jueves, 11 de julio de 2013

Brasil: Cambios estructurales reivindicados en la movilización del 11 de julio

Por João Pedro Stedile | Terra Magazine 

Desde la campaña de las “directas ya", en la década de 1980, no teníamos movilizaciones callejeras tan vigorosas. Las protestas que estallaron con la indignación de la juventud fueron apenas la punta del iceberg de los graves problemas sociales y económicos que persisten en nuestra sociedad.

Por un lado, las grandes ciudades se han convertido en un infierno, en el que los trabajadores pagan caro por un transporte público de mala calidad. Además, pasan de dos a tres horas en el tráfico, que es un tiempo perdido de sus vidas. 

Quién se ilusionó con las facilidades para comprar un coche, financiado por el capital financiero internacional, se está dando cuenta de que pagó un alto precio y no consigue andar. Los fabricantes y bancos asociados nunca enviaron tanto dinero para el extranjero, como ahora.

Por otro lado, la vida política del país es una vergüenza. Los parlamentarios representan apenas a sus financiadores de campaña. El poder judicial es un poder oligárquico, siendo el último de los poderes todavía no republicano.

Todos los días sale la noticia de sus maniobras, que quedan impunes. Incluso el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, utilizó recursos públicos para asistir a un partido de la selección brasileña... La Red Globo no denunció  y, casualmente, acaba de contratar al hijo del ilustre magistrado. Tiene todo que ver[1].

La misma Globo que fue multada por la Hacienda Pública por evasión millonaria de impuestos, en la compra de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2002: La empresa debe, según Hacienda, R$ 650 millones de reales a las arcas públicas.

La emisora también recibió del gobierno estadual y de la municipalidad de Rio de Janeiro la modesta cantidad de R$ 20 millones de reales para promover con dinero público un espectáculo de apenas dos horas durante el sorteo de los partidos de la Copa de las Confederaciones, celebrado en Río Centro el año pasado.

La Red Globo se pensaba portavoz del pueblo. Gran equivocación. Apenas consigue engañar a los telespectadores de las novelas. Uno de los gritos de la juventud que más se repitieron en las calles fue "Fuera la Red Globo!" Con ello, se multiplican actos de jóvenes contra el monopolio de la emisora y por la democratización de las comunicaciones en todo el país.

Ante las protestas, el gobierno de Dilma tuvo que bajar de su pedestal para dialogar con las calles, proponiendo una reforma política, una asamblea constituyente y un plebiscito popular. Y, finalmente, la presidenta se reunió con los sectores organizados, cosa que no había hecho a lo largo de sus dos años y medio de mandato.

Las élites que intentan controlar las calles e imponer una agenda de derechas. Sin embargo, no lo consiguieron. Les sobró el papel de atizar una policía sin preparación e infiltrar grupos fascistas y servicios de inteligencia policial para provocar violencia y desfigurar el movimiento. No lo han conseguido. Cuanto más reprimen, el pueblo más se rebela.

Movimiento sindical y popular en las calles

Llegó el momento de que el pueblo organizado en los movimientos sociales, el movimiento sindical y en las pastorales hagan movilizaciones. Por primera vez, después de la derrota en las elecciones de 1989, no se veía una unidad popular tan amplia.

Diversas plenarias unieron partidos de izquierda, centrales sindicales y movimientos sociales organizados en torno a una plataforma política común, que parte de la lucha por el transporte público gratuito y de calidad, y avanza hacia reformas estructurales que la clase trabajadora necesita y lucha desde hace mucho tiempo.

El primer día de lucha conjunta de las organizaciones está acordado para el 11 de julio. Se realizarán paralizaciones, huelgas y marchas por todo el país para enfrentar a los sectores conservadores y empujar al gobierno hacia la izquierda. Uno de los puntos de esta plataforma común es la reforma política. Es necesario pasar a limpio a las reglas de la política brasileña para democratizar y crear mecanismos para la efectiva participación popular.

Entre los ítems que necesitan cambios, está el financiamiento público exclusivo de campañas electorales, el derecho del pueblo para convocar plebiscitos populares a partir de una recogida de firmas y revocar mandatos de aquellos que no respeten los compromisos de campaña.

Para realizar estos cambios, sólo hay una forma: convocar una Asamblea Constituyente Exclusiva. La mayoría de los políticos que están en el Congreso, elegidos en campañas millonarias pagadas por las grandes empresas, no acepta cambiar el sistema político. Por lo tanto, la única manera de viabilizar una constituyente es hacer de inmediato un plebiscito popular.

La presidenta Dilma se sintió motivada por la voz de la calle y promovió este debate. Sin embargo, su base política y parlamentaria comenzó a boicotearla, poniendo todos los obstáculos posibles. Por eso, esta disputa debe ser resuelta en las calles. La reacción al plebiscito y a la asamblea constituyente demuestra la resistencia para hacer cambios y refuerza la necesidad de llevar a cabo estas propuestas.

