Por Daniel Gatti | Rel-UITAUnos 187 delegados de 80 organizaciones de 55 países celebraron este sábado 26 en Montevideo la primera jornada del congreso fundacional de la Red Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (IDWN), co-organizado por la UITA.
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Bajo la consigna, “Trabajadoras y trabajadores del mundo, únanse”, el congreso convocó a que “todos los países” ratifiquen el convenio internacional 189 sobre Trabajo Doméstico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmado hasta ahora apenas por 14, pero de todas maneras ya vigente.
La elección de Uruguay como sede del congreso fundacional de la IDWN obedeció a que fue el primer país en ratificar ese texto y también al hecho de que tiene una de las legislaciones más protectoras de los derechos de las trabajadores y los trabajadores domésticos a nivel internacional.
“Estamos entrando en una nueva era para todos nosotros, los que integramos este naciente movimiento sindical”, dijo en Montevideo Myrtle Witbooi, presidenta de la Red, creada hace cuatro años y que desde entonces ha logrado agrupar a alrededor de 300 mil trabajadores, en su enorme mayoría mujeres, que trabajan en el servicio doméstico.
“Pero son más de 100 millones las personas que laboran en este sector. Por lo general no están sindicalizadas y carecen de todo tipo de derechos.
Muy por el contrario: están sometidas a las mayores arbitrariedades y diversos sistemas de explotación, como la trata de personas, la esclavitud, la explotación sexual, la tortura”, dijo a La Rel la argentina Patricia Alonso, presidenta Comité Latinoamericano de la Mujer (Clamu) de la UITA.
“De ahí la importancia de encuentros como este, que permiten avanzar en el reconocimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que en muchísimos países no han pasado del estadio de la invisibilidad”, agregó.
Invisibilidad y desconocimiento
En América Latina se estima, según se dijo en el encuentro de Montevideo, que hay 14 millones de trabajadores (fundamentalmente trabajadoras) en el servicio doméstico.
La región ha sido una de las que más ha avanzado en los últimos años en la “visibilización” del sector, pero aún así el rezago que presenta en relación a otros es considerable, destacó Alonso.
En México, por ejemplo, trabajan en el área, de acuerdo a cifras oficiales, más de 2,1 millones de mujeres (y 100 mil hombres), pero el 76 por ciento de ellos no tiene ningún derecho.
En Asia, el continente con mayor proporción de domésticas menores de edad en el mundo (alrededor del 60 por ciento), las leyes sociales en el sector son casi inexistentes, y las mujeres son víctimas de niveles de violencia que hasta conducen a su muerte.
En Bangladesh, se dijo igualmente en el congreso, se comprobaron varios cientos de casos de tortura a mujeres empleadas como domésticas, y en Malasia se registraron 13 muertes de mujeres en 2011.
El convenio de la OIT “no es siquiera conocido en muchos países. No sólo en los de África o Asia, la mayor parte de los cuales carecen de leyes nacionales, sino en otros que han avanzado en algo en este terreno pero a los que todavía les falta mucho”, afirmó Witbooi.
En el mismo sentido habló la italiana Anna Biondi, representante de la Organización Internacional del Trabajo.
Mucho por caminar, mucho por hacer
“Es mucho lo que todavía queda por hacer para transformar efectivamente la relación laboral y asegurar el respeto de los derechos de las domésticas”, dijo la italiana, cuya propia madre fue trabajadora doméstica en su país.
También fue doméstica la abuela de Beatriz Ramírez, presidenta del Instituto de la Mujer de Uruguay. “Fue una gran luchadora mi abuela y qué orgullosa estaría hoy de haber podido asistir a un congreso como este.
En su época las domésticas uruguayas, en su mayoría afrodescendientes como ella, no tenían salario mínimo, ni jubilación, ni horarios de trabajo, ni siquiera sindicatos. Las cosas han cambiado mucho, y para bien, en Uruguay”, dijo.
Dos representantes del gobierno uruguayo, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta y el presidente del Banco de Previsión Social Ernesto Murro, dieron cuenta precisamente de esos avances, reconocidos a su vez por Graciela Espinosa, del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Uruguay.
