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| Comunitariapress |
El día sábado 20 de septiembre, después de dos días de plantones pacíficos en más de 50 puntos del país el 17 y 18 -que apenas habían sido mencionados en los medios masivos de comunicación-, las redes sociales, diarios nacionales y cadenas radiales empezaron a dar noticias sobre unos muertos en el municipio de San Juan Sacatepéquez. En medio de datos confusos, el número iba aumentando conforme pasaba el tiempo: empezaron hablando de dos comunitarios fallecidos por arma de fuego y el recuento terminó con ocho decesos ocurridos en la aldea Los Pajoques, en el área occidental de San Juan Sacatepéquez colindante con el municipio de Santo Domingo Xenacoj del departamento de Chimaltenango.
Uno de los discursos dominantes usados para desviar las acciones empresariales de imposición y violencia, es el de que son conflictos entre las personas de las comunidades. En este caso las noticias hablaban de un enfrentamiento entre opositores y partidarios a la instalación de la planta cementera por parte de Cementos Progreso. A partir de ahí, algunas hablan de un pleito de cantina, otras de una expulsión planificada, pero el caso es que se destaca que la mayoría de los muertos y la casa incendiada en que murieron, eran gente que sí apoyaba la presencia de Cementos Progreso en el municipio. Con ello, la oposición a esta empresa quedaba automáticamente asociada al asesinato de estas gentes.
Sin embargo, existen razones y antecedentes que nos hacen pensar que no estamos ante una explosión de violencia comunitaria del tipo de linchamiento –como se deja entrever en estas noticias-, sino ante un acto totalmente esperable e incluso provocado por una forma de intervenir en la vida de las comunidades que promueve la división y el enfrentamiento entre vecinos. Y que, además, detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer.
Viernes 19 de septiembre: la secuencia de las muertes
Por lo que cuentan las autoridades comunitarias representadas por los Alcaldes Auxiliares de Los Pajoques, a eso de las 21:45 horas del 19 de septiembre, un grupo armado de unas 20 personas identificadas por la comunidad como trabajadores y promotores de Cementos Progreso empezaron a disparar al aire. Cuando cinco personas delegadas por las autoridades de la comunidad se acercaron a ver qué pasaba, comenzaron a disparar contra ellos. Tres fueron heridos y uno murió en el acto, Juan José Pajoc Chajaj.[1]
Ante los disparos, la gente de la comunidad reaccionó: fueron agrupándose en auxilio de los jóvenes heridos y luego intentaron detener a los agresores, quienes se escondieron en la vivienda de uno de ellos. Varios huyeron, pero otros no pudieron por los vecinos que llegaron hasta la casa. Mientras, las autoridades comunitarias auxiliaban a los heridos y otros iban a buscar a la policía para que intervinieran inmediatamente, deteniendo a los culpables de la muerte y lesiones; y para evitar males mayores. Los trabajadores de la cementera que se habían atrincherado empezaron hacer fuego desde la vivienda, enardeciendo los ánimos de los que estaban fuera. Fueron heridos más comunitarios y otro joven fue muerto por las balas que provenían desde adentro de la casa. Las autoridades comunitarias intentaron de nuevo que se hiciera presente la fuerza pública, y trataron de contener a los vecinos, cada vez más furiosos por la impunidad con la actuaban los rodeados.
Como plantea el comunicado emitido por las 12 Comunidades, a lo largo de todos estos hechos la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepequez se negó repetidamente a acudir al lugar.[2] Pasaron las horas y la PNC se siguió negando a llegar hasta la comunidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades comunitarias, la situación que prevenían las autoridades comunitarias y por las que hicieron llamados de auxilio ocurrió, y ocurrieron hechos que no quedan claros en donde murieron cinco personas más, entre ellas aparentemente varios del grupo armado responsable del asesinato de los dos comunitarios.
Este breve resumen de tres párrafos no hace justicia ninguna a las horas de zozobra y angustia que se vivieron el viernes en Los Pajoques, en las que varias familias acabaron perdiendo a alguno de sus miembros. Pero sí quiere evidenciar el uso de las fuentes directas, -quienes estuvieron allá-, a la hora de redactar algunos de los hechos que no quedan claros, y con ello mostrar que las cosas no fueron sencillas ni ocurrieron de repente, como parece ser cada vez que en la prensa aparece un acto de violencia en una comunidad que tiene problemas con alguna empresa.
La muerte y la cementera en San Juan Sacatepéquez
Desafortunadamente, éste no es un hecho nuevo en las comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez. Cuando en el año 2005 Cementos Progreso empezó a planificar y ejecutar la instalación de una planta cementera en la finca San Gabriel en las Trojes, se acabó la paz para las comunidades que la rodean. En forma mayoritaria empezaron a cuestionar unos trabajos de los que no les habían avisado y que suponían la destrucción de los cerros, los principales nacimientos de agua y los cultivos de los que vivían y en los que vivían.
