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Estamos sumamente preocupados sobre el deterioro de la situación inestable en Río Blanco, en particular la militarización del área y las acusaciones recientes hechas en los medios de comunicación hondureños en contra de miembros de la comunidad indígena Lenca y la gente que los apoya por la policía y las compañías SINOHYDRO y DESA, quienes buscan construir la represa Agua Zarca en el Río Gualcarque cerca de la comunidad de Río Blanco.
Ya ha habido derramamiento de sangre y hay alto riesgo de un baño se sangre en el futuro próximo. Muchos informes noticieros irresponsablemente han repetido acusaciones graves que la policía misma admite no han sido corroboradas y tenemos dudas serias sobre la versión oficial de eventos y expresamos nuestra preocupación en los términos más fuertes posibles sobre la potencial de que empeore la violencia, el hostigamiento, la represión, la criminalización y la persecución judicial.
Somos una delegación de 15 personas de observadores internacionales de derechos humanos organizada por La Voz de los de Abajo, una organización que ha estado trabajando por 15 años acompañando los movimientos por la justicia social en Honduras y reportando sobre la violaciones de derechos humanos. Nuestra delegación está compuesta de maestros, jóvenes y observadores de derechos humanos con mucha experiencia de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estamos en comunicación con el Grupo de Trabajo sobre Paramilitares de las Naciones Unidas y miembros del congreso de los Estados Unidos además de defensores de derechos humanos tras todo el mundo. Visitamos la comunidad de Río Blanco el 2 y 3 de julio del 2013 para investigar alegaciones de abusos de derechos humanos, hostigamiento, intimidación y violencia enfrentados por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco a raíz de la oposición de dicha comunidad a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la compañía de China continental SINOHYDRO y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) además de las acusaciones en contra de miembros de la comunidad de Río Blanco, el Consejo Indígena de Río Blanco y la organización a la cual la comunidad está afiliada, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), incluyendo su Coordinadora General Berta Cáceres.
Nuestra delegación pudo entrevistar a docenas de miembros de la comunidad de todas edades, representantes del Consejo Indígena de Río Blanco y el COPINH además de policía, militares, administradores y personal de DESA y SINOHYDRO, y miembros de la comunidad empleados por las compañías. Fuimos testigos de una asamblea larga y democrática de más de 100 miembros de la comunidad facilitada por el Consejo Indígena de Río Blanco y el COPINH sobre las ofertas hechas por la compañía a la comunidad de Río Blanco. Fuimos testigos de la decisión contundente de la comunidad de no aceptar nada menos que el retiro de la represa Agua Zarca y las compañías extranjeras y nacionales que la buscan construir. Todos los presentes insistieron en su derecho como pueblo indígena a ser consultado y al respeto de sus derechos culturales y espirituales bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas.
La comunidad ha estado bloqueando uno de las calles de acceso al sitio de la construcción de la represa por más que 90 días. Numerosos miembros de la comunidad incluyendo niños, jóvenes, adultos y ancianos durante entrevistas distintas compartieron las mismas preocupaciones y versiones de eventos con respeto a varios actos de represión, intimidación y hostigamiento que han pasado desde el inicio del bloqueo incluyendo:
La llegada de más que 150 miembros de la policía y ejército a la toma el domingo 23 de junio, apuntando armas automáticas de alto calibre hacia niños y ancianos.
Policía y militares arbitrariamente entrando los hogares de muchos miembros de la comunidad y circulando la comunidad con armas de alto calibre intimidando a miembros de la comunidad.
Residentes de una comunidad cercana aparentemente empleados por las empresas hostigando a gente en la toma, llegando al sitio aparentemente borrachos con machetes y haciendo amenazas de muerte a líderes comunitarios y la gente que les apoya.
Un ataque con machete a un miembro de la comunidad que le dejó en condición grave, faltando una parte de si mano y una cara severamente desfigurada. Dicho miembro de la comunidad se encontró en el hospital en San Pedro Sula al momento de nuestra visita.
El hostigamiento de gente que apoya la toma por operativos de policía y militares, el ejemplo más reciente de los cual fue el día de la visita de nuestra delegación cuando Berta Cáceres y otros miembros del COPINH quienes se dirigían hacia Río Blanco fueron parados, ordenados a bajar de su vehículo, registrados y sujetos a gritos como ha pasado en varias otras ocasiones.
Amenazas de muerte en contra de Berta Cáceres, Aureliano Molina, Tomás Gómez, Francisco Javier Sánchez, Lucio Sánchez y otros miembros de la comunidad.
Colaboración de cerca con la seguridad privada de la empresa de parte de la policía nacional y el ejército, quienes están supervisando a las guardias privadas contratadas y están siendo hospedadas y alimentadas por las empresas y utilizando sus vehículos. Creemos que lo anterior afecta negativamente cualquiera posibilidad de que la policía y los militares actúan de manera objetiva y contribuye a la intimidación de miembros de la comunidad quienes perciben que la empresa está controlando las fuerzas de seguridad nacional.
La mañana del 3 de julio llevamos acabo una entrevista extensiva con la policía, los militares, la administración de la empresa y su personal además de miembros de la comunidad quienes estaban con ellos en propiedad de la empresa y quienes fueron identificados como familiares del persona acusado con el ataque reciente con un machete. La policía y el ingeniero de la represa dijeron que la noche de sábado 29 de junio habían disparos al sitio de la construcción de la represa al lado del Río Gualcarque y que la noche del 2 de julio (la noche antes de la entrevista que estuvimos conduciendo) a las 8pm aproximadamente habían disparos hacia la cafetería y las oficinas de la empresa en el sitio de la plantilla cerca de la toma. Nuestra delegación estuvo presente en la toma hasta las 7pm esa noche en cual momento nos fuimos a la comunidad de Río Blanco porque empezó una tormenta severa con lluvia muy fuerte y truenos y relámpagos fuertes, frecuentes y ruidosos que duraron por una gran parte de la noche.
