lunes, 8 de septiembre de 2014

Gobierno Sánchez Cerén completa 100 días en El Salvador

EFE
Incentivo a la producción agrícola y disminución de la violencia son dos objetivos de segundo gobierno del FMLN

Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén cumple este lunes (8/9) sus primeros 100 días. La victoria electoral que permitió un segundo período consecutivo de la izquierda en El Salvador, esta vez con un candidato proveniente de las propias entrañas de la ex guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), convertida en partido político después de los Acuerdos de Paz de 1992, llegó después de una reñida segunda ronda electoral.

Los resultados del escrutinio definitivo realizado por el TSE (Tribunal Supremo Electoral) sentenciaron la victoria del ex comandante guerrillero con un apretado margen de 6,364 votos (50,11% a 49,89%) sobre el candidato del derechista partido Arena (Alianza Republicana Nacionalista), Norman Quijano. Con este resultado Sánchez Cerén se convirtió en el candidato más votado de la historia democrática del pequeño país centroamericano.

Durante el discurso de toma de posesión, pronunciado el pasado 1 de junio, el nuevo presidente resaltó los ejes principales de su plan de gobierno, donde destaca la puesta en marcha de un modelo de desarrollo más justo y equitativo, basado en los principios de igualdad e inclusión, que dé continuidad a la transformación productiva del país, con enfoque particular en la reactivación del sector agrícola, abandonado por décadas por los gobiernos de Arena. También manifestó la intención de dar continuidad y profundizar los programas sociales iniciados por Mauricio Funes, seguir invirtiendo en educación y salud, promover la modernización del Estado y acelerar la generación y dignificación del empleo, con especial énfasis en la juventud.

Abordar con fuerza el complicado tema de la violencia y la seguridad, a partir de un enfoque integral, combatiendo el crimen organizado y las estructuras que lo alimentan y reduciendo los altos índices de homicidios y las extorsiones en el país, fue otra de las tantas apuestas del nuevo gobierno.

Para llevar a cabo este proyecto ambicioso, Sánchez Cerén ha venido promoviendo un modelo participativo e incluyente, reiterando de manera sistemática la necesidad de la participación de todos los sectores de la sociedad salvadoreña y auspiciando un gran acuerdo de nación. “Solamente unidos crecemos todos”, repitió varias veces después de haber recibido la banda presidencial.

“El nuevo gobierno mandó una señal importante a la oposición política, a la empresa privada y a la población en general, promoviendo un ambiente de diálogo y de concertación. Esta decisión no solo ha contribuido a tranquilizar al país después de un proceso electoral muy tenso, sino que ha permitido restarle fuerza a la política confrontativa de Arena y del gran capital reunido en la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada)”, dijo Ricardo Ribera, historiador y catedrático del Departamento de Filosofía de la UCA “José Simeón Cañas” (Universidad Centroamericana), a Opera Mundi.

En efecto, sencillez y austeridad han caracterizado el estilo de conducción del nuevo gobernante. El hecho, por ejemplo, de llevar a cabo un acto de toma de posesión muy austero, de renunciar a vivir en la mansión presidencial y quedarse en su casa, de visitar constantemente hospitales, escuelas y otros lugares públicos, así como realizar su programa de televisión “Gobernando con la Gente” en los barrios populares, cara a cara con gente sencilla y humilde, ha sido acogido muy positivamente.

“Es un hombre sencillo, no confrontativo, profundamente vinculado con el pueblo, que goza de una aceptación altísima. Este estilo le ha permitido contrarrestar las estrategias de la oposición más recalcitrante, que ya no halla cómo atacarlo por temor a perder consenso en vista de las elecciones municipales y legislativas del próximo año”, dijo el economista y analista político dominicano radicado en El Salvador, César Villalona.

