Restaurantes y comercios diversos se unen el Paro Nacional convocado para hoy 20 de septiembre
Por Giorgio Trucchi | ALBA SUD
Restaurantes y negocios de Guatemala han comenzado a negar el acceso a sus instalaciones a diputados y diputadas, sumándose a la indignación nacional por la serie interminable de escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, y por las medidas tomadas recientemente para asegurarse la impunidad.
El primero fue Saúl E. Méndez, una de las marcas guatemaltecas más renombradas a nivel nacional e internacional, que opera tanto en el sector de la moda y eventos, como en gastronomía y restauración. Rompió el silencio a través de las redes sociales con un mensaje contundente: "En Saúl no aceptamos a personas que alimentan la impunidad en el país".
Horas después, otros
comercios se sumaron espontáneamente a la iniciativa, anunciando su
participación en el Paro Nacional convocado para hoy 20 de septiembre. Mister Barber Shop
escribió en su cuenta en Facebook que a los “diputados corruptos no los
atenderemos en ninguna sucursal”. También agregó los hashtag #DepuraciondelCongreso #YoNoTengoDiputados #RenunciaYa.
El restaurante especializado en tortas, quesadillas y mole MundiTortas decidió reservarse el derecho de admisión “para corruptos e impunes". Lo mismo hizo la famosa pizzería L’Aperó, anunciando a través de las redes sociales que “no hay pizza para los diputados corruptos” y que se unirá al #Paro20S.
El restaurante italiano La Toscana, situado en la turística Antigua Guatemala, se reservó el derecho a servir diputados, mientras que el Grupo BuenRollo, operador de franquicias de comida a nivel latinoamericano, se posicionó con fuerza rechazando “todo acto de corrupción e impunidad”.
La cadena de cocina mexicana Ta’Cool no se quedó atrás: “¡Ay! De aquel que con ciega locura tus colores pretenda manchar”. #YoNoTengoDiputados advierte en su cuenta en Twitter.
Corrupción e impunidad
Objetivo de estas medidas son los 107 diputados y diputadas que la semana pasada votaron unas reformas al Código Penal que benefician descaradamente a funcionarios públicos -incluyendo al actual mandatario guatemalteco Jimmy Morales- acusados de diferentes delitos. Con estas reformas se suavizan las penas para casi el 90% de delitos graves relacionados con actos de corrupción y extorsión, asegurando a los criminales medidas alternativas a la prisión tras el pago de una caución económica.
También se libera de cualquier responsabilidad por financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos, responsabilizando únicamente a los contadores. Una medida que, según los movimientos sociales que encabezan las movilizaciones anticorrupción de estos días, tiene el objetivo de beneficiar al presidente Morales y a otros diputados, todos acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -instancia adscrita a las Naciones Unidas-, de haber cometido delitos electorales durante las pasadas elecciones del 2015.
Asimismo, las reformas entregan al Tribunal Supremo Electoral el derecho a la acción penal para delitos relacionados con el financiamiento electoral ilícito, coartando de esta manera la capacidad investigativa y acusatoria del MP y la Cicig.
Ante la fuerte reacción de la población, que durante tres días protestó masivamente frente a las instalaciones del Congreso y a nivel nacional, los legisladores no tuvieron más opción que anular las polémicas reformas que, además de blindar a los políticos corruptos, profundizaban la impunidad en el país centroamericano.
Ofensiva contra la CICIG
Estos hechos se enmarcan en un escenario mucho más complejo que durante los últimos meses ha venido generando fuertes tensiones internas y externas, llevando el país al borde de una nueva crisis político-institucional. Durante sus diez años de presencia en el país para colaborar en el combate contra la corrupción y la impunidad, la Cicig ha sufrido ataques e intentos de cierre.
Entre 2010 y 2015, Guatemala vivió dos momentos significativos que han tenido a la Cicig como principal protagonista: la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, que permitió un avance significativo en materia de justicia para las víctimas del conflicto armado interno, y el destape de la red de corrupción denominada ‘La Línea’. Las investigaciones llevaron al encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vice Roxana Baldetti, generando un movimiento de protesta popular nunca antes visto.
El resultado de la ofensiva judicial no tiene precedentes en Guatemala: 25 casos de corrupción, unas 350 personas enviadas a detención preventiva y más de 100 prófugos de la justicia. Entre los acusados están ministros, magistrados, directores de la Policía, militares, jefes de inteligencia y de la contrainsurgencia, narcotraficantes, directores de instituciones públicas, funcionarios públicos, empresarios, banqueros y hasta miembros del poder mediático.
En el caso del presidente Morales, el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio por un supuesto financiamiento electoral ilícito durante las elecciones del 2015, y pidieron su desafuero para poder continuar las investigaciones. También acusaron al hijo y a su hermano por delitos de fraude contra el Estado y lavado de dinero.
