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Por Carmen Quintela | Plaza Pública
En la tarde del martes, la fotografía de una carta con membrete de la Dirección General de Migración firmada el tres de septiembre comenzó a circular por redes sociales. En ella se ponía sobre papel el temor de muchos, después de que el viernes pasado, el presidente Jimmy Morales anunciara que no solicitaría la renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a la Organización de Naciones Unidas.
“En cumplimiento a la disposición comunicada por el Presidente de la República de Guatemala hago de su conocimiento que por razones de orden y seguridad pública, el señor Iván Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional”, se expone en la carta, firmada por Raquel María Vicente, coordinadora de la subdirección de control migratorio, y dirigida a los jefes delegados de migración.
El Organismo Ejecutivo sacó un comunicado en el que confirmó la filtración, tres horas después y tras la presión de periodistas, que demandaban una conferencia de prensa que finalmente nunca se dio. En el documento se expone que el Ministerio de Relaciones Exteriores promovió un diálogo ante Naciones Unidas para solucionar las preocupaciones “sobre el actuar del comisionado de la Cicig”. Y añade que, después de un año, “por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten”.
El Ejecutivo aduce que “ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas”, el Consejo de Seguridad Nacional realizó “un análisis profundo en el marco de la seguridad y el orden público, y en consenso, recomendó al mandatario “prohibir el ingreso a territorio nacional” de Velásquez. Lo consideran una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, lo que, dicen, afecta a la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país. Morales solicitó a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que designe al sustituto de Velásquez.
Es fundamental saber quién conforma el Consejo de Seguridad Nacional para entender la objetividad o no del análisis que elaboró. La entidad, encargada de definir políticas y estrategias y asesorar al presidente en la toma de decisiones en materia de seguridad, está integrada por el Jafeth Cabrera, vicepresidente; Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores; Enrique Degenhart, ministro de Gobernación; Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa Nacional; Mario Duarte, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y José Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación.
Y también es importante recordar que en mayo de este año, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad se blindó, a través de una resolución de la Unidad de Información Pública, para no dar información relacionada con temas sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
La carta de la Dirección General de Migración fue firmada el 3 de septiembre. Ese mismo día, Iván Velásquez salió de Guatemala. El comisionado viajó a Washington el lunes para mantener una serie de reuniones ya previstas con anterioridad, según Matías Ponce, vocero de la Cicig, que no confirma la fecha de regreso prevista. Por ahora, se limita a responder que será en los próximos días.
La Fiscal General, María Consuelo Porras, también salió del país el mediodía del martes, minutos antes de que se filtrara el documento y, supuestamente, desconociendo las acciones que tomaría el presidente. Porras, que participa en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, emitió un comunicado pasadas las seis de la tarde, asegurando que “se mantiene vigilante” y que garantiza que el personal de la fiscalía procederá “en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos”.
Ricardo Guzmán Loyo, ex viceministro de seguridad durante este Gobierno, señaló ayer que la orden dada por Morales es ilegal, puesto que la ley no le otorga mando sobre el Instituto Guatemalteco de Migración, que es una entidad descentralizada.
La decisión de Morales se suma a una serie de acciones que ha llevado a cabo este año con el fin debilitar a la agencia de Naciones Unidas: el retiro en marzo de 11 agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil que estaban asignados a la CICIG, al que se sumó en julio el de 20 agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil asignados a la seguridad perimetral de la Comisión; y el viernes, la decisión de no renovar el mandato de la CICIG.
Son determinaciones que el mandatario toma en un escenario que le pone una vez más contra las cuerdas y en el que el Morales no es un actor neutral. Una solicitud de antejuicio en su contra actualmente se analiza en un Congreso acosado como el presidente por la persecución anticorrupción y en el que varios diputados tratan de aprobar a las carreras una reforma a la Ley de en Materia de Antejuicio que busca que el Legislativo conozca estas solicitudes en primera instancia. Esto agilizaría el retiro de inmunidad de quienes no se han doblegado en la lucha contra la impunidad: algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral o del Procurador de Derechos Humanos, entre otros cargos.