Muchas cosas han ocurrido en estos casi 10 años que acá no se pueden relatar. La movilización de las 12 Comunidades Kaqchikeles en forma legal y pacífica fue respondida desde el Estado de Guatemala usando todos los medios de la represión y la criminalización: detención de líderes de forma ilegal y poco clara, invasión policial y cargas contra vecinos, asalto a viviendas; un Estado de excepción en 2011 por 15 días que estuvo acompañado de violencia sexual contra las mujeres y, impunidad, arbitrariedad y prepotencia. Más tarde se dio la instalación de una Brigada Militar en un territorio que no tiene problemas de narcotráfico ni crimen organizado. Acusaciones infundadas y reportajes difamatorios. Y hasta este momento, más de 8O personas han enfrentado procesos judiciales, de los que cinco están injustamente en la cárcel uno de ellos condenado a 150 años de prisión, por el solo delito de oponerse pacíficamente a la empresa Cementos Progreso.[3]
Es decir, hablamos de una persecución llevada cabo con una saña que sólo se explica por la importancia de los intereses –intereses económicos e intereses políticos, que van de la mano-; que aumentó, como en todo el país, con la llegada de Otto Pérez a la presidencia de la República.[4] Y se hizo más fuerte desde el año pasado, cuando comenzó la apertura del llamado “Anillo Regional”, cuya única parte planificada es la que permite la comunicación de la planta cementera con las carreteras del Occidente y al Atlántico.[5] Esta nueva obra supuso otra ola de intimidaciones, presiones y represión que se centró más en las comunidades cercanas al proyecto, como la de Los Pajoques y luego Ocaña.[6]
Esta política no se ha dado sólo en San Juan Sacatepéquez, forma parte de la forma en que en toda América Latina se está implantando un modelo de desarrollo asociado a esta fase del capitalismo global que el geógrafo norteamericano David Harvey ha denominado con el término, ahora común de “acumulación por desposesión”; y que en nuestro continente, tiene su máxima expresión en las llamadas “actividades extractivas”.[7]
En la Guatemala posterior a la finalización del conflicto armado, las actividades extractivas se han convertido en la fórmula oficial para “llegar al desarrollo”, y la oposición encontrada en cada vez mayor número de comunidades, ha sido respondida con formas represivas como las que hemos descrito para San Juan. La intimidación, el terror, la muerte, el uso de las fuerzas de orden público y del Ejército, que fueron las formas represivas durante el conflicto armado,[8] han vuelto a ser utilizadas combinadas con estrategias actuales de criminalización -por la vía jurídica y la prensa sobre todo- para tratar el disenso político como un problema de seguridad nacional. [9]
De esta manera, nombres de lugares como el Polochic, Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, Los Cimientos, Cotzal, Cunén, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Camotán, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Livingston, San Josè del Golfo, San Pedro Ayampuc y La Puya, Semochoc, Chisec, Monte Olivo y tantos otros, están asociados a esas apariciones en prensa de momentos de “disturbios”, muertes que tienen detrás toda un historia de oposición y movilización, de represión abierta y resistencia callada. San Juan es un más, pero uno que le ha tocado sufrir muy duramente la firmeza de su postura pacífica y digna.
La división comunitaria como estrategia perversa
Dentro de estas tácticas de desmovilización y represión que usan las empresas en todas partes, apoyadas por los poderes del Estado, lo que ha ocurrido en Los Pajoques tiene que ver con una de ellas muy específica, que es la de intervenir en la vida comunitaria para obtener apoyos y debilitar la oposición. Estos hechos tienen efectos tan nocivos, que la mayoría de las comunidades que se oponen a la presencia de empresas extractivas, siempre mencionan “la división de la comunidad” como una de las primeras razones para que estas abandonen el lugar.[10]
Una forma de esta intervención está en lo que el antropólogo mexicano Claudio Garibay ha llamado la “captura comunitaria”, que consiste en logar que las autoridades de las comunidades actúen en favor de los intereses de la empresa.[11] En San Juan eso quedó muy claro desde que el Alcalde se negó apoyar la consulta comunitaria en 2006; y más concretamente cuando en el Estado de Prevención de 2008 impuso en la aldea Las Trojes un COCODE formado por trabajadores de la Cementera, que se mantuvo ilegalmente durante cinco años (por ley deben cambiar cada dos años) a base de no convocar a la asamblea comunitaria.[12]
Pero esta intervención tiene una parte más efectiva que es la búsqueda de apoyo entre parte de la población a la que habitualmente se da trabajo y se beneficia económicamente, para que se oponga a los opositores. Con ello se consigue romper con la solidaridad comunitaria, y que los problemas provocados por la presencia de un agente externo se conviertan en conflictos internos. En todas las comunidades movilizadas de San Juan (y en muchos otros lugares), la empresa ha contratado gente, y eso podría no ser problema si no se usara para provocar enfrentamientos internos, como cuando en La Trojes el antiguo COCODE solicitó la apertura de un pozo que según la población no era necesario, y lo empezaron a hacer trabajadores con playeras de la cementera en una actitud provocativa.[13]