Desde que en 2006 una ley regula el sector, más de la mitad de las trabajadoras domésticas uruguayas han sido formalizadas, y gozan desde entonces de protección social y de derecho a una jubilación, destacó Murro. “Nos queda, es cierto, llegar a la otra mitad”, admitió.
El imprescindible papel de la fiscalización
Uno de los puntos de la legislación uruguaya en la materia que más fue destacado en el congreso, por ejemplo por Patricia Alonso en sus declaraciones a La Rel, fue el de la potestad otorgada al Estado para fiscalizar el cumplimiento de la ley.
“Hemos llegado a ingresar a casas particulares para comprobar que las leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras domésticas se cumplan”, subrayó Eduardo Brenta, recordando un reciente y sonado caso que involucró a inmigrantes bolivianas que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en una de las (muy lujosas) residencias de una de las familias más ricas del país.
Como Uruguay ha vuelto a ser un país de inmigración, y que de los 25.000 inmigrantes registrados en los servicios de la seguridad social desde 2010 buena parte trabaja en la construcción y en el servicio doméstico, controlar el respeto de los derechos de los trabajadores domésticos equivale muchas veces a velar por los derechos de los inmigrantes, que hoy están igualados a los de los uruguayos, dijo Murro.
“Es importante que se refuerce el nivel de sindicalización en este sector, que ha avanzado pero que sigue siendo bajo”, añadió el presidente del Banco de Previsión Social, mientras Brenta afirmó que los gobiernos, “incluso los gobiernos progresistas como el de Uruguay”, necesitan que desde abajo los presionen “para que no se queden”.
“Convertir en realidad un conjunto de derechos humanos que muchas veces están definidos como derechos pero que no son realidad en la vida cotidiana de la gente” debe ser la meta “de un congreso tan importante” como el de la IDWN, declaró por su lado el representante del PIT-CNT, la central sindical única de Uruguay, Marcelo Abdala.
“En un mundo tan desigual como este, al colmo de la irracionalidad, en el que un puñado de grandes capitales viven de la especulación y de la libre circulación del capital financiero” es básica “la lucha por formalizar lo que el capital desreguló”, remarcó.
Mirando a la reproducción de “Las puertas del paraíso”, una escultura del siglo XV de Lorenzo Ghiberti que corona la sala de la alcaldía de Montevideo donde tiene lugar el congreso, y parafraseando el título de una película italiana, la intendenta de la capital de Uruguay, Ana Olivera, dijo: “también la clase obrera tiene derecho a reclamar el paraíso”.
La elección de Uruguay como sede del congreso fundacional de la IDWN obedeció a que fue el primer país en ratificar ese texto y también al hecho de que tiene una de las legislaciones más protectoras de los derechos de las trabajadores y los trabajadores domésticos a nivel internacional.
“Estamos entrando en una nueva era para todos nosotros, los que integramos este naciente movimiento sindical”, dijo en Montevideo Myrtle Witbooi, presidenta de la Red, creada hace cuatro años y que desde entonces ha logrado agrupar a alrededor de 300 mil trabajadores, en su enorme mayoría mujeres, que trabajan en el servicio doméstico.
“Pero son más de 100 millones las personas que laboran en este sector. Por lo general no están sindicalizadas y carecen de todo tipo de derechos.
Muy por el contrario: están sometidas a las mayores arbitrariedades y diversos sistemas de explotación, como la trata de personas, la esclavitud, la explotación sexual, la tortura”, dijo a La Rel la argentina Patricia Alonso, presidenta Comité Latinoamericano de la Mujer (Clamu) de la UITA.
“De ahí la importancia de encuentros como este, que permiten avanzar en el reconocimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que en muchísimos países no han pasado del estadio de la invisibilidad”, agregó.
Invisibilidad y desconocimiento
En América Latina se estima, según se dijo en el encuentro de Montevideo, que hay 14 millones de trabajadores (fundamentalmente trabajadoras) en el servicio doméstico.
La región ha sido una de las que más ha avanzado en los últimos años en la “visibilización” del sector, pero aún así el rezago que presenta en relación a otros es considerable, destacó Alonso.
En México, por ejemplo, trabajan en el área, de acuerdo a cifras oficiales, más de 2,1 millones de mujeres (y 100 mil hombres), pero el 76 por ciento de ellos no tiene ningún derecho.
