Por Radio Progreso
La criminalización y orden de captura contra 18 ambientalistas del campamento de Guapinol en Tocoa, Colón, al norte de Honduras, refleja la decisión más violenta del Estado, al permitir que un Juzgado con competencia nacional territorial, lleve la acusación contra una población que está defendiendo bienes de la naturaleza, asegura el abogado penalista y ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjivar Rosales.
Estos juzgados fueron creados con el objetivo de reducir la mora judicial y juzgar especialmente a personas acusadas de tráfico de armas, drogas, órganos y otros crímenes de alto impacto. Sin embargo, en 2017 se aprobó una reforma a la ley que avala estos tribunales. La reforma incluye el delito de usurpación.
La criminalización y orden de captura contra 18 ambientalistas del campamento de Guapinol en Tocoa, Colón, al norte de Honduras, refleja la decisión más violenta del Estado, al permitir que un Juzgado con competencia nacional territorial, lleve la acusación contra una población que está defendiendo bienes de la naturaleza, asegura el abogado penalista y ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjivar Rosales.
Estos juzgados fueron creados con el objetivo de reducir la mora judicial y juzgar especialmente a personas acusadas de tráfico de armas, drogas, órganos y otros crímenes de alto impacto. Sin embargo, en 2017 se aprobó una reforma a la ley que avala estos tribunales. La reforma incluye el delito de usurpación.






