Pero se puede ir más allá, y hacer de esta división comunitaria un motivo de enfrentamiento interno que llegue a la muerte, como acabamos de ver en Los Pajoques, a través de grupos armados promovidos por las empresas y permitidos por los poderes públicos. En San Juan saben de esto, pues ya desde el año 2007 se denunció la existencia de grupos paramilitares como “El Escuadron”, que amedrentaban a la población y provocaron la muerte de 18 personas entre 2007 y 2008 en el municipio. También Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita el hombre que mató a los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas de la comunidad Monte Olivo en Alta Verapaz, era de la comunidad vecina; y quienes amenazan a los que resisten en La Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala, también son vecinos de la localidad.[14]
De nuevo no estamos ante algo esporádico ni “espontáneo”, sino que tiene una historia y un propósito. Existen indicios para pensar en una estrategia planificada y ejecutada, que tiene su antecedente más directo en las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, como forma de lograr que el genocidio y la contrainsurgencia fuera “un asunto entre indios”[15]. De la misma manera, en todo lo que ha pasado en Los Pajoques la empresa Cementos Progreso no aparece más que como una referencia indirecta, como si su presencia en la comunidad no tuviera nada que ver con la existencia de un grupo de vecinos que se comporta como paramilitares,; ni con el hecho de que lleven más de cinco años actuando con total impunidad.
Así, los hechos de este fin de semana en esta comunidad kaqchikel nos muestran una de las caras más deshumanizadas y perversa de las estrategias del capital y el “desarrollo”, la de la muerte entre hermanos como forma de lograr aumentar los beneficios de las empresas.
Siguiendo el guión de la muerte y el terror: Estado de prevención
Pero no queda ahí la cosa. De nuevo, los antecedentes y los hechos ocurridos en Los Pajoques desde el día 19 de septiembre nos hacen pensar que no estamos ante un hecho aislado ni espontáneo. La rápida declaratoria del Estado de Prevención, con la consiguiente lista de órdenes de captura, se parece demasiado a lo ocurrido en Barillas en mayo del 2012, o en el mismo San Juan en 2008. En todos ellos, un episodio de muerte fue seguido de la suspensión de garantías constitucionales y la persecución de los líderes y lideresas de la movilización local.[16]
La repetición casi exacta del guión nos hace pensar si estamos ante una estrategia planificada, precisamente para llegar a este punto ¿No será la muerte de ocho sanjuaneros nada más que parte de un guión de muerte y represión que busca anular la oposición por encima de cualquier precio?
El día 20 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció la llegada de 600 policías y que “han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”.[17] Así, las fuerzas de orden público que fueron solicitadas repetidamente y nunca llegaron cuando podrían haber salvado vidas humanas, son enviadas ahora de forma masiva para “cumplir con 36 órdenes de captura”.[18] Como dice el comunicado de la Convergencia de Derechos Humanos: “la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito”[19]
Y así fue. Desgraciadamente, ya conocemos el guión y la historia se repitió: la declaración del Estado de Excepción, la llegada -una verdadera invasión- de las fueras policiales y militares a las aldeas de Cruz Ayapán, Pajoques, Pilar I y II, Santa Fe Ocaña y los Guamuches;[20] los primeros anuncios de detenciones de más líderes o lideresas que ingresan a prisión [21] sin mayor delito que oponerse al paso de politicas que atentan contra su vida; la impunidad y arbitrariedades, de violencia sin sentido. Y dentro de todo ello, los ocho muertos, y los paramilitares que provocaron los hechos, quedarán en el olvido. Y sabremos muy poco del miedo, la zozobra, la violencia y la impunidad que se instalarán una vez más, de forma legal en una comunidad guatemalteca.
Todo esto evidencia lo que tantas veces repetimos, casi de forma cansina: el papel del Estado guatemalteco respaldando las acciones de impunidad que generan las empresas para garantizar sus intereses económicos en territorios de pueblos indígenas. Funcionarios estatales bloquearon cualquier posibilidad de encontrar una salida a las demandas que las 12 comunidades durante años y de manera insistente han demandado al Estado. El Sistema Nacional de Dialogo Permanente que coloca a las comunidades en un infructuoso dialogo, las fuerzas de seguridad que se negaron a auxiliar a la población de Los Pajoques y detener a los asesinos de los comunitarios. Y finalmente, la única solución que son capaces de encontrar es regresar a las lógicas militares que provocaron tantas muertes en nuestro país.
