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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Daniel Gatti | Rel-UITA
Organizaciones de América Latina y redes internacionales reunidas en La Ceiba, Honduras, denunciaron la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas, indígenas y garífunas debido al avance del monocultivo de palma africana, en el marco de un modelo de producción basado en el acaparamiento de tierras por unos pocos empresarios nacionales y compañías transnacionales.
La declaración, a la que adhiere la Rel-UITA, se sustenta en testimonios de pobladores locales y sostiene que la situación hondureña se replica en el conjunto de América Latina, y también en Asia y África, “donde se impulsa el agronegocio disfrazándolo de proyectos de ‘desarrollo’, muchas veces destinados a la producción de agrocombustibles o ‘energías renovables’ para enfrentar el cambio climático”.
“Sin embargo, ésta es una falsa solución que solo profundiza el cambio climático. La única solución posible ante esta trágica realidad es un cambio urgente del modelo de producción y consumo a nivel internacional”, proclaman en el documento las diversas organizaciones sociales y ambientales, entre las que se encuentra la Regional Latinoamericana de la UITA.
Frente a estos atropellos, dicen las organizaciones firmantes, “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo garífuna, indígena y campesino de Honduras ante los grandes desafíos que enfrentan por la defensa de su territorio, debido a la imposición de proyectos de alto impacto social, ambiental y cultural como los monocultivos de palma africana”.
“Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”, agregan.
La expansión de la palma ha sido impulsada, además, por el propio gobierno hondureño, “actuando en favor de los intereses empresariales nacionales y transnacionales”.
Algunos de los efectos de la extensión de este y otros monocultivos han sido la pérdida y destrucción de bosques y humedales; la disminución y desvío de los cursos de agua; y la contaminación de aguas y suelos debido al uso de agrotóxicos, que impactan además en la salud de la población.
Las consecuencias sobre la soberanía alimentaria del país y sus habitantes son además evidentes: “tierras que antes producían alimentos han sido transformadas en grandes monocultivos de palma y la población local pasa a depender de los mercados foráneos, que además de impactar en el costo de los alimentos impone cambios en el tipo de alimentación”.
Los desplazamientos de población generados se ven agravados por el impulso dado por el Estado a las llamadas “Zonas Especiales de Desarrollo”, fundamentalmente en el Pacífico y en el territorio garífuna, que pretenden ser presentadas como “ciudades modelo” pero que son de hecho formas de privatización de los espacios urbanos.
“Esta realidad socio ambiental se agudiza cuando se sobreponen otros intereses y actividades de alto impacto, como la explotación de minerales metálicos y operaciones para la exploración petrolera”, dice la declaración.
“Sin embargo, ésta es una falsa solución que solo profundiza el cambio climático. La única solución posible ante esta trágica realidad es un cambio urgente del modelo de producción y consumo a nivel internacional”, proclaman en el documento las diversas organizaciones sociales y ambientales, entre las que se encuentra la Regional Latinoamericana de la UITA.
Frente a estos atropellos, dicen las organizaciones firmantes, “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo garífuna, indígena y campesino de Honduras ante los grandes desafíos que enfrentan por la defensa de su territorio, debido a la imposición de proyectos de alto impacto social, ambiental y cultural como los monocultivos de palma africana”.
“Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”, agregan.
La expansión de la palma ha sido impulsada, además, por el propio gobierno hondureño, “actuando en favor de los intereses empresariales nacionales y transnacionales”.
Algunos de los efectos de la extensión de este y otros monocultivos han sido la pérdida y destrucción de bosques y humedales; la disminución y desvío de los cursos de agua; y la contaminación de aguas y suelos debido al uso de agrotóxicos, que impactan además en la salud de la población.
Las consecuencias sobre la soberanía alimentaria del país y sus habitantes son además evidentes: “tierras que antes producían alimentos han sido transformadas en grandes monocultivos de palma y la población local pasa a depender de los mercados foráneos, que además de impactar en el costo de los alimentos impone cambios en el tipo de alimentación”.
Los desplazamientos de población generados se ven agravados por el impulso dado por el Estado a las llamadas “Zonas Especiales de Desarrollo”, fundamentalmente en el Pacífico y en el territorio garífuna, que pretenden ser presentadas como “ciudades modelo” pero que son de hecho formas de privatización de los espacios urbanos.
“Esta realidad socio ambiental se agudiza cuando se sobreponen otros intereses y actividades de alto impacto, como la explotación de minerales metálicos y operaciones para la exploración petrolera”, dice la declaración.
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