En la tarde del martes, la fotografía de una carta con membrete de la Dirección General de Migración firmada el tres de septiembre comenzó a circular por redes sociales. En ella se ponía sobre papel el temor de muchos, después de que el viernes pasado, el presidente Jimmy Morales anunciara que no solicitaría la renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a la Organización de Naciones Unidas.
“En cumplimiento a la disposición comunicada por el Presidente de la República de Guatemala hago de su conocimiento que por razones de orden y seguridad pública, el señor Iván Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional”, se expone en la carta, firmada por Raquel María Vicente, coordinadora de la subdirección de control migratorio, y dirigida a los jefes delegados de migración.
El Organismo Ejecutivo sacó un comunicado en el que confirmó la filtración, tres horas después y tras la presión de periodistas, que demandaban una conferencia de prensa que finalmente nunca se dio. En el documento se expone que el Ministerio de Relaciones Exteriores promovió un diálogo ante Naciones Unidas para solucionar las preocupaciones “sobre el actuar del comisionado de la Cicig”. Y añade que, después de un año, “por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten”.
El Ejecutivo aduce que “ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas”, el Consejo de Seguridad Nacional realizó “un análisis profundo en el marco de la seguridad y el orden público, y en consenso, recomendó al mandatario “prohibir el ingreso a territorio nacional” de Velásquez. Lo consideran una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, lo que, dicen, afecta a la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país. Morales solicitó a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que designe al sustituto de Velásquez.
Es fundamental saber quién conforma el Consejo de Seguridad Nacional para entender la objetividad o no del análisis que elaboró. La entidad, encargada de definir políticas y estrategias y asesorar al presidente en la toma de decisiones en materia de seguridad, está integrada por el Jafeth Cabrera, vicepresidente; Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores; Enrique Degenhart, ministro de Gobernación; Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa Nacional; Mario Duarte, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y José Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación.
Y también es importante recordar que en mayo de este año, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad se blindó, a través de una resolución de la Unidad de Información Pública, para no dar información relacionada con temas sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
La carta de la Dirección General de Migración fue firmada el 3 de septiembre. Ese mismo día, Iván Velásquez salió de Guatemala. El comisionado viajó a Washington el lunes para mantener una serie de reuniones ya previstas con anterioridad, según Matías Ponce, vocero de la Cicig, que no confirma la fecha de regreso prevista. Por ahora, se limita a responder que será en los próximos días.
La Fiscal General, María Consuelo Porras, también salió del país el mediodía del martes, minutos antes de que se filtrara el documento y, supuestamente, desconociendo las acciones que tomaría el presidente. Porras, que participa en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, emitió un comunicado pasadas las seis de la tarde, asegurando que “se mantiene vigilante” y que garantiza que el personal de la fiscalía procederá “en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos”.
Ricardo Guzmán Loyo, ex viceministro de seguridad durante este Gobierno, señaló ayer que la orden dada por Morales es ilegal, puesto que la ley no le otorga mando sobre el Instituto Guatemalteco de Migración, que es una entidad descentralizada.
La decisión de Morales se suma a una serie de acciones que ha llevado a cabo este año con el fin debilitar a la agencia de Naciones Unidas: el retiro en marzo de 11 agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil que estaban asignados a la CICIG, al que se sumó en julio el de 20 agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil asignados a la seguridad perimetral de la Comisión; y el viernes, la decisión de no renovar el mandato de la CICIG.
Son determinaciones que el mandatario toma en un escenario que le pone una vez más contra las cuerdas y en el que el Morales no es un actor neutral. Una solicitud de antejuicio en su contra actualmente se analiza en un Congreso acosado como el presidente por la persecución anticorrupción y en el que varios diputados tratan de aprobar a las carreras una reforma a la Ley de en Materia de Antejuicio que busca que el Legislativo conozca estas solicitudes en primera instancia. Esto agilizaría el retiro de inmunidad de quienes no se han doblegado en la lucha contra la impunidad: algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral o del Procurador de Derechos Humanos, entre otros cargos.