Es en este contexto que, en agosto pasado, el presidente guatemalteco decidió declarar “non grato” al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y exigir su salida inmediata del país. Una medida que no sólo puso a Guatemala al borde de una nueva grave crisis, sino que perseguía el objetivo oculto de producir un retroceso sistémico en el país.
Según varios analistas, acompañando al presidente en esta ofensiva están la vieja oligarquía conservadora, el poder económico tradicional y el emergente, la élite política que ya no ve garantías para sostener el modelo clientelar y corrupto y el crimen organizado. La decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de suspender de forma definitiva la medida tomada por el presidente Morales desactivó momentáneamente el conflicto.
La reacción de un pueblo
Mientras tanto, el proceso de antejuicio contra el presidente Morales llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados decidieron enviar el expediente al Congreso. Tras la conformación de una Comisión Investigadora que escuchó a las partes y revisó toda la documentación del caso, los cinco integrantes de esta instancia parlamentaria presentaron un informe donde recomendaban al plenario retirar la inmunidad al mandatario, para que el MP y la Cicig pudiesen continuar con sus investigaciones.
El restaurante especializado en tortas, quesadillas y mole MundiTortas decidió reservarse el derecho de admisión “para corruptos e impunes". Lo mismo hizo la famosa pizzería L’Aperó, anunciando a través de las redes sociales que “no hay pizza para los diputados corruptos” y que se unirá al #Paro20S.
El restaurante italiano La Toscana, situado en la turística Antigua Guatemala, se reservó el derecho a servir diputados, mientras que el Grupo BuenRollo, operador de franquicias de comida a nivel latinoamericano, se posicionó con fuerza rechazando “todo acto de corrupción e impunidad”.
La cadena de cocina mexicana Ta’Cool no se quedó atrás: “¡Ay! De aquel que con ciega locura tus colores pretenda manchar”. #YoNoTengoDiputados advierte en su cuenta en Twitter.
Corrupción e impunidad
Objetivo de estas medidas son los 107 diputados y diputadas que la semana pasada votaron unas reformas al Código Penal que benefician descaradamente a funcionarios públicos -incluyendo al actual mandatario guatemalteco Jimmy Morales- acusados de diferentes delitos. Con estas reformas se suavizan las penas para casi el 90% de delitos graves relacionados con actos de corrupción y extorsión, asegurando a los criminales medidas alternativas a la prisión tras el pago de una caución económica.
También se libera de cualquier responsabilidad por financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos, responsabilizando únicamente a los contadores. Una medida que, según los movimientos sociales que encabezan las movilizaciones anticorrupción de estos días, tiene el objetivo de beneficiar al presidente Morales y a otros diputados, todos acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -instancia adscrita a las Naciones Unidas-, de haber cometido delitos electorales durante las pasadas elecciones del 2015.
Asimismo, las reformas entregan al Tribunal Supremo Electoral el derecho a la acción penal para delitos relacionados con el financiamiento electoral ilícito, coartando de esta manera la capacidad investigativa y acusatoria del MP y la Cicig.
Ante la fuerte reacción de la población, que durante tres días protestó masivamente frente a las instalaciones del Congreso y a nivel nacional, los legisladores no tuvieron más opción que anular las polémicas reformas que, además de blindar a los políticos corruptos, profundizaban la impunidad en el país centroamericano.
Ofensiva contra la CICIG
Estos hechos se enmarcan en un escenario mucho más complejo que durante los últimos meses ha venido generando fuertes tensiones internas y externas, llevando el país al borde de una nueva crisis político-institucional. Durante sus diez años de presencia en el país para colaborar en el combate contra la corrupción y la impunidad, la Cicig ha sufrido ataques e intentos de cierre.
Entre 2010 y 2015, Guatemala vivió dos momentos significativos que han tenido a la Cicig como principal protagonista: la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, que permitió un avance significativo en materia de justicia para las víctimas del conflicto armado interno, y el destape de la red de corrupción denominada ‘La Línea’. Las investigaciones llevaron al encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vice Roxana Baldetti, generando un movimiento de protesta popular nunca antes visto.
El resultado de la ofensiva judicial no tiene precedentes en Guatemala: 25 casos de corrupción, unas 350 personas enviadas a detención preventiva y más de 100 prófugos de la justicia. Entre los acusados están ministros, magistrados, directores de la Policía, militares, jefes de inteligencia y de la contrainsurgencia, narcotraficantes, directores de instituciones públicas, funcionarios públicos, empresarios, banqueros y hasta miembros del poder mediático.
En el caso del presidente Morales, el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio por un supuesto financiamiento electoral ilícito durante las elecciones del 2015, y pidieron su desafuero para poder continuar las investigaciones. También acusaron al hijo y a su hermano por delitos de fraude contra el Estado y lavado de dinero.