Los voceros de la muerte, zopilotes de papel
Y en todo este desarrollo, no puede dejar de mencionarse el triste papel desempeñado por los medios corporativos de comunicación y quienes trabajan para ellos. Les sugiero que si pueden, de un repaso a los titulares de esos días.
Los hechos fueron narrados como si hubieran empezado en un pleito de cantina,[22] una forma de banalizar y hacer que desapareciera toda la historia previa de tensión y amedrentamiento, de nuevo poniéndolo a nivel de disputas locales y, además dejando ver un halo de salvajismo y barbarie entre los kaqchikeles de San Juan.
Pero el grado máximo de perversidad, que ralló en el delito de calumnia, fueron las declaraciones del Viceministro de Gobernación que acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[23] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos de estos casos: “Querían explulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”. [24] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad
Siguiendo los intereses de los propietarios, sus socios y familiares, los reporteros una vez más se han dedicado a tergiversar los hechos para hacerlos aparecer según lo marcaba el guión de la Cementera y del Ministro del Interior. De forma absolutamente acrítica, por encima de las nociones básicas del oficio de periodista, la mayoría de los reporteros hacen propia esta versión, criminalizando la movilización pacífica y a sus principales representantes en las 12 Comunidades de San Juan Sacatepequez, sin que sepamos nada –literalmente nada- de esas personas armadas que con sus disparos que provocaron todo; y muy poco de los antecedentes de la violencia en la comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales hacen eco de esta misma estrategia.[25]
¿Qué hacemos con tantos muertos?
Al terminar de escribir esta crónica que de forma poco imaginativa pero realista podría haber titulado “Crónica de un muerte anunciada”, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en estos días, en la detención de Norma Sancir, en los muertos en Secomoch, en la detención de los líderes de CODECA, en la prisión injusta y la caricatura de juicio de Rogelio Velásquez y Saul Méndez de Barillas; y en todos los muertos que nos van acompañando estos años.
Y no puedo dejar de pensar que la segunda mitad de siglo pasado en estuvo marcada por el enfrentamiento y la muerte, lo que llevó a esta sociedad al borde del caos. Y costó un enorme esfuerzo buscar superar esas formas de hacer política y entender la acción social. Hoy, casi 20 años después, la muerte vuelve a ser parte de nuestra cotidianeidad. [26] No sólo en esa forma diversa, dispersa y continua a la que nos ha llevada la deriva de esta sociedad fragmentada, precaria y sin que no da posibilidades de futuro. Dentro de ello, el Estado -los gobiernos, la policía, los jueces y fiscales, el Ministerio Público, y todo ese aparato que debería dedicarse a proteger la vida y el bienestar de los guatemaltecos-, son responsables directos e indirectos de una buena parte de esas muertes. Las comunidades que creyeron la promesa de la democracia y la paz, ven que sus demandas por una vida mejor y con dignidad, les convierten en objetivos de la muerte.
Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras del experimentado y lúcido fotorreportero Carlos Sebastián ante los cadáveres de Lo Pajoques: “Cuántas muertes más por la conflictividad”?[27] ¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?
¿Para qué escribir ante estos hechos? La desolación se une a la rabia –ésa ya está anclada, inserta hasta los huesos- cuando uno piensa en la cantidad de textos como éste que se han escrito en los últimos años –columnas de opinión, manifiestos, comunicados, carta abiertas-, y cómo la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, nosotros, somos capaces de seguir permitiendo que los cadáveres se acumulen en nuestras conciencias y en la historia de este país. [28]
Notas
Sin embargo, existen razones y antecedentes que nos hacen pensar que no estamos ante una explosión de violencia comunitaria del tipo de linchamiento –como se deja entrever en estas noticias-, sino ante un acto totalmente esperable e incluso provocado por una forma de intervenir en la vida de las comunidades que promueve la división y el enfrentamiento entre vecinos. Y que, además, detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer.
Viernes 19 de septiembre: la secuencia de las muertes
Por lo que cuentan las autoridades comunitarias representadas por los Alcaldes Auxiliares de Los Pajoques, a eso de las 21:45 horas del 19 de septiembre, un grupo armado de unas 20 personas identificadas por la comunidad como trabajadores y promotores de Cementos Progreso empezaron a disparar al aire. Cuando cinco personas delegadas por las autoridades de la comunidad se acercaron a ver qué pasaba, comenzaron a disparar contra ellos. Tres fueron heridos y uno murió en el acto, Juan José Pajoc Chajaj.[1]
Ante los disparos, la gente de la comunidad reaccionó: fueron agrupándose en auxilio de los jóvenes heridos y luego intentaron detener a los agresores, quienes se escondieron en la vivienda de uno de ellos. Varios huyeron, pero otros no pudieron por los vecinos que llegaron hasta la casa. Mientras, las autoridades comunitarias auxiliaban a los heridos y otros iban a buscar a la policía para que intervinieran inmediatamente, deteniendo a los culpables de la muerte y lesiones; y para evitar males mayores. Los trabajadores de la cementera que se habían atrincherado empezaron hacer fuego desde la vivienda, enardeciendo los ánimos de los que estaban fuera. Fueron heridos más comunitarios y otro joven fue muerto por las balas que provenían desde adentro de la casa. Las autoridades comunitarias intentaron de nuevo que se hiciera presente la fuerza pública, y trataron de contener a los vecinos, cada vez más furiosos por la impunidad con la actuaban los rodeados.