Avances y logros

Durante la presentación, el pasado mes de agosto, del Informe de Desarrollo Humano 2014, los representantes del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en el país evidenciaron que El Salvador es la nación que más ha avanzado en desarrollo humano en el mundo durante los últimos 20 años. Lejos de significar que todos los problemas están resueltos, este resultado asume aún más relevancia si se analizan los más recientes índices de reducción de pobreza.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013 (EHPM), publicada por la DIGESTYC (Dirección General de Estadísticas y Censos) y el Ministerio de Economía, son varios los indicadores que muestran una mejora en las condiciones de vida de la población salvadoreña en los últimos años.

Actualmente, el 86,6% de los hogares tiene acceso al agua potable y el 95% a la energía eléctrica, con un aumento respecto al 2011 del 2,8% y 2,4%. La tasa de analfabetismo se redujo del 12,8% al 11,8%, con prevalencia en el área rural, y El Salvador ya cumplió con la meta número 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reduciendo en un 75% la mortalidad materna.

También se registró el incremento de 50 dólares en el ingreso promedio mensual de los hogares, la pobreza relativa bajó de 11 puntos porcentuales, pasando de 40,6% de los hogares en 2011 a 29,6% del año pasado, y la pobreza extrema se redujo del 12,2% al 7,1% durante el mismo periodo.

“Por décadas se olvidaron de la solidaridad y nos impusieron un modelo basado en el individualismo que propició la violencia en el país. Nuestra visión del Buen Vivir se sustenta en los principios de la igualdad e inclusión, y nuestro modelo de sociedad promueve la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua”, dijo Sánchez Cerén durante la actividad promovida por el PNUD.

Agricultura y alimentos

Según la visión programática del nuevo gobierno, la creación de un modelo productivo incluyente y la estimulación de la producción nacional facilitarán la ampliación de las posibilidades de desarrollo y una mayor reducción de los índices de pobreza y desigualdad.

En este sentido, una de las primeras acciones del nuevo gabinete fue darle continuidad a los programas de apoyo al sector cooperativo y a la micro y pequeña empresa rural, incentivando la producción de granos básicos en el marco del Plan de Agricultura Familiar. Además, se siguió impulsando el encadenamiento productivo, distanciándose aún más del monopolio y el negocio de las semillas importadas, fuente crónica de clientelismo y corrupción.

Durante los meses de julio y agosto se entregaron 200 mil paquetes agrícolas, más 20 mil adicionales para enfrentar los daños provocados por la sequía. También se gestionó con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) un préstamo de $100 millones, a largo plazo y baja tasa de interés, para la micro y pequeña empresa, y se entregaron 2 mil nuevos títulos de propiedad, manteniendo como meta final la entrega de 12 mil títulos por año.

“El gobierno está mandando señales importantes al sector productivo y le ha puesto el acelerador a la reactivación del agro, a la producción de alimentos y a la creación de estructuras de acopio y comercialización. Además, está garantizando seguridad jurídica a la tierra”, dijo César Villalona a Opera Mundi.

Reformas fiscales y reconversión de la deuda

Según el economista, en esta etapa inicial del mandato de Sánchez Cerén se priorizó la implementación de medidas económicas y reformas fiscales que enrumbarán el país hacia una mayor equidad y justicia tributaria, permitiendo invertir más en desarrollo social, sin incrementar la deuda pública.

“La derecha sigue insistiendo que hay que reducir el gasto público, pero la lógica del gobierno es otra: combatir la evasión fiscal y optar por aumentar las recaudaciones y la carga tributaria, para ir profundizando los programas sociales”, añadió Villalona.

En este sentido, el 31 de julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al Código Tributario y a la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras. De esta manera se espera generar una recaudación adicional de entre 160 y 200 millones de dólares.

Con estas reformas, que afectan principalmente los sectores más acomodados de la sociedad salvadoreña, se gravaron con el 1% los activos de las empresas y con el 0,25% las operaciones o transacciones financiaras electrónicas superiores a $1.000 y las operaciones en efectivos que superen los $5.000. También se derogó a los periódicos impresos la exención del Impuesto sobre la Renta (ISR) y se pusieron las bases para una verdadera lucha contra la evasión de impuestos.

