Por Verdad Digital | Agencias
La presidenta chilena Michelle Bachelet, hizo el jueves un enérgico llamado para que civiles y militares entreguen la información que tengan sobre los desaparecidos durante la dictadura, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.
"Han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron su vida y los propios victimarios y sus cómplices, son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados", dijo Bachelet.
Añadió que "es el momento de hermanarnos en la verdad, y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen".
El acto oficial con el que se conmemoró el nuevo aniversario de la sublevación militar liderada por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, se desarrolló en uno de los patios del palacio de gobierno y asistieron políticos, agrupaciones de derechos humanos y familiares de Allende y de colaboradores que murieron con él en la sede del Ejecutivo.
El régimen militar (1973-1990) dejó poco más de 40.000 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos. A casi un cuarto de siglo del retorno de la democracia, aún falta encontrar los restos de un millar de desaparecidos, cuyo paradero se desconoce.
Bachelet dijo en su discurso que "en Chile no hay y no puede haber espacio para la violencia ni para el miedo ni el temor", en abierta alusión al atentado y a las amenazas de bombas, que se han extendido a provincias del interior.
El 41 aniversario del golpe de Estado sorprende a los chilenos con un agrio debate sobre un presunto pacto de silencio, que ha dejado en la impunidad miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que padecieron comunistas y dirigentes de izquierda, durante los años de la dictadura.
El Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha dicho que durante años un grupo grande de militares se ha cuidado de involucrar a otros oficiales en estos delitos de lesa humanidad. "Sí, eso significa pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos", dijo.
Familiares de víctimas afirman que este pacto ha impedido adelantar un verdadero proceso de justicia, que permita a Chile conocer la verdad de lo sucedido en esos años y a que ponga tras las rejas a un número indeterminado de victimarios que han muerto sin pagar por sus crímenes, en una especie de "impunidad biológica", que se extiende a testigos de los crímenes, quienes también han empezado a fallecer.
La justicia chilena, impulsada por familiares de las víctimas, mantiene abiertos 1.090 procesos por crímenes de lesa humanidad, a cargo de 32 jueces especiales desde el año 2000. Se espera que una decena de ellos sean fallados pronto.
Como coordinador de ese grupo, el magistrado Muñoz ha venido trabajando con el gobierno para obtener información de las Fuerzas Armadas sobre acusaciones concretas, pero dice que se ha topado con "acciones formales para evitar respuestas formales. Hay una deficiente cooperación de las instituciones", dijo.
Añadió que "es el momento de hermanarnos en la verdad, y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen".
El acto oficial con el que se conmemoró el nuevo aniversario de la sublevación militar liderada por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, se desarrolló en uno de los patios del palacio de gobierno y asistieron políticos, agrupaciones de derechos humanos y familiares de Allende y de colaboradores que murieron con él en la sede del Ejecutivo.
El régimen militar (1973-1990) dejó poco más de 40.000 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos. A casi un cuarto de siglo del retorno de la democracia, aún falta encontrar los restos de un millar de desaparecidos, cuyo paradero se desconoce.
Bachelet dijo en su discurso que "en Chile no hay y no puede haber espacio para la violencia ni para el miedo ni el temor", en abierta alusión al atentado y a las amenazas de bombas, que se han extendido a provincias del interior.
El 41 aniversario del golpe de Estado sorprende a los chilenos con un agrio debate sobre un presunto pacto de silencio, que ha dejado en la impunidad miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que padecieron comunistas y dirigentes de izquierda, durante los años de la dictadura.
El Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha dicho que durante años un grupo grande de militares se ha cuidado de involucrar a otros oficiales en estos delitos de lesa humanidad. "Sí, eso significa pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos", dijo.
Familiares de víctimas afirman que este pacto ha impedido adelantar un verdadero proceso de justicia, que permita a Chile conocer la verdad de lo sucedido en esos años y a que ponga tras las rejas a un número indeterminado de victimarios que han muerto sin pagar por sus crímenes, en una especie de "impunidad biológica", que se extiende a testigos de los crímenes, quienes también han empezado a fallecer.
La justicia chilena, impulsada por familiares de las víctimas, mantiene abiertos 1.090 procesos por crímenes de lesa humanidad, a cargo de 32 jueces especiales desde el año 2000. Se espera que una decena de ellos sean fallados pronto.
Como coordinador de ese grupo, el magistrado Muñoz ha venido trabajando con el gobierno para obtener información de las Fuerzas Armadas sobre acusaciones concretas, pero dice que se ha topado con "acciones formales para evitar respuestas formales. Hay una deficiente cooperación de las instituciones", dijo.
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