En Asia, el continente con mayor proporción de domésticas menores de edad en el mundo (alrededor del 60 por ciento), las leyes sociales en el sector son casi inexistentes, y las mujeres son víctimas de niveles de violencia que hasta conducen a su muerte.
En Bangladesh, se dijo igualmente en el congreso, se comprobaron varios cientos de casos de tortura a mujeres empleadas como domésticas, y en Malasia se registraron 13 muertes de mujeres en 2011.
El convenio de la OIT “no es siquiera conocido en muchos países. No sólo en los de África o Asia, la mayor parte de los cuales carecen de leyes nacionales, sino en otros que han avanzado en algo en este terreno pero a los que todavía les falta mucho”, afirmó Witbooi.
En el mismo sentido habló la italiana Anna Biondi, representante de la Organización Internacional del Trabajo.
Mucho por caminar, mucho por hacer
“Es mucho lo que todavía queda por hacer para transformar efectivamente la relación laboral y asegurar el respeto de los derechos de las domésticas”, dijo la italiana, cuya propia madre fue trabajadora doméstica en su país.
También fue doméstica la abuela de Beatriz Ramírez, presidenta del Instituto de la Mujer de Uruguay. “Fue una gran luchadora mi abuela y qué orgullosa estaría hoy de haber podido asistir a un congreso como este.
En su época las domésticas uruguayas, en su mayoría afrodescendientes como ella, no tenían salario mínimo, ni jubilación, ni horarios de trabajo, ni siquiera sindicatos. Las cosas han cambiado mucho, y para bien, en Uruguay”, dijo.
Dos representantes del gobierno uruguayo, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta y el presidente del Banco de Previsión Social Ernesto Murro, dieron cuenta precisamente de esos avances, reconocidos a su vez por Graciela Espinosa, del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Uruguay.
Desde que en 2006 una ley regula el sector, más de la mitad de las trabajadoras domésticas uruguayas han sido formalizadas, y gozan desde entonces de protección social y de derecho a una jubilación, destacó Murro. “Nos queda, es cierto, llegar a la otra mitad”, admitió.
El imprescindible papel de la fiscalización
Uno de los puntos de la legislación uruguaya en la materia que más fue destacado en el congreso, por ejemplo por Patricia Alonso en sus declaraciones a La Rel, fue el de la potestad otorgada al Estado para fiscalizar el cumplimiento de la ley.
“Hemos llegado a ingresar a casas particulares para comprobar que las leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras domésticas se cumplan”, subrayó Eduardo Brenta, recordando un reciente y sonado caso que involucró a inmigrantes bolivianas que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en una de las (muy lujosas) residencias de una de las familias más ricas del país.
Como Uruguay ha vuelto a ser un país de inmigración, y que de los 25.000 inmigrantes registrados en los servicios de la seguridad social desde 2010 buena parte trabaja en la construcción y en el servicio doméstico, controlar el respeto de los derechos de los trabajadores domésticos equivale muchas veces a velar por los derechos de los inmigrantes, que hoy están igualados a los de los uruguayos, dijo Murro.
“Es importante que se refuerce el nivel de sindicalización en este sector, que ha avanzado pero que sigue siendo bajo”, añadió el presidente del Banco de Previsión Social, mientras Brenta afirmó que los gobiernos, “incluso los gobiernos progresistas como el de Uruguay”, necesitan que desde abajo los presionen “para que no se queden”.
“Convertir en realidad un conjunto de derechos humanos que muchas veces están definidos como derechos pero que no son realidad en la vida cotidiana de la gente” debe ser la meta “de un congreso tan importante” como el de la IDWN, declaró por su lado el representante del PIT-CNT, la central sindical única de Uruguay, Marcelo Abdala.
“En un mundo tan desigual como este, al colmo de la irracionalidad, en el que un puñado de grandes capitales viven de la especulación y de la libre circulación del capital financiero” es básica “la lucha por formalizar lo que el capital desreguló”, remarcó.
Mirando a la reproducción de “Las puertas del paraíso”, una escultura del siglo XV de Lorenzo Ghiberti que corona la sala de la alcaldía de Montevideo donde tiene lugar el congreso, y parafraseando el título de una película italiana, la intendenta de la capital de Uruguay, Ana Olivera, dijo: “también la clase obrera tiene derecho a reclamar el paraíso”.
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