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| prensa.hn |
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Ayer, 17 de julio, el pueblo Lenca se reconcentró en la comunidad de La Tejera, Río Blanco, cerca de la toma de carretera iniciada hace casi 4 meses para protestar contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, para realizar el entierro del Tomas García, miembro del Consejo Indígena, Auxiliar de la comunidad y miembro activo del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Lea:
García perdió la vida el pasado 15 de julio a
manos de militares, mientras su hijo Allan quedó gravemente herido. También fue encontrado el cuerpo
del joven Cristian Anael Madrid Muñoz, pariente de uno
de los empleados de la empresa.
El Copinh y
las comunidades Lenca aseguran que el mortal ataque fue perpetrado mientras la
nutrida movilización de protesta iba acercándose a las instalaciones del
proyecto, que es impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A.
de C.V. (DESA) y ejecutado,
entre otros, por la compañía contratista china Sinohydro.
Agregan que este brutal asesinato sería parte de una campaña de
criminalización y judicialización de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y a
favor de la defensa del territorio y los recursos naturales. En este momento ya
hay decenas de pobladores y activistas del Copinh acusados en los juzgados y
hasta con mandato de captura.
Aureliano
Molina, dirigente comunitario y miembro activo del Copinh, niega de manera
absoluta la veracidad de la campaña mediática lanzada por la empresa y el
ejército hondureño, ”con la que pretenden hacer creer que los militares
abrieron fuego en defensa propia, porque fueron atacados con armas y machetes
por los manifestantes”.
Tampoco acepta la versión de que fueron los opositores al proyecto
hidroeléctrico y miembros del Copinh a disparar al joven Madrid Muñoz.
LINyM: ¿Cuál
era el ambiente y el sentir de la gente durante el entierro de Tomás García?
Aureliano Molina: Nuestras comunidades han decidido rechazar el proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca. En este sentido, les hemos planteado a DESA y SINOHIDRO el cierre
inmediato de las actividades, el retiro de las maquinarias de nuestro
territorio, y la desmilitarización de la zona.
El lunes nos movilizamos hacia el plantel de SINOHIDRO para entregar nuestro planteamiento. No habíamos llegado al lugar cuando el primer Batallón de Ingenieros empezó a disparar. Yo me encontraba a unos 20 o 30 metros del lugar donde cayó Tomás y fue herido su hijo Allan, quien afortunadamente ya está fuera de peligro.
Después de velarlo toda la noche, el día de hoy fuimos a la toma para realizar un acto ceremonial, espiritual, cargado de consignas, recordando el firme compromiso de Tomás con la lucha contra el proyecto hidroeléctrico.
Finalmente lo enterremos en la comunidad, en un ambiente de dolor, angustia, pero, al mismo tiempo, de irreversible decisión de rechazo al proyecto.
LINyM: ¿Cómo es la situación en la zona?
AM: Las autoridades de la comunidad se reunieron ayer con altos mandos del ejército y la policía y los abogados de la empresa y les plantearon tres puntos: la captura y el castigo para los asesinos del compañero Tomás, el retiro inmediato del personal de Sinohidro y de las maquinarias, y el cese de la persecución militar y judicial en contra de los dirigentes y de las comunidades en general.
Sin embargo, parece que ni a las empresas, ni al gobierno les importa que pueda haber más derramamiento de sangre. Antes bien, han arreciado la hostilidad militar y la campaña mediática para criminalizar nuestra lucha.
Ya hay acusaciones muy fuertes en los juzgados de Santa Bárbara e Intibucá contra los dirigentes del Copinh, Bertha Cáceres y Tomás, y contra mi persona. Además, se han emitido órdenes de captura contra dos pobladores y denuncias contra 17 compañeros más.
LINyM: ¿Ustedes rechazan todas estas acusaciones, incluyendo la de haber asesinado al joven Cristian Anael?
AM: Totalmente. Mientras los militares nos estaban disparando, había civiles alrededor de la zona, en medio del monte, también disparando. Horas después encontraron el cuerpo del joven.
Rechazamos que el ejército disparó en defensa propia, así como repudiamos la acusación de las Fuerzas Armadas y la empresa de que llegamos y entramos al plantel disparando. Lamentamos la pérdida del joven Cristian, que es familiar de uno de los empleados de la empresa, pero no tuvimos nada que ver con eso.
