A juzgados especializados en crimen organizado llevarán a ambientalistas hondureños
Por Radio Progreso
La criminalización y orden de captura contra 18 ambientalistas del campamento de Guapinol en Tocoa, Colón, al norte de Honduras, refleja la decisión más violenta del Estado, al permitir que un Juzgado con competencia nacional territorial, lleve la acusación contra una población que está defendiendo bienes de la naturaleza, asegura el abogado penalista y ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjivar Rosales.
Estos juzgados fueron creados con el objetivo de reducir la mora judicial y juzgar especialmente a personas acusadas de tráfico de armas, drogas, órganos y otros crímenes de alto impacto. Sin embargo, en 2017 se aprobó una reforma a la ley que avala estos tribunales. La reforma incluye el delito de usurpación.
“Los encargados de hacer las detenciones y las investigaciones son militares” a través de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), apunta el abogado. Esta dependencia aplica procedimientos que colisionan fuertemente con una práctica correcta del proceso penal apegado a las garantías y respeto de los derechos humanos.
Los 18 ambientalistas de Guapinol en Colón son acusados por el delito de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Según el expediente 148-2018, se ordena la captura de 18 personas. Entre ellas: Juan López, coordinador del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Reinaldo Domínguez, líder comunitario de Guapinol, Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, Orbin Hernández, líder del Sector San Pedro y Carlos Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y corresponsal de Radio Progreso. Ésta orden judicial incluye el desalojo del campamento de Guapinol.
La criminalización y orden de captura contra 18 ambientalistas del campamento de Guapinol en Tocoa, Colón, al norte de Honduras, refleja la decisión más violenta del Estado, al permitir que un Juzgado con competencia nacional territorial, lleve la acusación contra una población que está defendiendo bienes de la naturaleza, asegura el abogado penalista y ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjivar Rosales.
Estos juzgados fueron creados con el objetivo de reducir la mora judicial y juzgar especialmente a personas acusadas de tráfico de armas, drogas, órganos y otros crímenes de alto impacto. Sin embargo, en 2017 se aprobó una reforma a la ley que avala estos tribunales. La reforma incluye el delito de usurpación.
“Los encargados de hacer las detenciones y las investigaciones son militares” a través de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), apunta el abogado. Esta dependencia aplica procedimientos que colisionan fuertemente con una práctica correcta del proceso penal apegado a las garantías y respeto de los derechos humanos.
Los 18 ambientalistas de Guapinol en Colón son acusados por el delito de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Según el expediente 148-2018, se ordena la captura de 18 personas. Entre ellas: Juan López, coordinador del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Reinaldo Domínguez, líder comunitario de Guapinol, Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, Orbin Hernández, líder del Sector San Pedro y Carlos Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y corresponsal de Radio Progreso. Ésta orden judicial incluye el desalojo del campamento de Guapinol.
Un campamento que resiste
Hace casi 70 días la gente decidió instalarse en un campamento de resistencia para impedir que la empresa continuara con los trabajos mineros. Sólo con la apertura de la calle la empresa provocó daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Estos daños fueron constatados en agosto de 2018 por el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Ingeomin y el Instituto de Conservación Forestal, ICF.
La concesión minera abarca 200 hectáreas de tierra y afecta a más de 14 comunidades de la zona alta de Tocoa, según el Comité Ambientalista. La ciudadanía ha denunciado que la concesión minera para la extracción de hierro le pertenecía a la familia Rivera Maradiaga 'Los Cachiros', reconocidos narcotraficantes. Dos de sus líderes guardan prisión en Estados Unidos.
¿Cómo el Estado de Honduras pudo otorgar una concesión minera a una organización criminal como Los Cachiros? ¿y cómo el empresario Lenir Pérez, pudo obtener la concesión que estaba en manos de los narcotraficantes? Interrogantes que hace la ciudadanía y que las autoridades responden con represión y criminalización.
En un cabildo abierto realizado en agosto de 2016, el actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, reconoció públicamente que la concesión minera que tiene Lenir Pérez era de los narcotraficantes. Además, aseguró ser amigo de los Rivera Maradiaga por las ayudas económicas que recibía.
Según la ciudadanía, esa no era la única concesión minera en manos de Los Cachiros. Hay otras que se encuentran en etapa de exploración y que han terminado en manos de empresarios y políticos reconocidos del departamento.
Desde el 13 de septiembre está librada una orden de captura contra 18 líderes ambientalistas de Guapinol. La tensión en el campamento está a flor de piel. La gente sabe que su lucha es fundamental para la sobrevivencia en un municipio que cuenta con más de 3 mil 500 hectáreas destinadas para la explotación minera. Además un sector que libra una lucha contra el monocultivo de palma africana y la tenencia de la tierra en pocas manos.
“Aquí no cabe el delito de usurpación”, afirma el abogado Menjivar Rosales. Oponerse a un proyecto minero o hidroeléctrico como lo está haciendo la gente de Tocoa, no constituye delito. “Esto podría llamarse terrorismo de Estado”, dice el abogado asegurando que el gobierno de Hernández, está mandando un mensaje claro de intimidación a la toda la población que se pone a la instalación del modelo extractivista.
“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”
Parafraseando la canción popular de la argentina Liliana Felipe, la ciudadanía de Tocoa, sostiene que la lucha contra la instalación minera continuará. Que las acciones de criminalización del Estado, es el fuego que mantiene viva la llama de la indignación en un país donde el 35 por ciento de su territorio ha sido concesionado para la explotación minera, según organizaciones ambientalistas.
“Está claro que quieren acusarnos como si fuéramos terroristas o narcotraficantes”, dice Juana Esquivel, defensora de derechos humanos de la Fundación San Alonso Rodríguez. La fundación acompaña junto a la iglesia católica y Copa, a las comunidades en la defensa de los derechos humanos, naturales y la promoción de la justicia.
Estas organizaciones han sido víctimas de una campaña de desprestigio por parte de la empresa Inversiones Los Pinares, empresarios, autoridades municipales y nacionales que promueven la minería como única alternativa para desarrollar las comunidades, denuncian.
Como parte de esa estrategia de desprestigio e intimidación, la coordinadora de la Fundación San Alonzo Juana Esquivel, Juan López de la parroquia San Isidro Labrador y Leonel George de Copa, integrante también de la Red de Corresponsales de Radio Progreso, aparecen en la lista de personas con orden de captura junto a otros líderes comunitarios de la zona.
“Exigimos que prevalezca la justicia y el derecho en su máxima expresión”, más que la legalidad dice Juan López del Comité Ambientalista. La legalidad es la que permite que los proyectos mineros se instalen en las comunidades a pesar del rechazo ciudadano. “El Ministerio Público tiene que investigar cómo se han otorgado estas concesiones”, denuncia Juan.
Hay una orden desalojo y captura contra líderes sociales sin ejecutar. A pesar de eso, cada día la gente se aglutina en el campamento de Guapinol porque cree que esa es su trinchera de lucha en defensa del agua. La exigencia es que se vaya la empresa minera y que el Estado cancele las concesiones mineras para preservar la vida en las comunidades.
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