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| Magistrada Mirna Perla (Foto G. Trucchi) |
Entrevista con la magistrada salvadoreña Mirna Perla Jiménez, miembro de la Comisión de Verdad
Por Giorgio Trucchi – Lista Informativa “Nicaragua y más”
En medio de fuerte presiones, amenazas y hostigamientos, la Comisión de Verdad (CdV) continúa su minucioso trabajo para esclarecer la verdad de los hechos acontecidos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, y señalar los responsables de miles de violaciones a los derechos humanos.
Para conocer los avances del trabajo desarrollado, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con la magistrada salvadoreña y miembro de la Comisión de Verdad, Mirna Perla Jiménez*.
-¿Cuáles son los avances logrados hasta el momento?
-Estamos a casi seis meses de terminar la fase de recopilación de información en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se han registrado a partir del golpe de Estado. Sin embargo, estamos viendo una situación muy particular y anómala. Normalmente los hechos se van a constatar después de que ha terminado un conflicto, mientras que en Honduras el conflicto no ha concluido y persiste una situación de ruptura institucional.
La represión contra los campesinos en el Bajo Aguán, un conflicto agrario que tiene que ver con una estructura injusta del Estado que permite la apropiación y acumulación de tierra y riqueza en pocas manos, las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la falta de respuesta institucional para investigar y sancionar a los responsables, es un claro ejemplo de esta situación. Todo eso lo estamos investigando, analizando y documentando.
-¿Cree que estamos en un país normalizado y pacificado, tal como lo pregona el gobierno de Porfirio Lobo?
-Son muchos los países que siguen diciendo que en Honduras no se ha superado la crisis ocasionada por el golpe. Se interrumpió de forma violenta el mandato del presidente legítimo Manuel Zelaya. Se montaron elecciones donde la mayoría de la población decidió no participar. Se sigue reprimiendo a los sectores sociales y populares que quieren volver a la institucionalidad, y que están en contra de un gobierno que no surgió de la voluntad del pueblo.
En Honduras no se ha superado el golpe y hay una situación de violación generalizada a los derechos de la gente, con un Estado débil y en crisis. Sin embargo y pese a la represión, la gente ha superado el miedo y se ha abocado a exigir que se respeten sus derechos y que se vuelva a la institucionalidad.
-Una situación complicada que trasciende las fronteras hondureñas...
- Si esta situación se consolida, va a ser una amenaza que puede afectar a otros paises, como por ejemplo a El Salvador, donde hay un proceso de democratización aún débil y donde el gobierno se siente amenazado, o a Guatemala. En Honduras se está jugando la posibilidad de un avance democrático o de un retroceso hacia la dictadura en Centroamérica.
-Varias organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos creen que la violación a los derechos humanos en Honduras es una política de Estado. ¿Comparte esta visión?
-Como Comisión de Verdad estamos tratando de documentar todos los casos de violaciones, establecer los patrones de conducta de los cuerpos represivos del Estado, del Ejército, de la Policía. También estamos tratando de evidenciar otros componentes estructurales que generan violaciones y que, posiblemente, ocasionaron el golpe, como por ejemplo la apropiación de los abundantes recursos naturales que existen en el país. Al terminar nuestro trabajo vamos a poder evaluar detenidamente qué ocurrió en Honduras y qué está pasando ahora.
-¿En Honduras sigue reinando la impunidad?
-Como Comisión no hemos encontrado, de parte del órgano judicial, la apertura necesaria para reintegrar a las y los jueces que fueron despedidos por estar comprometidos con la institucionalidad. Esa sería una forma para demostrar que hay avances en la independencia judicial.
Además, aún no conocemos ningún caso donde se haya perseguido a los responsables de los delitos cometidos contra la población. A la gente no se le está respetando su derecho de tener acceso a la justicia.
Hay una fuerte debilidad en los tres principales poderes del Estado y todo eso evidencia, aún más, la crisis institucional que hay en el país y no identificamos señales de que se haya superado la impunidad.