Es en este contexto que, en agosto pasado, el presidente guatemalteco decidió declarar “non grato” al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y exigir su salida inmediata del país. Una medida que no sólo puso a Guatemala al borde de una nueva grave crisis, sino que perseguía el objetivo oculto de producir un retroceso sistémico en el país.
Según varios analistas, acompañando al presidente en esta ofensiva están la vieja oligarquía conservadora, el poder económico tradicional y el emergente, la élite política que ya no ve garantías para sostener el modelo clientelar y corrupto y el crimen organizado. La decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de suspender de forma definitiva la medida tomada por el presidente Morales desactivó momentáneamente el conflicto.
La reacción de un pueblo
Mientras tanto, el proceso de antejuicio contra el presidente Morales llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados decidieron enviar el expediente al Congreso. Tras la conformación de una Comisión Investigadora que escuchó a las partes y revisó toda la documentación del caso, los cinco integrantes de esta instancia parlamentaria presentaron un informe donde recomendaban al plenario retirar la inmunidad al mandatario, para que el MP y la Cicig pudiesen continuar con sus investigaciones.
Lamentablemente,
con 104 votos en contra y solamente 25 a favor, los parlamentarios
decidieron darle otro golpe mortal a la ya débil y cuestionada
credibilidad de una institución que responde a los intereses de las
élites y los grupos de poder guatemaltecos.
No habían pasado siquiera 24 horas, cuando los mismos diputados aprobaron las ya mencionadas reformas del Código Penal.
No habían pasado siquiera 24 horas, cuando los mismos diputados aprobaron las ya mencionadas reformas del Código Penal.
“La
decisión de no atender a diputados y funcionarios públicos es una
reacción cívica y responsable ante todo lo que está ocurriendo. Creemos
más conveniente sacrificar este ingreso a seguir siendo cómplices, de
alguna manera, recibiendo dinero corrupto. Queremos que los delincuentes
no se sientan bienvenidos en nuestros locales”, dijo a Alba Sud, Mundo Ochoa, socio propietario de MundiTortas.
“Creo
que en estos días más empresas del sector hostelería, restauración e
industria se van a sumar a la iniciativa, en aras de parar las
actividades laborales el próximo miércoles 20 de septiembre. Estamos
cansados de ver tanta corrupción e impunidad. Definitivamente les vamos a
negar nuestros servicios a todas esta gente”, agregó Ochoa.
El propietario de MundiTortas dijo que tanto esta decisión como la del Paro Nacional no afectarán en nada al sector turismo. “Todo lo contrario. Creemos que esta decisión va a ser una inversión a futuro, abriéndonos puertas, mostrando a clientes nacionales y extranjeros y a nuestros empleados que sí se puede luchar contra la corrupción”, manifestó Ochoa.
También para Silvia Garavito, manager de la pizzería L’Aperó, la decisión de no atender más a diputados y diputadas es una señal que se le quiere mandar no sólo a la ciudadanía, sino a todo el empresariado guatemalteco. “No podemos seguir alimentando la corrupción. Tenemos que mandar un mensaje claro de que existe una forma diferente de hacer empresa. L’Aperó siempre ha mantenido una posición firme contra la corrupción y la impunidad, y este 20 de septiembre vamos a sumarnos al Paro Nacional”, dijo Garavito a Alba Sud.
El propietario de MundiTortas dijo que tanto esta decisión como la del Paro Nacional no afectarán en nada al sector turismo. “Todo lo contrario. Creemos que esta decisión va a ser una inversión a futuro, abriéndonos puertas, mostrando a clientes nacionales y extranjeros y a nuestros empleados que sí se puede luchar contra la corrupción”, manifestó Ochoa.
También para Silvia Garavito, manager de la pizzería L’Aperó, la decisión de no atender más a diputados y diputadas es una señal que se le quiere mandar no sólo a la ciudadanía, sino a todo el empresariado guatemalteco. “No podemos seguir alimentando la corrupción. Tenemos que mandar un mensaje claro de que existe una forma diferente de hacer empresa. L’Aperó siempre ha mantenido una posición firme contra la corrupción y la impunidad, y este 20 de septiembre vamos a sumarnos al Paro Nacional”, dijo Garavito a Alba Sud.
“¿Qué
esto va a afectar a la economía y al turismo? Lo único que sé es que
resulta más caro seguir teniendo un país donde la corrupción es la
regla. Las empresas se están sumando a la lucha contra la corrupción,
sobre todo las pequeñas y medianas que representan más del 90% del total
a nivel nacional. Yo les conozco las caras a los diputados….¡te
aseguro que no los voy dejar entrar!”, concluyó.
Fuente: Alba Sud
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