Por Ofraneh | Odhpinh | Copinh
El día de hoy, en el marco de 159° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se desarrolló una audiencia temática titulada “Situación de los pueblos indígenas y derecho a la consulta en Honduras”. En esta participaron como peticionarios la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Coalición Ambientalista “Copán Ruinas” y Organización de Mujeres Indígenas Misquitas (MIMAT), todas miembros del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ODHPIN y de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, PMSPH. De parte del Estado, el Procurador de la República, representantes del Mecanismo de Protección, del Ministerio del Trabajo, el director de DINAFROH y el embajador de Honduras en Panamá.
El Estado reconoció la participación de altos funcionarios en los conflictos ambientales generados por la falta de consulta a los pueblos indígenas al indicar que se ha procesado penalmente a funcionarios encargados de dar licencias ambientales para proyectos extractivos en zonas indígenas, lo que evidencia la violación reiterada al derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.
El Estado evidenció una postura mediocre, en términos de una grave contradicción al indicar que se encuentra realizando un proceso de consulta que concluirá con la ley de consulta para pueblos indígenas, sin embargo indica que solamente es una socialización y simples talleres por lo que queda de manifiesto que el proceso viola los estándares mínimos a la materia.
Hay que mencionar que Honduras es emblemático en la situación de violencia, criminalización, persecución y asesinatos generados por el irrespeto a este derecho elemental de las comunidades, que quedó evidenciado internacionalmente con el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres Flores.
Ante este contexto, el Estado se queda sin respuestas y se excusa con el impulso de talleres dejando intacta la problemática que hoy afecta duramente a las comunidades.
Finalmente el Estado aceptó una visita de la Comisión Interamericana, para conocer y constatar las denuncias de los peticionarios y el proceso de construcción de la ley de consulta.
El Estado reconoció la participación de altos funcionarios en los conflictos ambientales generados por la falta de consulta a los pueblos indígenas al indicar que se ha procesado penalmente a funcionarios encargados de dar licencias ambientales para proyectos extractivos en zonas indígenas, lo que evidencia la violación reiterada al derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.
El Estado evidenció una postura mediocre, en términos de una grave contradicción al indicar que se encuentra realizando un proceso de consulta que concluirá con la ley de consulta para pueblos indígenas, sin embargo indica que solamente es una socialización y simples talleres por lo que queda de manifiesto que el proceso viola los estándares mínimos a la materia.
Hay que mencionar que Honduras es emblemático en la situación de violencia, criminalización, persecución y asesinatos generados por el irrespeto a este derecho elemental de las comunidades, que quedó evidenciado internacionalmente con el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres Flores.
Ante este contexto, el Estado se queda sin respuestas y se excusa con el impulso de talleres dejando intacta la problemática que hoy afecta duramente a las comunidades.
Finalmente el Estado aceptó una visita de la Comisión Interamericana, para conocer y constatar las denuncias de los peticionarios y el proceso de construcción de la ley de consulta.
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