-¿No cree que el haber creado una Secretaría de Derechos Humanos sea una señal de que el gobierno quiera proteger los derechos humanos en el país?
-Mientras el discurso no coincida con la realidad es bien difícil que haya resultados concretos y positivos. Más bien me parece una cortina de humo, porque no es con la creación de más instituciones que podemos decir que hay avances: De hecho, lo que estamos viendo es una violación masiva de los derechos humanos con la quiescencia del Estado.
-El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, declaró que ya es tiempo de reintegrar a Honduras a esta organización. ¿Está de acuerdo con esta posición?
-Hay normas internacionales y una Carta Democrática que hay que respetar. Mientras no se supere la ruptura institucional, la violacion a los derechos humanos, el irrespeto a la democracia, no se puede reintegrar a Honduras, ni reconocer a un gobierno que surgió de esa situación de crisis.
El ex presidente Manuel Zelaya aún no puede regresar al país. Los poderes del Estado no tienen independencia, ni imparcialidad y efectividad para proteger los derechos de las personas, ni para dar respuestas al derecho de acceso a la justicia que tiene la gente. Mal harían los organismos internacionales, en este caso la OEA, en dejar desprotegida a esta población.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la comunidad internacional ha evolucionado y madurado, y muestra clara de eso es que este gobierno no ha logrado imponerse ante la comunidad internacional. Espero que como Comisión de Verdad podamos contribuir a la verdadera búsqueda de la verdad, de la reconciliación, pero con justicia, con reparación para las victimas, con el fortalecimiento de las instituciones, para que garanticen una participación real de los diferentes sectores del país.
* Mirna Perla Jiménez es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, defensora de los derechos humanos y víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, contra estudiantes de secundaria y de la Universidad de El Salvador (UES). Viuda de Hebert Amaya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), asedinado el 26 de Octubre de 1987, Perla Jiménez fue Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), coordinadora general y Vicepresidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) y fundadora de la Asociación Pro-Busqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador. A partir del 28 de junio 2010 integra la Comisión de Verdad (CdV), instancia de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras que pretende investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a raíz del golpe de Estado.
Por Giorgio Trucchi – Lista Informativa “Nicaragua y más”
En medio de fuerte presiones, amenazas y hostigamientos, la Comisión de Verdad (CdV) continúa su minucioso trabajo para esclarecer la verdad de los hechos acontecidos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, y señalar los responsables de miles de violaciones a los derechos humanos.
Para conocer los avances del trabajo desarrollado, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con la magistrada salvadoreña y miembro de la Comisión de Verdad, Mirna Perla Jiménez*.
-¿Cuáles son los avances logrados hasta el momento?
-Estamos a casi seis meses de terminar la fase de recopilación de información en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se han registrado a partir del golpe de Estado. Sin embargo, estamos viendo una situación muy particular y anómala. Normalmente los hechos se van a constatar después de que ha terminado un conflicto, mientras que en Honduras el conflicto no ha concluido y persiste una situación de ruptura institucional.
La represión contra los campesinos en el Bajo Aguán, un conflicto agrario que tiene que ver con una estructura injusta del Estado que permite la apropiación y acumulación de tierra y riqueza en pocas manos, las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la falta de respuesta institucional para investigar y sancionar a los responsables, es un claro ejemplo de esta situación. Todo eso lo estamos investigando, analizando y documentando.
-¿Cree que estamos en un país normalizado y pacificado, tal como lo pregona el gobierno de Porfirio Lobo?
-Son muchos los países que siguen diciendo que en Honduras no se ha superado la crisis ocasionada por el golpe. Se interrumpió de forma violenta el mandato del presidente legítimo Manuel Zelaya. Se montaron elecciones donde la mayoría de la población decidió no participar. Se sigue reprimiendo a los sectores sociales y populares que quieren volver a la institucionalidad, y que están en contra de un gobierno que no surgió de la voluntad del pueblo.
