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Por Gerardo Arbaiza | ContraPunto
El presidente Salvador Sánchez Cerén respaldó los cuestionamientos que su gabinete de seguridad efectuó a la decisión del juez Primero de Instrucción de decretar arresto domiciliar para el ex presidente Francisco Flores, a quien se le sigue un proceso judicial por delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
Flores sorprendió a las autoridades y a la opinión pública al acudir por su cuenta al juzgado que ventila su caso, lo que a consideración del juez responsable, Levis Italmir Orellana, es motivo suficiente para demostrar que no se fugará durante el proceso y no requerirá ser trasladado a una bartolina.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que el juez que decretó el arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores, acusado de varios delitos de corrupción, sabrá dar las explicaciones al país sobre su decisión de no enviarlo a una cárcel mientras se realiza el proceso.
“Cómo es posible que un juez teniendo toda la información toma esta decisión”, dijo el mandatario, quien remarcó que “la Asamblea Legislativa hizo investigaciones y se vio y se comprobó que hubo malversación de fondos”.
No obstante enfatizó que “por primera vez un ex mandatario es juzgado por la justicia, yo creo que esa es la búsqueda de igualdad, todos debemos ser tratados de la misma forma, la justicia debe ser pareja para todos”.
Las declaraciones fueron vertidas durante la grabación de su programa “Gobernando con la gente” en la colonia Centroamérica de esta capital. En el programa estuvo presente el ministro de Seguridad Benito Lara, quien durante su tiempo como diputado integró la comisión legislativa que indagó los donativos que el gobierno de Taiwán envió durante el mandato de Flores (1999-2004).
Lara expresó el viernes su desagrado por la decisión del juez Orellana y reconoció las fallas mostradas por la Policía Nacional Civil (PNC) en no dar con su paradero. El ministro aprovechó el espacio televisivo para pedir que se juzgue a Flores por todos los montos no aclarados que descubrió la comisión legislativa, los cuales ascienden a más de 75 millones de dólares.
A finales de 2013, el entonces presidente Mauricio Funes reveló un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que daba cuenta del movimiento de unos cheques a nombre de Francisco Flores que procedió del gobierno de Taiwán. Los cheques totalizaban un monto de 10 millones de dólares, lo que dieron la pauta para la investigación en la comisión legislativa.
La entrega al juzgado de Flores y su actual condición de arraigado en su residencia de la colonia San Benito, fue aprovechada por su partido ARENA a desligarse de las acusaciones contra el ex gobernante y deslindar toda la responsabilidad del caso en la cúpula que dirigió el partido entre 2002 y 2003.
Así lo estableció el presidente del COENA, Jorge Velado, durante un acto en el que se modificaron los estatutos del partido de derecha para acoplarlos a la nueva Ley de Partidos Políticos.
Varios militantes de ARENA, entre ellos fundadores constituyentes como Gloria Salguero Gross, pidieron la expulsión de Flores, asunto que no avanza en el Tribunal de Ética del partido.
El ex presidente Armando Calderón Sol consideró como positivo que Flores acudiera voluntariamente a presentarse al juzgado correspondiente, ya que deja la posibilidad a que la institucionalidad opere.
Por otra parte estableció que “el partido no debe ser tapadera de nadie” y criticó el “fracaso" de la PNC al no dar con su paradero.
“El partido no puede responder por los actos de sus miembros. Es como que un pastor o un sacerdote hagan una pillada y se haga responsable a la Iglesia”, sostuvo Calderón Sol.
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