Desobediencia a la CC
La prohibición del que Iván Velásquez ingrese en Guatemala desobedece la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 18 de octubre de 2017, en la que se amparó en definitiva a Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, a Álvaro Montenegro y Elvyn Díaz, después de que apelaran la decisión de Jimmy Morales de declarar non grato a Iván Velásquez y ordenar su inmediata expulsión del país, revocando su visa.
En la resolución, el Tribunal Constitucional expuso en su momento que conforme al artículo 12 del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, “cualquier controversia relacionada a la interpretación o aplicación del Acuerdo, debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido; por lo que, no es factible que por medio de una nota diplomática se restrinjan o condicionen las funciones del Comisionado y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”.
En relación a la revocación de la visa en 2017, los magistrados expusieron que esta “se hizo en exigencia de requisitos formales no establecidos en las normativas que regulan la materia, siendo consecuencia lógica de esa revocación la posible expulsión del país”.
También indicaron que después de la petición de la Corte, Alicia Virginia Castillo Sosa, Viceministra de Relaciones Exteriores informó que se había dispuesto restablecer la vigencia de la visa otorgada a Iván Velásquez el dos de octubre de dos mil diecisiete, “por lo que al respecto —concluía— no se emitirá orden alguna”.
Previendo los pasos de Jimmy Morales, este fin de semana, el abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Alertaba de dos amenazas. La primera, que el mandatario denegara o demorara la renovación de la visa del comisionado, que vence el 18 de septiembre próximo. La segunda, que girase instrucciones o provocara un estatus migratorio “que permitiera la ejecución de actos y medidas tendientes a expulsar al comisionado de la CICIG del territorio de la República de Guatemala”. Las amenazas también se extendían a la ministra Sandra Jovel.
El tribunal resolvió el lunes por la noche que la acción carecía de materia sobre la que resolver, por lo que se suspendía en definitiva el trámite del amparo. En los considerandos de la resolución, los magistrados añadieron un punto en el que hicieron referencia a los informes circunstanciados remitidos por las autoridades denunciadas. Destacaba el de Jimmy Morales, que entrecomillaba: “las amenazas no son ciertas ni determinadas, ni hay indicios que se vayan a materializar”. Esta fue la clave para que la corte constitucional no advirtiera los indicios suficientes que demostraran los hechos que denunció Carrillo.
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana explica que la Corte de Constitucionalidad toma tres condiciones para conceder un amparo por amenazas: la futuridad, la certeza y la inminencia de las mismas. En este caso, los magistrados no consideraron que existiera la amenaza que Carrillo denunció, porque había un amparo previo, el de 2017, que impedía al presidente tomar represalias contra Iván Velásquez. "La corte incurrió en un error de apreciación", precisa Orellana, que no cree que Morales se vea perjudicado por haber mentido en su informe circunstanciado.
Lo que sí considera es que para el mandatario haber violado el primer amparo puede tener "consecuencias muy graves", que podrían, incluso, acarrear su destitución.
"Es una posibilidad real, pero tomaría un buen tiempo", concluye.
Alexander Aizenstatd, también constitucionalista, comparte el criterio de Orellana: no existe un fundamento legal razonable para la decisión tomada por Jimmy Morales, que además de desobedecer la resolución de la CC, violó de nuevo el acuerdo de la CICIG. El artículo seis del mismo indica que el Gobierno garantizará la libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala de los miembros de la Comisión y el décimo, que el comisionado disfrutará de la exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros.