“El nivel de evasión tributaria en El Salvador supera los $1.700 millones, es decir casi dos veces el déficit fiscal. Con esta medida, se podrá finalmente denunciar públicamente aquellas grandes empresas cuya mora fiscal ya rebasa los $400 millones”, precisó el economista dominicano.

A ese propósito, el presidente Salvador Sánchez Cerén dio un plazo de 90 días a todos los empresarios y proveedores morosos, para que paguen sus deudas con el Estado, perdonándoles intereses y multas. De no hacerlo, el gobierno publicará los nombres y montos de las empresas deudoras.

Otra medida que el gobierno está considerando para conseguir más recursos es reconvertir la deuda pública, que actualmente está conformada por 156 préstamos y que asciende a unos $15.000 millones, de los cuales $10.700 millones son del gobierno central.

La operación consistiría en que uno o varios Estados -se mencionan a China, Rusia y Venezuela- le presten a El Salvador el monto necesario para extinguir su deuda actual. De esta manera, la nación centroamericana adquiriría una nueva deuda con una cantidad muy reducida de nuevos acreedores, ampliando el plazo de pago y bajando la tasa de interés. Con esta medida, el Estado salvadoreño ahorraría entre 300 y 400 millones de dólares al año en concepto de pago de la deuda, liberándolos para inyectarlos a los programas más estratégicos del plan de gobierno.

Matriz energética y generación de empleo

En El Salvador, el 41% de la matriz energética es a base de energía térmica y el restante 59% se divide entre energía geotérmica, hidráulica y biomasa. El objetivo del nuevo gobierno es reducir progresivamente, hasta llegar a un 8% o 10%, la generación de energía a base de combustibles fósiles.

En este sentido, ya se firmó un convenio con tres empresas extranjeras para generar energía solar. Se trata de una inversión de unos $250 millones para generar 100 MW (Megawatt), es decir el 8% del consumo nacional de energía. Además, se va a impulsar la generación de 355 MW de energía de gas, con una inversión que oscila entre los $850 y los $1.000 millones.

Otro eje programático del gobierno de Sánchez Cerén ha sido la generación y dignificación del empleo. Para compartir ideas, programas, propuestas e inquietudes, la nueva ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, convocó a una reunión amplia y abierta donde participaron más de 50 organizaciones sindicales.

Durante la actividad, la titular de la cartera laboral informó sobre los planes para generar nuevos puestos de trabajo, a través de un pacto territorial por el empleo que se va a firmar con 27 municipios del país, y para impulsar con fuerza el tripartismo (empresarios, trabajadores y gobierno). También garantizó el apoyo del gobierno para que sea un empleo digno y de calidad, en el pleno respeto de los derechos laborales y sindicales.

Asimismo, la ministra Guevara anunció la activación, en estos primeros 100 días, de ventanillas especializadas para facilitar la inserción laboral de mujeres y jóvenes, así como la puesta en marcha de un plan para ejecutar todas aquellas inspecciones y reinspecciones laborales que fueron suspendidas o que estaban atrasadas.

Depuración, modernización y actualización de los registros de las organizaciones sindicales y convocación a asambleas amplias sobre temas específicos de carácter laboral, sindical y económico, fueron otros de los temas abordados durante la reunión.

“La impresión es positiva. Hemos apreciado la apertura mostrada por la nueva ministra, así como su firme intención de valorizar la negociación tripartita y buscar el consenso. Aunque hay sectores de la empresa privada que parecen no aceptar esta propuesta y que tienen el solo objetivo de confrontar al gobierno, sabemos que hay otros sectores que acudirán al llamado de unidad que hizo el presidente Sánchez Cerén”, dijo Gilberto García, coordinador del CEAL (Centro de Estudios y Apoyo Laboral).