Como plantea el comunicado emitido por las 12 Comunidades, a lo largo de todos estos hechos la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepequez se negó repetidamente a acudir al lugar.[2] Pasaron las horas y la PNC se siguió negando a llegar hasta la comunidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades comunitarias, la situación que prevenían las autoridades comunitarias y por las que hicieron llamados de auxilio ocurrió, y ocurrieron hechos que no quedan claros en donde murieron cinco personas más, entre ellas aparentemente varios del grupo armado responsable del asesinato de los dos comunitarios.
Este breve resumen de tres párrafos no hace justicia ninguna a las horas de zozobra y angustia que se vivieron el viernes en Los Pajoques, en las que varias familias acabaron perdiendo a alguno de sus miembros. Pero sí quiere evidenciar el uso de las fuentes directas, -quienes estuvieron allá-, a la hora de redactar algunos de los hechos que no quedan claros, y con ello mostrar que las cosas no fueron sencillas ni ocurrieron de repente, como parece ser cada vez que en la prensa aparece un acto de violencia en una comunidad que tiene problemas con alguna empresa.
La muerte y la cementera en San Juan Sacatepéquez
Desafortunadamente, éste no es un hecho nuevo en las comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez. Cuando en el año 2005 Cementos Progreso empezó a planificar y ejecutar la instalación de una planta cementera en la finca San Gabriel en las Trojes, se acabó la paz para las comunidades que la rodean. En forma mayoritaria empezaron a cuestionar unos trabajos de los que no les habían avisado y que suponían la destrucción de los cerros, los principales nacimientos de agua y los cultivos de los que vivían y en los que vivían.
Muchas cosas han ocurrido en estos casi 10 años que acá no se pueden relatar. La movilización de las 12 Comunidades Kaqchikeles en forma legal y pacífica fue respondida desde el Estado de Guatemala usando todos los medios de la represión y la criminalización: detención de líderes de forma ilegal y poco clara, invasión policial y cargas contra vecinos, asalto a viviendas; un Estado de excepción en 2011 por 15 días que estuvo acompañado de violencia sexual contra las mujeres y, impunidad, arbitrariedad y prepotencia. Más tarde se dio la instalación de una Brigada Militar en un territorio que no tiene problemas de narcotráfico ni crimen organizado. Acusaciones infundadas y reportajes difamatorios. Y hasta este momento, más de 8O personas han enfrentado procesos judiciales, de los que cinco están injustamente en la cárcel uno de ellos condenado a 150 años de prisión, por el solo delito de oponerse pacíficamente a la empresa Cementos Progreso.[3]
Es decir, hablamos de una persecución llevada cabo con una saña que sólo se explica por la importancia de los intereses –intereses económicos e intereses políticos, que van de la mano-; que aumentó, como en todo el país, con la llegada de Otto Pérez a la presidencia de la República.[4] Y se hizo más fuerte desde el año pasado, cuando comenzó la apertura del llamado “Anillo Regional”, cuya única parte planificada es la que permite la comunicación de la planta cementera con las carreteras del Occidente y al Atlántico.[5] Esta nueva obra supuso otra ola de intimidaciones, presiones y represión que se centró más en las comunidades cercanas al proyecto, como la de Los Pajoques y luego Ocaña.[6]
Esta política no se ha dado sólo en San Juan Sacatepéquez, forma parte de la forma en que en toda América Latina se está implantando un modelo de desarrollo asociado a esta fase del capitalismo global que el geógrafo norteamericano David Harvey ha denominado con el término, ahora común de “acumulación por desposesión”; y que en nuestro continente, tiene su máxima expresión en las llamadas “actividades extractivas”.[7]
En la Guatemala posterior a la finalización del conflicto armado, las actividades extractivas se han convertido en la fórmula oficial para “llegar al desarrollo”, y la oposición encontrada en cada vez mayor número de comunidades, ha sido respondida con formas represivas como las que hemos descrito para San Juan. La intimidación, el terror, la muerte, el uso de las fuerzas de orden público y del Ejército, que fueron las formas represivas durante el conflicto armado,[8] han vuelto a ser utilizadas combinadas con estrategias actuales de criminalización -por la vía jurídica y la prensa sobre todo- para tratar el disenso político como un problema de seguridad nacional. [9]
De esta manera, nombres de lugares como el Polochic, Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, Los Cimientos, Cotzal, Cunén, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Camotán, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Livingston, San Josè del Golfo, San Pedro Ayampuc y La Puya, Semochoc, Chisec, Monte Olivo y tantos otros, están asociados a esas apariciones en prensa de momentos de “disturbios”, muertes que tienen detrás toda un historia de oposición y movilización, de represión abierta y resistencia callada. San Juan es un más, pero uno que le ha tocado sufrir muy duramente la firmeza de su postura pacífica y digna.