En Honduras no se ha superado el golpe y hay una situación de violación generalizada a los derechos de la gente, con un Estado débil y en crisis. Sin embargo y pese a la represión, la gente ha superado el miedo y se ha abocado a exigir que se respeten sus derechos y que se vuelva a la institucionalidad.
-Una situación complicada que trasciende las fronteras hondureñas...
- Si esta situación se consolida, va a ser una amenaza que puede afectar a otros paises, como por ejemplo a El Salvador, donde hay un proceso de democratización aún débil y donde el gobierno se siente amenazado, o a Guatemala. En Honduras se está jugando la posibilidad de un avance democrático o de un retroceso hacia la dictadura en Centroamérica.
-Varias organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos creen que la violación a los derechos humanos en Honduras es una política de Estado. ¿Comparte esta visión?
-Como Comisión de Verdad estamos tratando de documentar todos los casos de violaciones, establecer los patrones de conducta de los cuerpos represivos del Estado, del Ejército, de la Policía. También estamos tratando de evidenciar otros componentes estructurales que generan violaciones y que, posiblemente, ocasionaron el golpe, como por ejemplo la apropiación de los abundantes recursos naturales que existen en el país. Al terminar nuestro trabajo vamos a poder evaluar detenidamente qué ocurrió en Honduras y qué está pasando ahora.
-¿En Honduras sigue reinando la impunidad?
-Como Comisión no hemos encontrado, de parte del órgano judicial, la apertura necesaria para reintegrar a las y los jueces que fueron despedidos por estar comprometidos con la institucionalidad. Esa sería una forma para demostrar que hay avances en la independencia judicial.
Además, aún no conocemos ningún caso donde se haya perseguido a los responsables de los delitos cometidos contra la población. A la gente no se le está respetando su derecho de tener acceso a la justicia.
Hay una fuerte debilidad en los tres principales poderes del Estado y todo eso evidencia, aún más, la crisis institucional que hay en el país y no identificamos señales de que se haya superado la impunidad.
-¿No cree que el haber creado una Secretaría de Derechos Humanos sea una señal de que el gobierno quiera proteger los derechos humanos en el país?
-Mientras el discurso no coincida con la realidad es bien difícil que haya resultados concretos y positivos. Más bien me parece una cortina de humo, porque no es con la creación de más instituciones que podemos decir que hay avances: De hecho, lo que estamos viendo es una violación masiva de los derechos humanos con la quiescencia del Estado.
-El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, declaró que ya es tiempo de reintegrar a Honduras a esta organización. ¿Está de acuerdo con esta posición?
-Hay normas internacionales y una Carta Democrática que hay que respetar. Mientras no se supere la ruptura institucional, la violacion a los derechos humanos, el irrespeto a la democracia, no se puede reintegrar a Honduras, ni reconocer a un gobierno que surgió de esa situación de crisis.
El ex presidente Manuel Zelaya aún no puede regresar al país. Los poderes del Estado no tienen independencia, ni imparcialidad y efectividad para proteger los derechos de las personas, ni para dar respuestas al derecho de acceso a la justicia que tiene la gente. Mal harían los organismos internacionales, en este caso la OEA, en dejar desprotegida a esta población.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la comunidad internacional ha evolucionado y madurado, y muestra clara de eso es que este gobierno no ha logrado imponerse ante la comunidad internacional. Espero que como Comisión de Verdad podamos contribuir a la verdadera búsqueda de la verdad, de la reconciliación, pero con justicia, con reparación para las victimas, con el fortalecimiento de las instituciones, para que garanticen una participación real de los diferentes sectores del país.
* Mirna Perla Jiménez es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, defensora de los derechos humanos y víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, contra estudiantes de secundaria y de la Universidad de El Salvador (UES). Viuda de Hebert Amaya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), asedinado el 26 de Octubre de 1987, Perla Jiménez fue Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), coordinadora general y Vicepresidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) y fundadora de la Asociación Pro-Busqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador. A partir del 28 de junio 2010 integra la Comisión de Verdad (CdV), instancia de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras que pretende investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a raíz del golpe de Estado.
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