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Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea
La Coalición contra la impunidad Honduras (CCI), interpuso hoy en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una petición para que se le dé continuidad a la demanda que exige la anulación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el deparatmento de Intibucá, presentado hace un mes por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El documento expresa que es una petición de admisión y declaración con lugar de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos números 67-2011 y 68-2011, autorizantes del proyecto hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del Pueblo Lenca.
El pasado uno de marzo, el Copinh presentó ante dicha Sala una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los dos decretos legislativos a través de los cuáles se aprobaron y adquirieron carácter de ley los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía electrónica mediante el Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca, expresa el documento.
Con la aprobación de este tipo de proyectos, según información corroborada por la CCIH, instancias nacionales e internacionales, este fue aprobado mediante actos legislativos que desconocen la obligación de realizar una consulta y el consentimiento previo, libre e informado a la población, con ello violentando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, del cual Honduras es signatario desde hace más de dos décadas.
La Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe de julio del 2016 señala las sistemáticas violaciones que son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras en el numeral 47 expresa que “uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto”,
Según declaraciones del miembro de la dirigencia del Copinh, Gaspar Sánchez, ya se registran seis personas asesinadas por la defensa de los bienes comunes, desde Tomás García hasta Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Copinh y reconocida defensora de derechos humanos y Premio Goldman al medioambiente 2015.
“Dentro de este marco es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que Agua Zarca es un foco generador de conflicto social, que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tienen presencia el proyecto. Desde la CCI ratificamos el argumento de que este elemento es una razón de suficiente peso para la revisión de la vigencia de estos decretos, entendida desde las obligaciones y deberes que tiene el Estado de Honduras y la justicia de general bienestar a la población”, agrega el documento presentado por la coalición que integra 48 organizaciones a nivel nacional, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El documento expresa que es una petición de admisión y declaración con lugar de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos números 67-2011 y 68-2011, autorizantes del proyecto hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del Pueblo Lenca.
El pasado uno de marzo, el Copinh presentó ante dicha Sala una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los dos decretos legislativos a través de los cuáles se aprobaron y adquirieron carácter de ley los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía electrónica mediante el Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca, expresa el documento.
Con la aprobación de este tipo de proyectos, según información corroborada por la CCIH, instancias nacionales e internacionales, este fue aprobado mediante actos legislativos que desconocen la obligación de realizar una consulta y el consentimiento previo, libre e informado a la población, con ello violentando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, del cual Honduras es signatario desde hace más de dos décadas.
La Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe de julio del 2016 señala las sistemáticas violaciones que son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras en el numeral 47 expresa que “uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto”,
Según declaraciones del miembro de la dirigencia del Copinh, Gaspar Sánchez, ya se registran seis personas asesinadas por la defensa de los bienes comunes, desde Tomás García hasta Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Copinh y reconocida defensora de derechos humanos y Premio Goldman al medioambiente 2015.
“Dentro de este marco es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que Agua Zarca es un foco generador de conflicto social, que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tienen presencia el proyecto. Desde la CCI ratificamos el argumento de que este elemento es una razón de suficiente peso para la revisión de la vigencia de estos decretos, entendida desde las obligaciones y deberes que tiene el Estado de Honduras y la justicia de general bienestar a la población”, agrega el documento presentado por la coalición que integra 48 organizaciones a nivel nacional, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
"No se puede promover el desarrollo a costa de la vida de las personas, por tal razón seguiremos pendientes de este proceso hasta obtener respuesta", declaró Rodil Vásquez, integrante de la CCI y parte del equipo de abogados de la familia de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá.
La Coalición Contra la Impunidad demandó a la CSJ que haga prevalecer el Estado de Derecho, que resguarde los derechos del pueblo Lenca y los derechos de la población en general y los más altos intereses del Estado de Honduras, lo que ponen en riesgo al estar vigentes los decretos que autorizan el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Por lo que solicitan sea admitida la Acción de inconstitucionalidad presentada por el Copinh en el marco del primer aniversario del crimen contra Berta Cáceres, el cual sigue en la impunidad.
“Berta Cáceres continúa viva en medio de todos los pueblos y comunidades del mundo que defienden el agua, la tierra, los ríos y sobre todo el derecho a vivir en paz y dignidad” concluye el documento.
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