LINyM: ¿Cómo se sale de esta situación que ya ha dejado muertos y heridos entre la población?
AM: Hay un ambiente de hostilidad y persecución permanente y esto no ayuda a la búsqueda de una solución. Los directivos de la empresa se han acercado a la comunidad planteando un proceso de plática. Nos reunimos algunas veces con ellos y propusieron proyectos educativos y sociales a cambio de la aceptación del proyecto hidroeléctrico.
Las comunidades rechazaron la propuesta y reafirmaron que nunca van a entregar el río Gualcarque. Ahora, con estos muertos, heridos y perseguidos, la situación se vuelve aún más difícil, pero la posición no cambia y exigimos el cierre del proyecto.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional con Río Blanco, para que esté atenta a lo que pueda ocurrir y siga con su apoyo y difusión de la verdad. Asimismo, pedimos que nos ayude a presionar a las autoridades nacionales, para que se activen en la búsqueda real de una solución.
El lunes nos movilizamos hacia el plantel de SINOHIDRO para entregar nuestro planteamiento. No habíamos llegado al lugar cuando el primer Batallón de Ingenieros empezó a disparar. Yo me encontraba a unos 20 o 30 metros del lugar donde cayó Tomás y fue herido su hijo Allan, quien afortunadamente ya está fuera de peligro.
Después de velarlo toda la noche, el día de hoy fuimos a la toma para realizar un acto ceremonial, espiritual, cargado de consignas, recordando el firme compromiso de Tomás con la lucha contra el proyecto hidroeléctrico.
Finalmente lo enterremos en la comunidad, en un ambiente de dolor, angustia, pero, al mismo tiempo, de irreversible decisión de rechazo al proyecto.
LINyM: ¿Cómo es la situación en la zona?
AM: Las autoridades de la comunidad se reunieron ayer con altos mandos del ejército y la policía y los abogados de la empresa y les plantearon tres puntos: la captura y el castigo para los asesinos del compañero Tomás, el retiro inmediato del personal de Sinohidro y de las maquinarias, y el cese de la persecución militar y judicial en contra de los dirigentes y de las comunidades en general.
Sin embargo, parece que ni a las empresas, ni al gobierno les importa que pueda haber más derramamiento de sangre. Antes bien, han arreciado la hostilidad militar y la campaña mediática para criminalizar nuestra lucha.
Ya hay acusaciones muy fuertes en los juzgados de Santa Bárbara e Intibucá contra los dirigentes del Copinh, Bertha Cáceres y Tomás, y contra mi persona. Además, se han emitido órdenes de captura contra dos pobladores y denuncias contra 17 compañeros más.
LINyM: ¿Ustedes rechazan todas estas acusaciones, incluyendo la de haber asesinado al joven Cristian Anael?
AM: Totalmente. Mientras los militares nos estaban disparando, había civiles alrededor de la zona, en medio del monte, también disparando. Horas después encontraron el cuerpo del joven.
Rechazamos que el ejército disparó en defensa propia, así como repudiamos la acusación de las Fuerzas Armadas y la empresa de que llegamos y entramos al plantel disparando. Lamentamos la pérdida del joven Cristian, que es familiar de uno de los empleados de la empresa, pero no tuvimos nada que ver con eso.
LINyM: ¿Cómo se sale de esta situación que ya ha dejado muertos y heridos entre la población?
AM: Hay un ambiente de hostilidad y persecución permanente y esto no ayuda a la búsqueda de una solución. Los directivos de la empresa se han acercado a la comunidad planteando un proceso de plática. Nos reunimos algunas veces con ellos y propusieron proyectos educativos y sociales a cambio de la aceptación del proyecto hidroeléctrico.
Las comunidades rechazaron la propuesta y reafirmaron que nunca van a entregar el río Gualcarque. Ahora, con estos muertos, heridos y perseguidos, la situación se vuelve aún más difícil, pero la posición no cambia y exigimos el cierre del proyecto.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional con Río Blanco, para que esté atenta a lo que pueda ocurrir y siga con su apoyo y difusión de la verdad. Asimismo, pedimos que nos ayude a presionar a las autoridades nacionales, para que se activen en la búsqueda real de una solución.
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