Petrocaribe

En su primer acto de carácter internacional después de tomar posesión de su cargo, el presidente Sánchez Cerén solicitó formalmente el ingreso de El Salvador al acuerdo de cooperación energética Petrocaribe. La propuesta fue aceptada por el Consejo de Ministros de Petrocaribe y ahora se espera solamente la ratificación de la Asamblea Legislativa, para que El Salvador se convierta en el 19no miembro pleno de esta instancia regional.

Petrocaribe es una alianza energética entre naciones creada en 2005 por el expresidente venezolano Hugo Chávez, que permite a los países miembros obtener petróleo a precios bajos, en el marco de un proyecto más amplio de integración regional que se inspira en la independencia y soberanía de los pueblos.

El acuerdo energético propone una escala de financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera, tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés a 1% si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril.

De esta manera, los países reciben un trato preferencial y podrán hacer uso de al menos el 40% de lo que deben pagar en factura petrolera, para invertirlo en programas económicos y sociales que apuntan a la reducción de la pobreza y a una mejor distribución de la riqueza.
Además, el pago podrá ser efectuado con bienes y productos nacionales, sobre todo agrícolas, beneficiando de esta manera a pequeños y medianos productores.

En estos últimos años, El Salvador contó con la presencia en su territorio de la empresa de economía mixta ALBA Petróleos de El Salvador, cuya contraparte ha sido la Asociación intermunicipal ENEPASA (Energía para El Salvador). Entre los proyectos con visión social impulsados por esta entidad destaca ALBA Alimentos de El Salvador, cuyo enfoque ha sido dirigido al apoyo crediticio y capacitación técnico-comercial de productores individuales y organizados, la compra de la producción de granos básicos a precio justo, y el apoyo a programas sociales.

De ratificarse la adhesión a Petrocaribe, se liberarían recursos por un valor de entre 600 y 800 millones de dólares.

“Las reformas fiscales, la reconversión de la deuda, el cambio de matriz energética y la entrada a Petrocaribe, sumadas al plan de austeridad y de gestión eficiente que impulsa el gobierno, podrían lograr reducir de manera sustancial el déficit fiscal del país, que actualmente ronda el 4% del PIB (Producto Interno Bruto). De esta manera, se asegurarían los recursos necesarios para profundizar todos los programas sociales”, explicó Villalona. 

Política exterior

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Sánchez Cerén estableció una política exterior con un enfoque claramente progresista, amplio y abierto. Además de fortalecer sus relaciones con la región centroamericana y mantener los vínculos históricos con Estados Unidos, el presidente salvadoreño dirigió su mirada hacia otros países.

“Anunció la apertura de relaciones comerciales con China, la ampliación de las relaciones con Rusia, participó como invitado a la Cumbre del Mercosur y hay una clara apertura hacia Venezuela y Brasil. Todo esto va a generar mucha inversión”, aseguró el analista político.

Para Ricardo Ribera, el FMLN está demostrando mucha sabiduría en manejar las relaciones internacionales, sin por eso dejar de mantenerse firme sobre ciertos puntos, exigiendo respeto a su independencia. “Abrirse al mundo fortaleciendo relaciones con nuevos países significa diversificar nuestra dependencia y abrirse a nuevas e importantes posibilidades y opciones”, consideró el catedrático de la UCA.

Seguridad

El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Pese a los avances logrados en los últimos años, la tasa de homicidio en 2013 fue de 39,6 por cada 100.000 habitantes, más de 6 veces la tasa promedio de homicidios a nivel global (6,2 víctimas por cada 100.000 habitantes).

El Instituto de Medicina Legal de El Salvador informó que, en el primer semestre de 2014, se cometieron 1.847 homicidios, para un promedio de 10,20 homicidios por día. Ante esta situación, el tema de seguridad se ha convertido en el principal banco de pruebas para el nuevo gobierno.

