprobación por parte del Congreso Nacional, el decreto abrió un profundo debate entre los sectores que han orquestado y aprobado el golpe de Estado.
Mientras los diputados y los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales pedían a Micheletti que reconsiderara el contenido de dicho decreto y la comunidad internacional reclamaba una solución definitiva a la grave crisis originada por el golpe de Estado, de forma sorpresiva la empresa privada presentó una propuesta que retoma algunos de los puntos contenidos en el Acuerdo de San José y que deja al presidente Manuel Zelaya sin ningún instrumento real para gobernar.
En esa propuesta, presentada por el conocido empresario Adolfo Facussé, se aceptaría la restitución del presidente Manuel Zelaya en la Presidencia, pero condicionada a que se someta de inmediato a los tribunales de justicia.
Los nuevos Ministros serían nombrados por los partidos políticos en proporción de los votos obtenidos en las últimas elecciones y podrían ser removidos solamente con el voto de dos tercios del Congreso, mientras que el mando de las Fuerzas Armadas estaría a cargo del gabinete de gobierno.
Una fuerza multinacional, integrada por unos 3 mil militares o policías de Canadá, Panamá y Colombia vigilaría el cumplimiento del acuerdo, y la comunidad internacional debería respaldar incondicionalmente el desarrollo de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Roberto Micheletti pasaría a ocupar un puesto de diputado con la garantía de un escaño vitalicio.
En las próximas horas se esperan reacciones por parte del presidente Zelaya y el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
Diálogo y represión
Mientras la palabra “diálogo” sigue llenando los titulares de los principales medios controlados por los poderes económicos de Honduras, la represión contra el pueblo hondureño no cesa ni un solo instante.
Ayer, 29 de septiembre, efectivos de la Policía llegaron al Instituto Nacional Agrario (INA) con la aparente intención de ejecutar el desalojo de los miembros de las organizaciones campesinas y sindicales que desde hace tres meses mantienen una toma pacífica de la institución.
“Pese a las constantes amenazas, las organizaciones campesinas y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) nos mantenemos firmes en nuestra resistencia contra el golpe de Estado –declaró a Sirel Samuel Sánchez, miembro del SITRAINA, organización afiliada a la UITA–.
Nos hemos tomado las instalaciones del INA en todo el país y pedimos el respaldo internacional por cualquier cosa que pueda ocurrir en las próximas horas. Vamos hasta el final y sabemos que la UITA y otras instancias internacionales nos van a brindar su apoyo”.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) y el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) informaron que “Nuestra presencia en el INA es la única forma de garantizar los derechos de los campesinos, porque con esta toma estamos protegiendo el cumplimiento del Decreto 18/2008, con el que se va a resolver el tema de la mora agraria, beneficiando con títulos de propiedad a más de 300 mil campesinos –dijo Ramón Navarro del COCOCH–.
Hemos sufrido persecución y represión, y nosotros, los campesinos, nos hemos rebelado contra un gobierno ilegal y despótico. Estamos aquí cuidando los expedientes de miles de campesinos porque no creemos que un gobierno usurpador pueda desarrollar una verdadera reforma agraria.
Hemos recuperado la tierra para producir alimentos, la hemos abonado con la sangre de nuestro pueblo –continuó Navarro– y no vamos a permitir que nos avasallen más. Nuestro movimiento es parte del frente de resistencia y si nos van a desalojar la lucha no termina aquí, sino que nos vamos a movilizar de otra manera”, concluyó.
Ofensiva judicial
El intento de detener la resistencia contra el golpe de Estado se ha trasladado también a los tribunales, donde decenas de fiscales y abogados conscientes están tratando de contrarrestar la ola represiva contra quienes se manifiestan contra el gobierno de facto.
Ayer, martes 29, varias personas que fueron desalojadas frente a la embajada de Brasil fueron acusadas de sedición y enviadas a la cárcel.
En el caso de Agustina Flores López, hermana de Bertha Cáceres, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la dirección colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, el sólo hecho de ser parte de la Resistencia ha sido clasificado por la juez como sedición.
“Ha sido capturada y golpeada salvajemente, y ahora la quieren condenar sin ningún tipo de prueba. Estamos ante un experimento de este gobierno de facto para tratar de desarticular la resistencia imponiendo el terror y el miedo –dijo Noelia Núñez, abogada de Flores López–.
La justicia aquí está cada día más ciega. Un sistema inquisidor y opresor y para nada garantista que en este, como en muchos otros casos, considera las personas peligrosas sólo por el hecho de integrar el movimiento de resistencia contra el golpe.
Me siento indignada como persona y profesional. Le rechazaron las medidas sustitutivas y la enviaron a la cárcel –concluyó Núñez– y es una clara señal que le están enviando a la Resistencia y a su hermana como dirigente popular”.
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