Ley que promueve buenas prácticas productivas en el sector agropecuario y contrarresta la IRC asusta a los empresarios
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
En marzo de 2009 se conformó en la Asamblea Nacional una Comisión Nacional Multisectorial para abordar el tema de la insuficiencia renal crónica (IRC), conformada por las Comisiones de Salud y Seguridad Social, Laboral, instituciones de gobierno e instancias relacionadas con este drama, incluyendo a diferentes organizaciones de ex trabajadores azucareros afectados por IRC, cuyos miembros expresaron su problemática y principales demandas. Esta fue la base para iniciar un proceso en búsqueda de una salida real a esta situación, que involucra al gobierno y a las empresas privadas del sector de la agroindustria azucarera.
“Nos dimos cuenta de que la IRC además de ser una situación de emergencia, es un problema de salud pública nacional que golpea a la población economicamente activa –explicó a Sirel el coordinador de la Comisión Ejecutiva de esta instancia multisectorial, doctor Wilfredo Barreto–.
Las principales demandas de los afectados tenían que ver con la salud, las pensiones y los alimentos, y en este sentido comenzamos a trabajar para compenetrarnos bien en la problemática de la IRC, y para formular propuestas que buscaran una salida a esta situación”.
La Comisión estudió a fondo los resultados preliminares de un estudio científico desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León) sobre las causales de la IRC en el que se evidencia que la actividad agrícola, principalmente la de la caña de azúcar y también del banano y del maní, tiene una relación directa con la enfermedad renal que sufren los trabajadores y la población que vive en los alrededores de las plantaciones.
“A partir de estos datos –continuó Barreto–, la Comisión Ejecutiva comenzó a elaborar dos documentos: un Protocolo de Entendimiento, que involucraría directamente a las instancias de gobierno y a la empresa privada de la industria azucarera como coresponsable de esta situación, para darle una respuesta a corto plazo a las demandas de los afectados, y una ley como instrumento jurídico que contribuya a prevenir y resolver el problema de manera definitiva, a través de la promoción de buenas prácticas productivas para el sector agropecuario”.
Antes de finalizar el año, las diferentes instancias de gobierno se comprometieron a presentar planes de acciones y respuestas a la problemática de la IRC, y producto de estos planes se creará un único Plan Estratégico en el que tendrán que involucrarse también el sector empresarial y las distintas Alcaldías de las zonas más afectadas.
Con respecto a la iniciativa de ley, su enfoque está principalmente dirigido al tema de la regulación del uso que las empresas hacen de los contratistas y subcontratistas y del fenómeno de la tercerización. Además, se pretende reglamentar el uso, manipulación, aplicación y almacenamiento de agrotóxicos, las condiciones de trabajo y las medidas de seguridad e higiene laboral.
Las empresas contratacan
Durante la presentación a los medios de comunicación de esta iniciativa de ley, el presidente de la Comisión Salud y también secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, explicó que “el objetivo de esta legislación es ir eliminando las prácticas productivas nocivas al ser humano, las cuales pueden ocasionar diversos tipos de enfermedades, entre ellas la insuficiencia renal”.
Por su lado, el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, reforzó la exposición de motivos al declarar que desde hace muchos años se ha demostrado que los trabajadores que laboran en los ingenios azucareros se han visto afectados por esa mortal enfermedad, y que los dueños de los ingenios deben brindar atención a estas personas.
Según el periódico digital “El 19”, López propuso que en el caso de las empresas agropecuarias y particularmente de los ingenios, el aporte patronal que se realiza para riesgo profesional tenga que incrementarse del 1,5 al 5 por ciento. “De esa manera, con esos fondos podemos brindar mejor atención a las personas con insuficiencia renal crónica”, dijo el presidente del INSS.
La reacción de las empresas azucareras no se hizo esperar y en un espacio pagado que apareció en los principales periódicos del país, el Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA) atacó las declaraciones del presidente del INSS y volvió a defender sus intereses al no aceptar algún tipo de relación directa entre la agroindustria azucarera y la IRC.
Además de explicar el “excelente sistema de salud con el que protegen a sus trabajadores y sus familias” y “las vigorosas prácticas de responsabilidad empresarial donde la protección del medio ambiente ocupa un lugar fundamental”, los empresarios azucareros volvieron a atacar a “los sectores que quieren desacreditar a nuestra industria y que promueven versiones distorsionadas sobre la enfermedad renal, generando antagonismos que lo único que han hecho es obstaculizar la búsqueda de una explicación y solución a esta problemática de salud pública”.
Los patrones de la producción azucarera, pero también de licor, energía y etanol, encabezados por el poderoso Grupo Pellas y las empresas Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL) y la Compañía Licorera de Nicaragua SA (CLNSA) que lo integran, agregaron también que estas declaraciones “hechas a pocos días de que se inicie la producción de azúcar y de energía en el marco de la zafra 2009-2010, atentan contra la estabilidad de nuestras empresas y de un sector que es responsable del 4 por ciento del PIB nacional”.
La pantomima empresarial
La estrategia de querer poner en duda la estabilidad de las empresas y de esta manera tratar de sublevar a los trabajadores activos en contra de quienes exigen una solución a la problemática de la IRC o pretenden defender sus derechos violados, no es nueva.
Desde hace nueve meses, los ex trabajadores del Ingenio San Antonio, propiedad de la Nicaragua Sugar Estates Ltd, que integra el Grupo Pellas, organizados en la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), afiliada a la UITA, están luchando en Managua para que se les reconozca una indemnización por los daños causados a su salud por el uso indiscriminado de agrotóxicos y la contaminación de los recursos hídricos.
Hasta la fecha se han contabilizado más de 3.500 fallecidos y más de 8 mil afectados.
Pese a las repetidas amenazas, el acoso constante y el vergonzoso silencio de la empresa que hasta el momento no ha querido abrir una mesa de negociaciones, hechos repetidamente denunciados por los mismos afectados y la UITA, los ex trabajadores azucareros resisten y siguen firmes en su propósito de lograr que se les respeten sus derechos.
En este sentido, la iniciativa de la Comisión Nacional Multisectorial y del gobierno de Nicaragua, además de reconocer el vínculo directo entre agroindustria azucarera y la IRC, tal como lo vienen planteando desde hace muchos años los ex trabajadores afectados, la UITA y un sinnúmero de organizaciones que a nivel mundial se han solidarizado con la lucha de la ANAIRC, contribuirá a que miles de afectados se sientan menos solos y más respaldados en su difícil situación.
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