Abraham Abrego, director ejecutivo de la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), consideró positiva la decisión del presidente Sánchez Cerén y del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara -otro dirigente histórico del FMLN-, de optar por una visión más integral de solución y respuesta al tema de violencia, no enfocándose solamente en la represión, sino dando espacio a la parte de prevención social.

En efecto, la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que ha formulado el gobierno del FMLN apuesta por un acercamiento de las instituciones a las comunidades, para trabajar de manera conjunta y con la participación de todos los sectores de la sociedad salvadoreña alrededor de cinco ejes: control y represión del delito, prevención social de la violencia, ejecución de penas y medidas, atención a las víctimas y reforma institucional y legal del país.

“Hay elementos importantes que fueron retomados, como por ejemplo el tema de las víctimas y del sistema penitenciario relacionado con la rehabilitación. Además, el gobierno está optando por un fortalecimiento de la policía, sin ceder ante la presión de algunos sectores que piden un mayor involucramiento de los militares en temas de seguridad pública”, dijo Abrego a Opera Mundi.
   
Entre las medidas tomadas durante los primeros tres meses de gobierno destaca el despliegue de la Policía Comunitaria y la creación de una Comisión Nacional de Prevención y Participación, que involucrará a las organizaciones civiles como sujeto activo de auditoría social de la política de seguridad implementada por el gobierno.

Durante el despliegue de los primeros contingentes en varias zonas de la capital, el mandatario salvadoreño señaló que la Policía Comunitaria representa un gran esfuerzo de nación y una asociación estratégica entre la policía y las comunidades. “Eso servirá a detectar los problemas de inseguridad que afectan a cada comunidad, y buscar conjuntamente acciones que permitan resolverlos bajo un enfoque de corresponsabilidad”, dijo el mandatario.

La implementación de este nuevo cuerpo de policía se realizará en siete zonas de la capital y será desplegada, progresivamente, en el área metropolitana de San Salvador y en el resto del país.

“El gobierno deberá tener acciones muy concretas y contundentes que impacten en la sociedad, y que reduzcan sensiblemente los niveles de violencia y los índices de homicidios y las extorsiones. Para hacerlo es necesario un verdadero plan de depuración de la policía, así como preparar las condiciones para que la Policía Comunitaria pueda operar cuando llega a las diferentes zonas del país”, agregó el director ejecutivo de la FESPAD.

Desafios

Ante esta situación, el gobierno tendrá que mostrar resultados concretos y de gran impacto social, así como acelerar la aprobación de leyes estratégicas como la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y la Ley General de Aguas.

La victoria electoral del FMLN y de su dirigente histórico ha generado expectativas enormes en la población. “Esto significa que ya no hay excusas para que el FMLN no lleve a cabo lo que es su programa estratégico. Obviamente no podrá hacerlo de un solo golpe, pero la población espera algo que vaya más allá de la oferta electoral, y que se enmarque en lo que el partido ha presentado como una revolución democrática, es decir fortalecer a las mayorías populares y transformar sustantivamente el Estado”, dijo Ricardo Ribera.

Según el filósofo e historiador salvadoreño, más allá de los programas sociales -que asegura son necesarios en este momento aunque no definen una política de izquierda- hay que avanzar en la dirección de lo que es propiamente estratégico, radicalizando los cambios y haciendo transformaciones realmente estructurales.

“Democratizar la democracia es una forma de avanzar hacia una etapa que tiene como horizonte algún modelo de socialismo, que vaya más allá del capitalismo real que ha fracasado en América Latina. Necesitamos tocar las bases de la producción y de la productividad, empoderando la clase trabajadora, los jóvenes, las mujeres, transformando las posibilidades que tiene nuestra economía, de forma que se desmotive la migración hacia otros países”, concluyó Ribera.

Fuente original: Opera Mundi (Portugués)