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| The Guardian |
Por Pierre Gottiniaux | CADTM/ALAI
Recientemente estalló un escándalo político en Puerto Rico que ha conducido a la población a ocupar las calles con manifestaciones de varios miles de personas en torno a un lema: «¡Ricky renuncia!», «¡Ricardo, dimite!». Se lo piden a Ricardo Rosselló, actual gobernador de la isla.
El 11 de julio, una fuente anónima, publicó los mensajes personales de la cuenta de Telegram (equivalente al Whatsapp) de este gobernador ligado a Donald Trump. Dos días más tarde, el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico los publicaba en internet, revelando así unos mensajes con un fuerte contenido misógino y homófobo, que correspondían al gobernador Rosselló y a numerosos políticos locales de su entorno. Dos de ellos renunciaron inmediatamente después de esa publicación, uno de los cuales era el secretario de Estado Luis Rivera Marín. Pero eso no fue suficiente para calmar la cólera de la población, que había comenzado a reunirse en las calles desde el momento en que estalló el escándalo.
Las manifestaciones alcanzaron el máximo de asistencia el miércoles 17 de julio, con cerca de 100.000 personas en las calles de San Juan, la capital de Puerto Rico. Fue el momento en que el consorcio de periodistas reveló una «red de corrupción de varios millones de dólares», involucrando a varias sociedades públicas.
Desde 2016, Puerto Rico se halla bajo el control de un Consejo de Supervisión Financiera (Financial oversight board), instaurado por la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) aprobada durante el gobierno de Obama. El objetivo de ese consejo de representantes, no elegidos, es poner en marcha un plan de pago a los acreedores de la isla, principalmente a los grandes fondos de inversión estadounidenses. Para ello, se está aplicando un plan de austeridad radical que incluye el cierre de escuelas, enormes recortes en las pensiones, y sobre todo, la ausencia total de inversiones en la economía local, las infraestructuras y las políticas sociales.
Fue en este contexto, descrito perfectamente por la Doctrina del shock de Naomí Klein, que la isla sufrió, por dos veces seguidas, el paso de unos huracanes que originaron enormes destrozos, matando a más de 3.000 personas y destruyendo la red eléctrica. Se necesitaron 11 meses para restablecer la corriente en toda la isla, lo que hizo aumentar bastante el número de decesos causados por el huracán, la falta de mantenimiento de la red eléctrica y las catastróficas acciones efectuadas en la gestión de esa crisis. Las revelaciones del consorcio de periodistas confirman ampliamente este último punto.
Aunque la red eléctrica es propiedad de la empresa pública PREPA (Puerto Rican Electric Power Authority), ésta firmó para su restauración un contrato con una empresa que no tenía ninguna experiencia en la región, pero que tenía estrechos lazos con el secretario del ministerio del Interior Ryan Zinke. El contrato terminó siendo anulado, y un nuevo contrato se firmó con una empresa ligada al gigante de las energías fósiles Mammoth Energy Services, a pesar de que la situación de la isla y su exposición frente a los huracanes han demostrado, con total claridad, que Puerto Rico necesita disponer de una producción local de energía.
Ricardo Rosselló no resistirá mucho a esta ola de descontento. Sus adversarios políticos ya están preparando un recurso para intentar poner en marcha una moción de destitución del gobernador (impeachment). Pero eso no arregla el daño hecho, y no cambiará el programa del Consejo de Supervisión Financiera que proseguirá en su camino de austeridad, a favor de los acreedores de la isla. Éstos obtienen enormes beneficios, mientras la temporada de huracanas comienza de nuevo.
El 11 de julio, una fuente anónima, publicó los mensajes personales de la cuenta de Telegram (equivalente al Whatsapp) de este gobernador ligado a Donald Trump. Dos días más tarde, el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico los publicaba en internet, revelando así unos mensajes con un fuerte contenido misógino y homófobo, que correspondían al gobernador Rosselló y a numerosos políticos locales de su entorno. Dos de ellos renunciaron inmediatamente después de esa publicación, uno de los cuales era el secretario de Estado Luis Rivera Marín. Pero eso no fue suficiente para calmar la cólera de la población, que había comenzado a reunirse en las calles desde el momento en que estalló el escándalo.
Las manifestaciones alcanzaron el máximo de asistencia el miércoles 17 de julio, con cerca de 100.000 personas en las calles de San Juan, la capital de Puerto Rico. Fue el momento en que el consorcio de periodistas reveló una «red de corrupción de varios millones de dólares», involucrando a varias sociedades públicas.
Desde 2016, Puerto Rico se halla bajo el control de un Consejo de Supervisión Financiera (Financial oversight board), instaurado por la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) aprobada durante el gobierno de Obama. El objetivo de ese consejo de representantes, no elegidos, es poner en marcha un plan de pago a los acreedores de la isla, principalmente a los grandes fondos de inversión estadounidenses. Para ello, se está aplicando un plan de austeridad radical que incluye el cierre de escuelas, enormes recortes en las pensiones, y sobre todo, la ausencia total de inversiones en la economía local, las infraestructuras y las políticas sociales.
Fue en este contexto, descrito perfectamente por la Doctrina del shock de Naomí Klein, que la isla sufrió, por dos veces seguidas, el paso de unos huracanes que originaron enormes destrozos, matando a más de 3.000 personas y destruyendo la red eléctrica. Se necesitaron 11 meses para restablecer la corriente en toda la isla, lo que hizo aumentar bastante el número de decesos causados por el huracán, la falta de mantenimiento de la red eléctrica y las catastróficas acciones efectuadas en la gestión de esa crisis. Las revelaciones del consorcio de periodistas confirman ampliamente este último punto.
Aunque la red eléctrica es propiedad de la empresa pública PREPA (Puerto Rican Electric Power Authority), ésta firmó para su restauración un contrato con una empresa que no tenía ninguna experiencia en la región, pero que tenía estrechos lazos con el secretario del ministerio del Interior Ryan Zinke. El contrato terminó siendo anulado, y un nuevo contrato se firmó con una empresa ligada al gigante de las energías fósiles Mammoth Energy Services, a pesar de que la situación de la isla y su exposición frente a los huracanes han demostrado, con total claridad, que Puerto Rico necesita disponer de una producción local de energía.
Ricardo Rosselló no resistirá mucho a esta ola de descontento. Sus adversarios políticos ya están preparando un recurso para intentar poner en marcha una moción de destitución del gobernador (impeachment). Pero eso no arregla el daño hecho, y no cambiará el programa del Consejo de Supervisión Financiera que proseguirá en su camino de austeridad, a favor de los acreedores de la isla. Éstos obtienen enormes beneficios, mientras la temporada de huracanas comienza de nuevo.
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