De acuerdo con la versión de eventos del ingeniero y la policía, oyeron disparos y se tiraron al suelo, pero no mencionaron nada sobre los truenos y la tormenta que estaba ocurriendo a exactamente durante el supuesto tiroteo y no nos mostraron ni casquillas ni agujeros. Culparon con nombre y apellido a Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH, por incitar la supuesta violencia, diciendo, “cada vez que ella aparece alo pasa.” No tuvieron respuesta cuando les preguntamos si ella estuvo presente antes del supuesto tiroteo del sábado. No tuvieron nada que decir sobre el hecho de que el juez falló a favor de ella en su último caso en contra de ella debido a falta de evidencias. Nuestra delegación explicó que durante toda la asamblea en la cual ella estuvo presente el martes por la tarde ella recordó a la gente varias veces que la lucha ha sido y tiene que seguir siendo pacífica.
Nuestra delegación preguntó a la policía, los militares y el personal de las empresas si han entrevistado a cualquier miembro de la comunidad opuesto a la represa sobre las alegaciones de violencia y dijeron que no. Nuestra delegación les preguntó si han investigado la posibilidad de involucramiento de otras empresas interesadas en el Río Gualcarque, como la empresa enérgica Grupo Terra, asociada con el yerno de Miguel Facussé, Freddy Nasser, quien ha expresado su interés varias veces en hacer una represa en el Río Gualcarque. Respondieron que no lo han investigado. Nuestra delegación preguntó si van a proveer trabajos a los miembros de la comunidad que han estado colaborando con la empresa. Dijeron que van a proveer tantos trabajos como pueden mientras miraron hacia los miembros de la comunidad quienes se encontraron con ellos.
Mientras estábamos terminando la entrevista, dos camiones llenos de policía adicional de Santa Bárbara portando armas automáticas de alto calibre llegaron y nos informaron que venían más en camino, supuestamente para investigar el supuesto tiroteo de la noche previa.
El día después de que nos fuimos, aparecieron acusaciones en los medios de comunicación hondureños acusando a la comunidad de Río Blanco y el COPINH de pasar de alguna forma toda la policía, los militares y las guardias privadas de seguridad para quemar una parte de la infraestructura del sitio de la represa. La policía también aparece acusando al COPINH y a miembros de la comunidad de un tiroteo adicional. Los reportes en los medios de comunicación están usando la palabra “terrorismo” y denunciando a los miembros de la comunidad por supuesto uso de violencia, mencionando solo brevemente que miembros de la comunidad siguen afirmando que su lucha es pacífica y que lo único que andan son los machetes que usan como herramientas de trabajo. Las únicas armas de fuego que nuestra delegación vio durante todo el tiempo que estuvimos presente en la comunidad, la toma, los hogares muy pequeños de líderes comunitarios claves y alrededor del sitio de la empresa fueron las armas de alto calibre del ejército, la policía y las guardias privadas de seguridad.
Cuestionamos la credibilidad de las acusaciones hechas en contra del COPINH y la comunidad de Río Blanco y la credibilidad de las investigaciones limitadas de parte de la policía. La policía y los militares con quienes hablamos dijeron que están allí por la seguridad general del área pero están quedando en la propiedad de las empresas, vigilando la propiedad de las empresas, siendo alimentados por las empresas y están muy amistosos con los administradores de las empresas y los pocos miembros de la comunidad empleados por las empresas. El portavoz por los residentes locales empleados con las empresas fue presentado a nosotros como un familiar del persona involucrado en el ataque con machete que mandó a un miembro de la comunidad al hospital. Él y la policía dijeron que el ataque fue de autodefensa porque el miembro de la comunidad ahora hospitalizado supuestamente estaba tratando de “tumbar su casa” pero dijeron que no nos podían mostrar ninguna evidencia del supuesto atento y más importante aún la policía dijo que no han hablado con ningún otro miembro de la comunidad opuesto a la represa sobre el incidente.
Hacemos un llamado por la desmilitarización de la comunidad de Río Blanco y las áreas alrededor y recordamos a las autoridades hondureñas e internacionales además que las empresas DESA y SINOHYDRO del deber de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos que les afectan y de respetar sus derechos culturales, espirituales y territoriales, como está claramente destacado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas. También recordamos a las autoridades que Berta Cáceres tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos como una persona de alto riesgo por represión y que las acusaciones no substanciadas implícitas y directas en contra de ella, el COPINH y la comunidad de Río Blanco de parte de la policía y los medios de comunicación están contribuyendo a una clima de miedo e intimidación. Las numerosas amenazas de muerte en contra de ella y otros miembros de la comunidad no deben de ser tomadas levemente ni tampoco la posibilidad de que las acusaciones en su contra están contribuyendo a estas amenazas y el clima general de represión, intimidación y criminalización. Tememos que la campaña mediática actual tiene como fin criminalizar al COPINH y a la comunidad de Río Blanco como pretexto para justificar más violaciones de derechos humanos.
Como observadores de derechos humanos seguiremos monitoreando la situación de cerca y esperamos con mucha anticipación una respuesta del estado hondureño, los medios de comunicación, la policía local y nacional, el gobierno estadounidense (quien financia la policía y las fuerzas armadas hondureñas), la empresa de China continental SINOHYDRO, la empresa hondureña DESA y los organismos regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos ante el crisis de derechos humanos actual en Río Blanco.
La Voz de los de Abajo
Publicado desde El Progreso, Honduras
4 de julio, 2013
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