La división comunitaria como estrategia perversa
Dentro de estas tácticas de desmovilización y represión que usan las empresas en todas partes, apoyadas por los poderes del Estado, lo que ha ocurrido en Los Pajoques tiene que ver con una de ellas muy específica, que es la de intervenir en la vida comunitaria para obtener apoyos y debilitar la oposición. Estos hechos tienen efectos tan nocivos, que la mayoría de las comunidades que se oponen a la presencia de empresas extractivas, siempre mencionan “la división de la comunidad” como una de las primeras razones para que estas abandonen el lugar.[10]
Una forma de esta intervención está en lo que el antropólogo mexicano Claudio Garibay ha llamado la “captura comunitaria”, que consiste en logar que las autoridades de las comunidades actúen en favor de los intereses de la empresa.[11] En San Juan eso quedó muy claro desde que el Alcalde se negó apoyar la consulta comunitaria en 2006; y más concretamente cuando en el Estado de Prevención de 2008 impuso en la aldea Las Trojes un COCODE formado por trabajadores de la Cementera, que se mantuvo ilegalmente durante cinco años (por ley deben cambiar cada dos años) a base de no convocar a la asamblea comunitaria.[12]
Pero esta intervención tiene una parte más efectiva que es la búsqueda de apoyo entre parte de la población a la que habitualmente se da trabajo y se beneficia económicamente, para que se oponga a los opositores. Con ello se consigue romper con la solidaridad comunitaria, y que los problemas provocados por la presencia de un agente externo se conviertan en conflictos internos. En todas las comunidades movilizadas de San Juan (y en muchos otros lugares), la empresa ha contratado gente, y eso podría no ser problema si no se usara para provocar enfrentamientos internos, como cuando en La Trojes el antiguo COCODE solicitó la apertura de un pozo que según la población no era necesario, y lo empezaron a hacer trabajadores con playeras de la cementera en una actitud provocativa.[13]
Pero se puede ir más allá, y hacer de esta división comunitaria un motivo de enfrentamiento interno que llegue a la muerte, como acabamos de ver en Los Pajoques, a través de grupos armados promovidos por las empresas y permitidos por los poderes públicos. En San Juan saben de esto, pues ya desde el año 2007 se denunció la existencia de grupos paramilitares como “El Escuadron”, que amedrentaban a la población y provocaron la muerte de 18 personas entre 2007 y 2008 en el municipio. También Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita el hombre que mató a los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas de la comunidad Monte Olivo en Alta Verapaz, era de la comunidad vecina; y quienes amenazan a los que resisten en La Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala, también son vecinos de la localidad.[14]
De nuevo no estamos ante algo esporádico ni “espontáneo”, sino que tiene una historia y un propósito. Existen indicios para pensar en una estrategia planificada y ejecutada, que tiene su antecedente más directo en las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, como forma de lograr que el genocidio y la contrainsurgencia fuera “un asunto entre indios”[15]. De la misma manera, en todo lo que ha pasado en Los Pajoques la empresa Cementos Progreso no aparece más que como una referencia indirecta, como si su presencia en la comunidad no tuviera nada que ver con la existencia de un grupo de vecinos que se comporta como paramilitares,; ni con el hecho de que lleven más de cinco años actuando con total impunidad.
Así, los hechos de este fin de semana en esta comunidad kaqchikel nos muestran una de las caras más deshumanizadas y perversa de las estrategias del capital y el “desarrollo”, la de la muerte entre hermanos como forma de lograr aumentar los beneficios de las empresas.
Siguiendo el guión de la muerte y el terror: Estado de prevención
Pero no queda ahí la cosa. De nuevo, los antecedentes y los hechos ocurridos en Los Pajoques desde el día 19 de septiembre nos hacen pensar que no estamos ante un hecho aislado ni espontáneo. La rápida declaratoria del Estado de Prevención, con la consiguiente lista de órdenes de captura, se parece demasiado a lo ocurrido en Barillas en mayo del 2012, o en el mismo San Juan en 2008. En todos ellos, un episodio de muerte fue seguido de la suspensión de garantías constitucionales y la persecución de los líderes y lideresas de la movilización local.[16]
La repetición casi exacta del guión nos hace pensar si estamos ante una estrategia planificada, precisamente para llegar a este punto ¿No será la muerte de ocho sanjuaneros nada más que parte de un guión de muerte y represión que busca anular la oposición por encima de cualquier precio?