Cambios necesarios

Además de la reforma política, hay un conjunto de demandas históricas de los movimientos sindicales y populares que están atascadas en la garganta del pueblo y en los cajones de los palacios. Abajo, conozca seis puntos de la plataforma de las organizaciones de la clase trabajadora:

1 - Aprobación del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin reducción de salario. En Europa, el capitalismo en crisis ya practica 36 horas.

2 - Archivo de la PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) que implementa la tercerización de las relaciones de trabajo, enterrando la CLT (Consolidación de las Leyes Laborales), que es la garantía de los derechos de los trabajadores.

3 - Una reforma tributaria progresiva, para que los impuestos pesen más sobre los ricos, con tasación de las fortunas, y disminuyan para los trabajadores pobres.

4 - Prioridad en la aplicación de los recursos públicos en salud, educación y transporte público de calidad, en lugar de pago de la deuda pública y superávit primario.

5 - Suspensión de las subastas del petróleo y concesiones de exploración de minas que sólo benefician a las empresas transnacionales. 

6 – Implementar la Tarifa Cero en los transportes públicos para toda la población. Esta propuesta es técnicamente viable, a través de la inversión de recursos públicos existentes, sin necesidad de aumentar impuestos. Basta con comparar el subsidio de la Municipalidad de São Paulo para los transportes, alrededor de R$ 1.000 millones, con los recursos destinados a construir un túnel en el Morumbi, que costaría R$ 2.4 mil millones para satisfacer la necesidad de las élites paulistanas. Afortunadamente, la licitación enviada por el gobierno Kassab ha sido suspendida después del clamor de las calles.

Movilización creciente

En varias ciudades de Brasil, categorías de trabajadores y sectores sociales continúan haciendo movilizaciones masivas. Petroleros, empleados de banco, metalúrgicos y profesores intensifican la movilización.

En São Paulo, el sindicato de policías civiles y funcionarios de las penitenciarías se movilizaron. También hubo revueltas populares en varias ciudades contra los precios abusivos de los peajes, además de las protestas de los camioneros.

Los trabajadores rurales de todo el país, organizados en decenas de movimientos sociales, como la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar (Fetraf), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), movimientos de pescadores, quilombolas, pueblos indígenas, mujeres campesinas, las pastorales rurales, además del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), se sumarán a las movilizaciones.

Los movimientos del campo preparan una plataforma común, que entregarán a la presidente Dilma en audiencia, reivindicando los siguientes puntos:

1. Recuperar la soberanía nacional sobre las tierras brasileñas. Proponemos que el gobierno anule las áreas ya compradas y que expropie todas las tierras controladas por empresas extranjeras.

2. Acelerar la reforma agraria y que sean asentadas inmediatamente miles de familias que están acampadas en los bordes de las carreteras.

3. Políticas públicas de apoyo, incentivo  y crédito para la producción de alimentos baratos, sanos, sin venenos con el fortalecimiento del campesinado. Y la adopción de programas estructurales para la juventud y para las mujeres del campo.

4. Garantizar los derechos de los pueblos del campo, con el reconocimiento y demarcación inmediata de las tierras indígenas, quilombolas y los derechos de las personas afectadas por represas, territorios pesqueros y otros. 

5. Abolir inmediatamente los agrotóxicos ya prohibidos en otros países del mundo, la prohibición de las pulverizaciones aéreas y las políticas de reducción del uso de agrotóxicos en el campo. Y la revisión en profundidad de la política de liberación de los transgénicos y control social.

6. Implementación por el Gobierno de una política de control de la deforestación de los bosques en todo el país y apoyo a la recuperación de áreas degradadas y de reforestación por la agricultura familiar y campesina.

7. La cancelación de la privatización de los recursos naturales como agua, energía, minerales, bosques, ríos y mares. Proponemos  la retirada del régimen de urgencia en el congreso nacional del proyecto de Código de Minería, y que el gobierno / congreso haga un amplio debate nacional con los trabajadores brasileños, para producir un nuevo Código de acuerdo a los intereses del pueblo brasileño.

8. Implementación inmediata de programas para erradicar el analfabetismo y garantizar escuelas en todas las comunidades rurales.

9. Suspensión de todas las subastas de privatización de áreas de perímetros irrigados en el noreste y su destinación inmediata para que el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) realice asentamientos para agricultura familiar y campesina, y la adopción de políticas estructurales para la democratización del agua y para ayudar a las familias a enfrentar la sequía.

10. Fin de la ley Kandir, que exime de impuestos a las grandes empresas exportadoras de materias primas agrícolas, energéticas y minerales.

Por lo tanto, el 11 de julio será un día de gran movilización nacional, con millones de trabajadores en las calles de todo el país, exigiendo cambios verdaderos, profundos y estructurales, como la reforma política que depende del mantenimiento del plebiscito popular.


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