Proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca sigue paralizado. Policías y militares resguardan
instalaciones de las empresas y arrecian hostigamiento contra comunidades
indígenas
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Tres meses después del inicio
de la protesta contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A.
de C.V. (DESA) sobre el río
Gualcarque, y realizado, entre otros, con
fondos del Bcie (Banco
Interamericano de Integración Económica), las comunidades indígenas lencas que
defienden su territorio ancestral y exigen el retiro inmediato del proyecto,
denuncian la profundización del hostigamiento y la represión de parte de
militares y policías. Asimismo, amenazan con arreciar la protesta, si las
empresas y las instituciones públicas continúan haciendo caso omiso a sus
demandas.
“Luego de mi
detención la represión ha ido subiendo de tono y se ha vuelto más agresiva
y violenta. El gobierno ha enviado a la zona de Río Blanco a efectivos de la
Fuerza de Tarea Xatruch – la misma que opera en el Bajo Aguán – y de la recién
constituida Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial
(Tigres)”, explicó Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh (Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), a este corresponsal.
Las comunidades indígenas
lencas han repetidamente votado en contra de este proyecto durante los cabildos
abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el
marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales.
“Ante la resistencia de la
población, la respuesta enfurecida de la empresa y del gobierno, a través de la SAG
(Secretaría de Agricultura y Ganadería), la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente)
y el ICF (Instituto de Conservación Forestal), ha llegado al colmo de que
se han emitido órdenes de captura contra el presidente del Consejo Indígena,
Francisco Javier Sánchez, su vice Lucío Sánchez y otros líderes comunitarios”,
explicó Cáceres.
Según el Copinh, que acompaña a
las comunidades indígenas en su lucha, este proyecto hidroeléctrico estaría
siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general
es Javier Atala, quien el año
pasado suscribió
un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial
de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía
renovable.
Entre las empresas que están ejecutando el proyecto se mencionan a la
compañía contratista de capital chino Sinohydro
– la cual fue recientemente
sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los
empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de
construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith
Hydro, que ganó
un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
Actualmente,
centenares de personas mantienen cerrado el paso a las maquinarias de la
empresa. “En el territorio de Intibucá no han podido trabajar sobre el río Gualcarque
y las comunidades han continuado a reunirse en asambleas indígenas, donde han
reiterado su posición de no querer ninguna negociación con DESA, que se le cancele
la concesión ilegal que se le ha otorgado, así como que salgan las fuerzas
represivas y que se respete el Convenio 169”, subrayó la dirigente indígena.
Cáceres dijo
también que se van a acusar judicialmente a las autoridades municipales que se han involucrado en el proyecto, pasando
por encima de la voluntad expresa de los pobladores.
“En los últimos
días hay fuertes cateos en toda la zona, control de vehículo y de los buses, vigilancia, hostigamientos,
levantamiento de perfiles con fotos y videos y hasta amenaza de nuevas capturas
y desalojos. Asimismo, el Batallón de Ingenieros y la
Policía han estado asediando
e incursionando a las viviendas, a los solares, militarizando el centro de La
Tejera, y rodeando a las personas que se mantienen en la toma de la carretera.
Es una verdadera cacería”, apuntó la coordinadora del Copinh.
Según Cáceres, en Río Blanco hay “una guerra de baja intensidad y
contrainsurgente contra las comunidades indígenas y su lucha. En Honduras estamos
en una etapa muy peligrosa, donde las fuerzas que dieron el golpe de Estado se
han fortalecido e institucionalizado, y donde se sigue criminalizando la lucha
y la protesta social”, argumentó.
Ante esta situación, la dirigente indígena, quien fue sobreseída de
forma provisional por los supuestos y no probados delitos de portación ilegal
de armas y por atentar contra la seguridad interna del Estado, hizo un llamado
a la solidaridad nacional e internacional “para que haga suya esta demanda del
pueblo lenca”, y se dirija a todas las instancias del gobierno y a los tres
poderes del Estado “exigiendo el respeto de sus derechos ancestrales y el fin
de la militarización y la represión”, concluyó Cáceres.
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| Copinh |
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