El día 20 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció la llegada de 600 policías y que “han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”.[17] Así, las fuerzas de orden público que fueron solicitadas repetidamente y nunca llegaron cuando podrían haber salvado vidas humanas, son enviadas ahora de forma masiva para “cumplir con 36 órdenes de captura”.[18] Como dice el comunicado de la Convergencia de Derechos Humanos: “la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito”[19]
Y así fue. Desgraciadamente, ya conocemos el guión y la historia se repitió: la declaración del Estado de Excepción, la llegada -una verdadera invasión- de las fueras policiales y militares a las aldeas de Cruz Ayapán, Pajoques, Pilar I y II, Santa Fe Ocaña y los Guamuches;[20] los primeros anuncios de detenciones de más líderes o lideresas que ingresan a prisión [21] sin mayor delito que oponerse al paso de politicas que atentan contra su vida; la impunidad y arbitrariedades, de violencia sin sentido. Y dentro de todo ello, los ocho muertos, y los paramilitares que provocaron los hechos, quedarán en el olvido. Y sabremos muy poco del miedo, la zozobra, la violencia y la impunidad que se instalarán una vez más, de forma legal en una comunidad guatemalteca.
Todo esto evidencia lo que tantas veces repetimos, casi de forma cansina: el papel del Estado guatemalteco respaldando las acciones de impunidad que generan las empresas para garantizar sus intereses económicos en territorios de pueblos indígenas. Funcionarios estatales bloquearon cualquier posibilidad de encontrar una salida a las demandas que las 12 comunidades durante años y de manera insistente han demandado al Estado. El Sistema Nacional de Dialogo Permanente que coloca a las comunidades en un infructuoso dialogo, las fuerzas de seguridad que se negaron a auxiliar a la población de Los Pajoques y detener a los asesinos de los comunitarios. Y finalmente, la única solución que son capaces de encontrar es regresar a las lógicas militares que provocaron tantas muertes en nuestro país.
Los voceros de la muerte, zopilotes de papel
Y en todo este desarrollo, no puede dejar de mencionarse el triste papel desempeñado por los medios corporativos de comunicación y quienes trabajan para ellos. Les sugiero que si pueden, de un repaso a los titulares de esos días.
Los hechos fueron narrados como si hubieran empezado en un pleito de cantina,[22] una forma de banalizar y hacer que desapareciera toda la historia previa de tensión y amedrentamiento, de nuevo poniéndolo a nivel de disputas locales y, además dejando ver un halo de salvajismo y barbarie entre los kaqchikeles de San Juan.
Pero el grado máximo de perversidad, que ralló en el delito de calumnia, fueron las declaraciones del Viceministro de Gobernación que acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[23] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos de estos casos: “Querían explulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”. [24] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad
Siguiendo los intereses de los propietarios, sus socios y familiares, los reporteros una vez más se han dedicado a tergiversar los hechos para hacerlos aparecer según lo marcaba el guión de la Cementera y del Ministro del Interior. De forma absolutamente acrítica, por encima de las nociones básicas del oficio de periodista, la mayoría de los reporteros hacen propia esta versión, criminalizando la movilización pacífica y a sus principales representantes en las 12 Comunidades de San Juan Sacatepequez, sin que sepamos nada –literalmente nada- de esas personas armadas que con sus disparos que provocaron todo; y muy poco de los antecedentes de la violencia en la comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales hacen eco de esta misma estrategia.[25]
¿Qué hacemos con tantos muertos?
Al terminar de escribir esta crónica que de forma poco imaginativa pero realista podría haber titulado “Crónica de un muerte anunciada”, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en estos días, en la detención de Norma Sancir, en los muertos en Secomoch, en la detención de los líderes de CODECA, en la prisión injusta y la caricatura de juicio de Rogelio Velásquez y Saul Méndez de Barillas; y en todos los muertos que nos van acompañando estos años.
Y no puedo dejar de pensar que la segunda mitad de siglo pasado en estuvo marcada por el enfrentamiento y la muerte, lo que llevó a esta sociedad al borde del caos. Y costó un enorme esfuerzo buscar superar esas formas de hacer política y entender la acción social. Hoy, casi 20 años después, la muerte vuelve a ser parte de nuestra cotidianeidad. [26] No sólo en esa forma diversa, dispersa y continua a la que nos ha llevada la deriva de esta sociedad fragmentada, precaria y sin que no da posibilidades de futuro. Dentro de ello, el Estado -los gobiernos, la policía, los jueces y fiscales, el Ministerio Público, y todo ese aparato que debería dedicarse a proteger la vida y el bienestar de los guatemaltecos-, son responsables directos e indirectos de una buena parte de esas muertes. Las comunidades que creyeron la promesa de la democracia y la paz, ven que sus demandas por una vida mejor y con dignidad, les convierten en objetivos de la muerte.
Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras del experimentado y lúcido fotorreportero Carlos Sebastián ante los cadáveres de Lo Pajoques: “Cuántas muertes más por la conflictividad”?[27] ¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?
¿Para qué escribir ante estos hechos? La desolación se une a la rabia –ésa ya está anclada, inserta hasta los huesos- cuando uno piensa en la cantidad de textos como éste que se han escrito en los últimos años –columnas de opinión, manifiestos, comunicados, carta abiertas-, y cómo la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, nosotros, somos capaces de seguir permitiendo que los cadáveres se acumulen en nuestras conciencias y en la historia de este país. [28]
Notas
[1] Ésta es la primera noticia que llegó por fb y alertó a los círculos sociales. Ver COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,0 en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/
[2] COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/
[3] Todo esto y mucho más de la lucha de San Juan Sacatepéquez Respecta a la lucha de San Juan ver la tesis de Mario Celada,) Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y su lucha contra la cementera, 2006-2010. Tesis de licenciatura. Guatemala, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. (2011), el libro Reivindicación política – doce comunidades Maya kaqchikeles en defensa del territorio. Guatemala, Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos, (2012) y el primer capítulo 2 de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014.
[4] http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/
[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/25/anillo-regional-aumenta-la-conflictividad-
en-san-juan-sacatepequez/; http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/
[6] Mariano Camey Car, de la Comunidad Santa Fe Ocaña, fue detenido hoy 6 de julio de 2013 a las 2 de la mañana, en el mercado de La Terminal, Zona 4, [6] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/07/07
/comunicado-de-las-doce-comunidades-kaqchikeles-ante-la-detencion-de-lideres-y-autoridades-comunitarias/
[7] Al respecto ver “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, Harvey, David, en Panitch, Leo y Layes Colin (Eds.), Socialista Register 2004. Buenos Aires, CLACSO. (2004) y “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación pro despojo, desafíos de Nuestra América”, José Seoane, Theomani, num 26, segundo semestre 2012.
[8] Ver Figueroa Ibarra, (XXX) el informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala, Informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. (1999)
[9] Ver Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol yRoxana Longo. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.
[10] Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014
[11] Ver “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual” Garibay, Claudio, en Delgado-Ramos, Gian (Coord.), Ecología Política de la minería en América Latina, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM. (2010)
[12] Ver Bastos y de León. Op cit . El año pasado lograron pro fin relizar una asamblea en que se eligió un COCODE abiertamente opuesto a la empresa.
[13] Ibid y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/
[14] Hay mas casos de agresión pública. En Las Trojes, vecinos que trajaban en la Cementera agredieron a un concejal y otros autoridades en diciembre de 2013 y al lider del CUC y acompañantes internacionales el 23 de enero 2014 https://comunitariapress.wordpress.com/2013/12/22/san-juan-sacatepequez-con-machetes-y-
palos-pretendian-impedir-asamblea/ y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/
[15] Ver CEH, op cit.
[16] Ver Bastos y de León, op cit
[17] “OCHO FALLECIDOS Conflicto en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, dejó ocho muertos y varios heridos, informó el ministro de Gobernación esta noche. A la aldea han llegado 600 policías, informó el ministro del Interior. López Bonilla señaló que han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”. La Hora / 20 de septiembre https://www.facebook.com/lahoraguatemala?fref=ts
[18] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques
[19] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/20/comunicado-detener-la-provocacion-y-el-terror/
[20] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/23/san-juan-sacatepequez-el-estado-de-prevencion-lo-que-viene-hacer-es-sembrar-terror-y-miedo/
[21] http://lahora.gt/actualizacion-efectuan-capturas-en-san-juan-sacatepequez/
[22] http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/estado_de_prevencion-san_juan_sacatepequez-masacre-pajoques_0_1216678349.html
[23] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques, https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flahora.gt%2Fsan-juan-sacatepequez-conflicto-con-saldo-mortal%2F
[24] http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2014%2F09%2F21&
pageno=1&view=document
[25] Esto ha sido repetidamente denunciado: http://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/25/san-juan-sacatepequez-el-uso-de-la-difamacion-y-la-mentira-para-criminalizar-las-luchas/
[26] Verr la reflexión de Miguel Angel Sandoval http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/24/atencion-ruta-peligrosa/
[27] http://nomada.gt/cuantas-muertes-mas-por-la-conflictividad-aca-las-ultimas-6-vidas/
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