Según Aizenstatd, la Corte de Constitucionalidad puede responder ahora en dos vías. La primera, enviar un aviso a un juzgado penal o al Ministerio Público para que revise la posible comisión de un delito. La segunda, anular la resolución que impide el ingreso del comisionado. El abogado recuerda que la corte actuó de oficio en una única ocasión: en el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías.
Sin embargo, por ahora, en el Tribunal Constitucional confirmaron que se pronunciarán únicamente a través de los fallos de los recursos que se vayan presentando. A lo largo de la tarde del martes, se plantearon cuatro acciones legales para evitar que Velásquez no pueda entrar a Guatemala. Tres solicitudes de debida ejecución —una de Alfonso Carrillo, otra de Álvaro Montenegro y Elvyn Díaz y una tercera del procurador Jordán Rodas—, y un amparo en una única instancia de Alfonso Carrillo.
Además, la Corte de Constitucionalidad también ingresó dos amparos contra la decisión de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG. Uno de Aníbal García, del movimiento Libre, y otro de Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack.
Las solicitudes de debida ejecución demandan a la Corte asistencia para que se ejecuten los amparos dictados en 2017. Montenegro y Díaz señalan que los actos del presidente “pretenden violentar y evadir los amparos provisionales otorgados y tienen los mismos efectos y objetivo que la declaratoria de persona non grata al Comisionado y la orden de expulsión del país”. Por ello, dicen, debe ordenarse a las autoridades que se abstengan de cumplir o ejecutar acciones encaminadas a provocar el no ingreso o la salida del país de Velásquez.
Jordán Rodas, que ayer por la tarde ofreció una conferencia de prensa para explicar la acción presentada y posicionarse sobre el tema, aseguró que la decisión de Morales “raya en un ilícito penal”.
El procurador cuestionó el pilar sobre el que se basa la decisión de Morales: el hecho de que el gobierno agotara todas las vías de diálogo con Naciones Unidas. “Yo estuve días antes de que el llegara a Naciones Unidas. Y lo que supe después es que solo fue a dejar notas de periódicos, pero pruebas contundentes no hay. Quizás él quería que le hicieran caso cuando fue a pedir la remoción del comisionado Iván Velásquez, pero una negociación no es ir a imponer las condiciones de una parte”, remarcó.
Ante la desobediencia de Morales, son varias las personas que consideran que, políticamente, la decisión de Jimmy Morales continúa abriendo la puerta —que comenzócon su decisión de no renovar el mandato de la CICIG— para un autogolpe de Estado. El propio Jordán Rodas dijo que “con mucha preocupación, hay semejanzas” al autogolpe llevado a cabo por Jorge Serrano Elías en 1993.
“(Morales tiene) una actitud prepotente. Recordemos la presencia en cercanías de la CICIG de vehículos militares, también estuvieron merodeando la Corte de Constitucionalidad. Hoy en la mañana hubo la noticia de que a esta corte se le cortó el fluido eléctrico… Son síntomas muy preocupantes en una democracia”, declaró Rodas, y añadió que el sector privado organizado debería pronunciarse, al igual que los ministros del gobierno. “Se requieren voces críticas”, concluyó.
La pelota está ahora en manos del Tribunal Constitucional. El Procurador Jordán Rodas solicitó que “dada la gravedad de la situación”, la Corte demandara los informes circunstanciados en un plazo de tres horas. Sin embargo, según Santiago Palomo, vocero de la instancia, los magistrados no sesionaron el martes por la noche. Dependerá de ellos decidir cuándo convocarán a sesión para conocer los recursos planteados.
Múltiples miembros de la comunidad internacional se han pronunciado con una cascada de comunicados o apariciones públicas contra la decisión de Morales en las últimas horas, incluyendo miembros del Congreso estadounidense, pero no lo ha hecho aún la Embajada de los Estados Unidos, uno de los actores más influyentes en la crisis que vive el país desde 2015 y que ahora parece vacilar ante las presiones contradictorias que recibe el Departamento de Estado.
Fuente: Plaza Pública
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