Cuando los asesinos danzan sobre las tumbas. “Hacemos lo que queremos, cuando queremos”
Por Gerardo Iglesias | Rel-UITA
Hay hechos que valen por ríos de tinta, miles de
imágenes o infinidad de bytes. Revelan la verdadera cara de una persona o
un grupo social.
En el estado norteño de Pará, hace apenas un par de
semanas, la autoridad local del Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria (INCRA), otorgó tierra a los mandantes del asesinato en
mayo de 2011 de José Cláudio Ribeiro y Maria do Espíritu Santo, una
pareja de luchadores por la tierra y la ecología.
José Rodrigues Moreira,
principal acusado de haber ordenado la muerte de ambos asentados,
pilares de la resistencia contra el avance de las empresas madereras en
la floresta amazónica, estaba inscrito en el INCRA como aspirante a colono. Y también su esposa, Antonia Nery de Souza. Una sociedad de hecho.
El pasado 14 de diciembre de 2012,
el superintendente local del INCRA, Edson Luis Bonetti, firmó una
resolución otorgándole a Antonia Nery el mismo lote por el cual su
esposo mandó matar a José Cláudio y a Maria.
No se trata de un “error por inadvertencia” o de una “omisión fortuita”, sino de una cruel confirmación: consorcios
de empresarios madereros y latifundistas continúan disponiendo de la
vida, la naturaleza y hasta la memoria de las personas en “territorios
liberados de ley federal”.
No sólo pretenden ser la ley y el orden
contra quienes les oponen resistencia, también permanecer impunes y
llenan de temor a quienes quieren resistir pero aún no se atreven.
Consultado por La Rel, Francisco de Assis da Costa, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en la Agricultura (FETAGRI) de Pará, explicó que “No
se trata de un hecho aislado ni novedoso. Es un ejemplo más de una
política sistemática de protección y, en este caso, premiación de
alguien que ordenó el asesinato de dos campesinos indefensos.
Es un premio y un mensaje para toda
la sociedad del sureste de Pará. Ese mensaje dice: ‘Hacemos lo que
queremos, cuando queremos’”.
Según Da Costa, la FETAGRI ya había advertido hace tiempo mediante notas oficiales tanto a las autoridades locales y federales del INCRA como
al Ministerio Público de que esta señora, esposa del mandante de los
asesinatos, aún permanecía en la lista de aspirantes a colonos.
“Por eso esto nos toma por sorpresa.
Pensábamos que el alto grado de exposición del caso haría recular a los
consorcios. Pero nos equivocamos. La realidad superó a la más absurda
ficción”, dijo Da Costa.
La reacción de la FETAGRI, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y de numerosas organizaciones sociales no se hizo esperar y la información adquirió rápidamente repercusión nacional.
Hace apenas un par de días, tres meses después de la adjudicación del lote, el INCRA decidió tomar cartas en el asunto destituyendo a Edson Luis Bonetti, superintendente del organismo en la región.
Francisco da Costa, por su parte, estimó que “No
es suficiente destituir a un funcionario corrupto. Se trata de una
política deliberada para favorecer a los consorcios de madereros y
latifundistas. Hasta que no se modifique en profundidad esa política y
se instrumente una reforma agraria integral, estas cosas seguirán
ocurriendo.
Nosotros continuaremos denunciando y
luchando –agregó–. Por ejemplo, ahora hemos advertido que en el lote
adjudicado al mandante de los asesinatos había varias familias viviendo
allí desde hace años. La Policía se presentó y los conminó a abandonar rápidamente sus tierras, cuando se sabe que la adjudicación no es legítima”.
Da Costa señaló además que
los campesinos acampados en diversos predios de la zona, y que reclaman
tierra para vivir y producir, son objeto permanente de amenazas,
insultos y provocaciones por parte de particulares y de policías.
La última ironía de este episodio es
que ahora el Ministerio Público debe buscar la vía legal adecuada para
anular la adjudicación que fue hecha en términos reglamentarios. Desde
ya, la fiscalía advierte que “no será sencillo”.
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